Introducción conceptual y metodológica 

 

Uno de los temas de interés académico y político desarrollado en la fase del posneoliberalismo en el Ecuador y América Latina, es la definición del carácter histórico-político de la región, en un momento en que se delibera sobre el tema del desarrollo y la alternativa al desarrollo. En el marco de este debate se examina de un lado las características del “neodesarrollismo” -para describir al capitalismo productivista y tecnocrático ligado al viejo paradigma del progreso- en el contexto geopolítico actual; y de otro, posiciones criticas que demandan un desarrollo alternativo, que limite el extractivismo y, respete a la naturaleza, decantando con la concepción de progreso que ha caracterizado al capitalismo desde su temprano inicio. Como nos recuerda Bolívar Echeverría a propósito de los 200 años de la independencia, la fatalidad de América Latina consiste en la “imitación-copia” del productivismo capitalista que reprime el verdadero ser latinoamericano que busca transitar hacia formas nuevas de civilización (Echeverría, 2010: 2). 

En esta perspectiva, el pensamiento crítico en el Ecuador ha buscado explicar la novedad histórica a partir del análisis de los procesos de reestructuración de la forma de Estado, en correspondencia con el modelo de desarrollo y el régimen de acumulación que se ha implementado en el período del gobierno de Rafael Correa (2007-2012) y que tiene como punto de partida la disposición constitucional del Sumak Kawsay. 

Este artículo tiene por objetivos: (i) Caracterizar la forma de estado en construcción en el período señalado, y (ii) Describir algunas características del entramado institucional que constituye el régimen político en referencia a la forma de Estado y las clases en su lucha, las contiendas electorales, así como la acción de los movimientos sociales y las agrupaciones políticas. 

Una de las tradiciones convencionales más importantes, diríamos hegemónicas del pensamiento social y político en la actualidad, es el “neoinstitucionalismo”, que sostiene que las instituciones políticas deben ser analizadas como variables explicativas autónomas, dotadas de una lógica propia, y no como resultantes de las estructuras económicas y las fuerzas sociales en conflicto en torno a la lucha y la conservación del poder del Estado. 

Esta introducción no pretende dialogar ampliamente con los matices de esta corriente teórica, sino demarcar posición desde el pensamiento crítico (Echeverría, 1986: 42-43) que constituye la teoría explicativa de este trabajo. 

La mencionada corriente “neoinstitucionalista” ha iluminado algunas de las interpretaciones académicas y/o políticas respecto a la configuración del Estado y el Régimen en el período de Rafael Correa. De acuerdo con esta concepción, se ha puesto el énfasis, unilateralmente, en la parte formal-institucional de la armazón del Estado, y en la conducta y representación de los actores, dejando en la sombra (mistificando) aspectos estructurales como el proceso de configuración del bloque en el poder y su hegemonía, lo que viene dado por los intereses, conflictos y alianzas concretas de las clases y sus fracciones en el contexto económico de cambio de la matriz productiva y/o régimen de acumulación generado en el período en mención. Desde esta perspectiva formal-institucionalista se ha calificado al gobierno de Rafael Correa como “autoritario” y “populista”. 

De su lado, ciertos sectores académicos cercanos al gobierno de Rafael Correa han interpretado el Estado ecuatoriano en proceso de restructuración como una institucionalidad que representa de manera autónoma los intereses del pueblo, la ciudadanía y la nación; esto a partir de concebir al Estado como la institución que desarrolla sus propios recursos y aparatos y, en consecuencia, puede independientemente ejercer el poder, desde los dispositivos jurídico-políticos o la acción individual o institucional vinculada al Estado1, coincidiendo así con el mencionado enfoque neoinstitucionalista. Desde una suerte de conciencia mistificadora y fetiche de la realidad se concibe al Estado como una institución dotada de recursos organizacionales que le confieren por sí mismo capacidad de iniciativa y decisión, lo que coincide con una de las versiones presentes en el debate académico ecuatoriano, cuando se comprende al Estado como el conjunto de instituciones para el control social y la toma de decisiones vinculantes (Andrade, 2009: 13). 

El presente artículo aborda la interpretación del período tomando en cuenta la caracterización hecha por el pensamiento crítico que diferencia los intereses de clase y su lucha (el poder del Estado) respecto al nivel jurídico político (aparato de Estado), es decir las clases y su poder, de un lado, y de otro, el entramado institucional, es decir su forma. Desde este enfoque, entonces, el artículo se desmarca de la corriente del “neoinstitucionalismo” que cuestiona al pensamiento crítico el limitado o ningún tratamiento de la institucionalidad formal -jurídico política- que conforma al Estado, principalmente el Estado moderno o capitalista. 

Desde este punto de vista, la funcionalidad institucional del Estado no se agota en el poder o dominio de clase. En determinadas circunstancias de la lucha política puede actuar incluso a contrapelo de los intereses inmediatos de las clases dominantes para -a largo plazo- garantizar en cambio los estratégicos o generales del dominio político; lo que lleva a considerar uno de los rasgos más importantes -la autonomía relativa- del Estado moderno o capitalista. 

“Como se sabe, el concepto de autonomía relativa del Estado capitalista fue teóricamente elaborado por Nicos Poulantzas en Pouvoir politique et classes sociales. Ese trabajo generó -dice Nervo Codato- que los autores marxistas, o de inspiración marxista, retomaran los estudios sobre el Estado a partir de los años 70. Fue ciertamente la preocupación de conjugar teóricamente la idea de la naturaleza de clase del aparato estatal con la autonomía relativa de ese aparato frente a las clases dominantes la que orientó, de diferentes maneras, los trabajos de Joaquim Hirsch, Claus Offe, Elmar Altvater y Ralph Miliband, entre otros” (Monseff, R., Nervo, A., 2003: 11). 

Este enfoque también deslinda campos con el punto de vista mecanicista-determinista, propio de la tradición ortodoxa del marxismo, que ha interpretado al Estado como el instrumento sin más de las clases y de sus intereses, desconociendo y negando el carácter y estructuración institucional y sus efectos en la configuración del Estado, determinando el régimen político. A partir de esta ubicación interpretativa se suele criticar, en nuestro medio, como “antimarxista” a las posiciones de izquierda que califican al gobierno de Rafael Correa desde su representación y lógica institucional, posturas que claramente adhieren a concepciones mecanicistas alejadas de una línea de renovación actual del pensamiento crítico2. 

Desde el punto de vista de la interrelación dialéctica del Estado en construcción, entre la institucionalidad, por una parte, y los intereses de clase y su poder, por otra; en este documento se ha incluido el análisis de las características generales del entramado institucional principal que se ha construido durante el gobierno de Rafael Correa, pero ligadas dialécticamente a los intereses y contradicciones de clase y a los rasgos que se destacan de la forma de Estado en configuración en el período. 

Precisamente en esta línea se diferencia la forma del Estado y el régimen político (Poulantzas, 2001: 192- 202)3, entendiéndose por forma de Estado a la articulación o estructuración de intereses de clases, fracciones o facciones, grupos económicos, poderes de facto, entrelazados y conducidos todos ellos por aquel grupo o fracción que domina a las otras y las conduce hegemónicamente, desde una perspectiva estratégica del domino político; y por régimen político a las formas y mecanismos jurídicos o consuetudinarios que expresan y regulan los vínculos entre el Estado, la sociedad y economía. Por eso, en este nivel se encontrará el entramado institucional del Estado que norma las relaciones entre las principales funciones del Estado, por un lado, y la sociedad, por otro, como son los partidos políticos, los movimientos sociales, las organizaciones de facto, los medios de comunicación, las formas y mecanismos electorales, entre otros. 

Metodológicamente, en el presente artículo se ha incluido una visión de la correlación de fuerzas en la implementación o construcción de la forma de Estado y el régimen político, donde se examina las contiendas electorales, especialmente, el evento del 17 de febrero de 2013 en tanto una de las expresiones de ese proceso, decisiva para el proyecto o modelo generado en estos seis años de correísmo. Se toma en cuenta también los comportamientos políticos individuales y colectivos y, en este aspecto, se asume la necesidad de integrar al análisis el tema de “la cultura política” como una de las claves para la comprensión integral del fenómeno en estudio, destacándose las condiciones de la trayectoria histórica ecuatoriana, que se manifiestan en la actualidad, como costumbres, hábitos, valores y actitudes en torno a la representación y la forma de hacer política en el período de Rafael Correa (Echeverría, 2005: 19). En consecuencia, se interpreta el período y la reestructuración del Estado desde una compresión multicausal que evita el unilateralismo y subjetivismo presente a veces en las interpretaciones del período. 

Desde la perspectiva planteada, otro de los aspectos con el que se busca decantar críticamente es el de la concepción de la democracia o el régimen político democrático. En algunos casos la democracia ha sido reducida a solo procedimiento formal y en otros -dentro de la misma tradición neoinstitucionalista- se ha incluido aspectos sustanciales referidos a la distribución del ingreso, la política social y la participación democrática. 

Se puede encontrar en esta perspectiva procedimental y formal de la democracia, matices de distinto orden y nivel, algunos de los cuales sacralizan los procedimientos institucionales y normativos; y conciben a la democracia como el resultado de las dinámicas electorales, sin considerar los conflictos en torno al contenido y la participación social, dejando en la sombra dinámicas referidas a la desigualdad socioeconómica, la concentración del poder económico y la escasa autonomía de las decisiones frente a actores fácticos del Estado y el poder político. 

En respuesta a esta limitación se encuentran importantes posiciones que demandan la necesidad de incluir en la interpretación de la democracia en construcción procesos que se originan en la sociedad civil y que contribuyen a transformarla, en tanto la sola consideración formal, electoral o institucional limitan la posibilidad objetiva de interpretar los procesos democráticos actuales (Ramírez, 2012: 109-110). 

Cuando en el presente documento se ingresa a definir algunas de las características del régimen democrático, precisamente se lo hace a la luz de su constitución real, los intereses y las clases, pero también su conformación formal e institucional; teniendo en cuenta la necesidad de retomar la influencia de la sociedad, sus contradicciones y luchas en su definición. 

Finalmente, cabe insistir en el enfoque metodológico que se despliega en este trabajo. Se trata de una interpretación del período, que combina la explicación causal-condicionante con la intencional, es decir, que busca abordar la comprensión del Estado y el régimen político en sus aspectos más relevantes, especialmente en el transcurso del segundo mandato de gobierno de Rafael Correa, interrelacionando por un lado, el análisis de los intereses económicos de clase generados desde condicionantes estructurales que surgen de la implementación del patrón de acumulación, matriz productiva y modelo de desarrollo económico; y por otro, considerando las decisiones, los comportamientos y las preferencias individuales y colectivas de los actores en la escena política, donde aspectos culturales y trayectorias históricas constituyen una variable importante a considerar. Se realiza, así, una aproximación analítica desde el enfoque de la economía política, el desarrollo económico, la politología y el derecho. 

 

La estructuración del Estado: 

hegemonía y contradicciones 

 

A continuación se expone de modo sintético -en correspondencia con el enfoque metodológico planteado- las principales tesis (hipótesis) interpretativas de la nueva forma de Estado en construcción y su hegemonía a raíz de la consolidación de sus principales orientaciones durante el segundo mandato de Rafael Correa (2009-2013). 

La reelección de Rafael Correa a la Presidencia de la República en abril de 2009, así como la consulta de mayo de 2011, y principalmente las elecciones del 2013 son importantes hitos que manifiestan la consolidación del Estado y su bloque hegemonizado, principalmente por la relación y coincidencia objetiva, entre las tendencias oligárquica-neoliberal del período anterior (1982-2006) y la tendencia neodesarrollista de corte neokeynesiano propugnada por Rafael Correa; vale decir, entre el modelo extractivista ligado a la orientación neoliberal, con énfasis privatizador y exclusivamente especulativo y financiero (de carácter rentista), y el modelo neodesarrollista que impulsa un Régimen orientado a desplegar formas de organización económica de carácter mixto, con fuerte intervención estatal y desarrollo productivo endógeno manteniendo espacios importantes y predominantes elementos de la economía extractivista. Este pacto ha dejado excluidas del poder a las posiciones de carácter social y ambiental que estuvieron presentes al inicio del Régimen en el 2006. 

1. La configuración del Estado tiene -en las actuales circunstancias- en el patrón de acumulación o matriz productiva en curso, una de sus principales condiciones, la misma que ha impulsado de manera principal la vía de la explotación extractivista de los recursos naturales (mineros, agrícolas, petroleros, transgénicos y biocombustibles) ligados al capital transnacional, como también a formas oligárquicas de carácter monopólico y oligopolio del anterior período. Por otro lado, este patrón de acumulación ha articulado -a diferencia del anterior patrón que, de manera particular, tuvo en los intereses de la banca y el capital financiero su determinación principal- a sectores que han generado, aunque de manera débil, una línea de sustitución de importaciones en el contexto de la política anticrisis del Gobierno nacional, favoreciendo a segmentos de la industria y a sectores agrícolas que producen para el consumo interno4, remozando y modernizando el viejo modelo capitalista de acumulación y la vieja matriz productiva5, sobre la base de sectores oligárquicos recompuestos, con la participación de nuevos grupos burgueses que emergen en esta etapa como resultado, especialmente, del impulso de la inversión público-estatal. 

En este contexto, cuestiones relativas a la agricultura y el cambio de relaciones de propiedad y la desprivatización del agua, así como el impulso y la orientación de la economía social solidaria, propuestas por la Constitución de Montecristi han sido relegadas a segundo plano, o articuladas a ese patrón hegemónico de acumulación o matriz productiva mencionado, al mismo tiempo que se ha favorecido los intereses de los sectores agrícolas empresariales dedicados a la vieja y nueva exportación de productos agrícolas y agroindustriales (la llamada vía del agrobusiness) y la agroindustria como la explotación agrícola transnacional; y a la producción de materias primas para la industria de los biocombustibles y que hoy -luego de las elecciones- se pretende facilitar la línea de los transgénicos a través de una reforma constitucional. 

En este sentido, el tema del cambio de patrón de acumulación y matriz productiva del Plan Nacional del Buen Vivir aparece, entonces, como retórica ilusoria para justificar los intereses y los acuerdos en curso6. Como se anotó al inicio, el proyecto de Rafael Correa se ha evidenciado como una propuesta de modernización del capitalismo en el Ecuador, quizás la más profunda de todas las que se ha intentado implementar hasta ahora. En consecuencia, se consolida la forma empresarial capitalista de corte monopólico y oligopólico de enrumbar la economía, volcada al mercado externo a base de los productos primarios (re-primarización) con algunos esfuerzos menores en el campo de la integración regional. 

Lo anterior ha significado una orientación encaminada a concretar un capitalismo moderno, afianzado en una línea tecnocrática, monopólica y transnacional. En esta perspectiva, en estos seis años de correísmo se ha advertido que se requiere disciplinar la fuerza laboral, para transitar de la etapa de explotación extensiva y rentista de la fuerza de trabajo, a una etapa intensiva y, así, elevar en definitiva la capacidad y respuesta productiva del Ecuador en el contexto de la demanda del sistema-mundo en las condiciones de búsqueda de recuperación de la crisis capitalista de 2008, coyuntura en la que se ha manifestado un proceso de baja tendencial de la cuota de ganancia. Esta situación se halla en correspondencia con la inversión del capital transnacional en el país, orientado al extractivismo, con la lógica y exigencia de rentabilidad de los nuevos inversionistas extranjeros, y con la necesidad de fortalecimiento de la productividad del aparato instalado en el Ecuador, especialmente aquel ligado a los monopolios y oligopolios existentes, principalmente los destinados al mercado externo, que han tenido en el pasado inmediato signos de limitada capacidad productiva o ineficacia. 

El modelo de Universidad propuesto por el Régimen, que limita el desarrollo del conjunto de universidades públicas, y facilita el enclave neocolonial desde la implantación de la llamada Ciudad del Conocimiento, Yachay, imponiendo verticalmente a las universidades públicas una exigencia de modernización tecnocrática y excluyente, imposible de ser cumplida y que le conduce al límite de su liquidación7 evidencia esta necesidad de vinculación del conocimiento al desarrollo laboral y de la capacidad productiva del Ecuador. 

2. Este modelo de acumulación de capital y/o matriz productiva, por otra parte, reorienta su inserción en el mundo globalizado (especialmente con los países agrupados en las BRICS, particularmente China), promoviendo y disputando inversiones de capital y mercados, así como participación en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En efecto, el contexto global determinado en la América Latina, en las últimas décadas, por las posiciones y tendencias del posneoliberalismo; los gobiernos progresistas y los procesos de reprimarización de las economías; se encuentra condicionado por la necesidad de la región de transitar hacia una distinta ubicación geopolítica en el marco de crisis y disputa de la hegemonía mundial. En consecuencia, se ha abierto en la región un nuevo ciclo histórico, que decanta con el anterior, incrementándose niveles de soberanía y relación con procesos políticos y potencias mundiales nuevas y distintas a los Estados Unidos; así como disputando un lugar en la nueva situación geopolítica planetaria, en la que se ponen de manifiesto -al mismo tiempo- reacciones sociales y políticas importantes en la perspectiva del tránsito civilizatorio; situación que ha determinado procesos de restructuración estatal, ha puesto a punto en la región procesos integracionistas, como la ALBA, la CELAC y la UNASUR, y manifestaciones de recuperación de la soberanía, proceso que ha generado importantes expresiones de orden nacional y latinoamericano. 

Los “nuevos vientos” generados en América Latina han puesto -en consecuencia- el énfasis en la intervención del Estado (estatismo), dentro de la tendencia neodesarrollista de la etapa posneoliberal. Es este uno de los factores más importantes para examinar la ruptura y significación histórico-política del período gubernamental de Rafael Correa. Para quienes ven en esta creciente intervención estatal señales de socialismo cabría indicarles que lo que se da es una recuperación de espacios de acción estatal y de su capacidad de intervención después del desmantelamiento del Estado vivido en años de la “larga noche neoliberal”. 

En estas condiciones y determinado por este cambio histórico regional, el correísmo ha recuperado el Estado y su capacidad de representación e intervención en la economía, como también su autonomía relativa, lo que se lo conoce también como bonapartismo8 lo que le ha permitido actuar en nombre de un sujeto e institucionalidad que determina y cohesiona la vida social y política. En estos años se ha reestructurado el Estado capitalista y se ha reconstruido su institucionalidad, a fin de deponer los intereses inmediatos de ciertos círculos o grupos económicos y políticos, que condujeron desde sus intereses particulares el Estado en el pasado (el Estado oligárquico); y se ha orientado en la dimensión estratégica del dominio capitalista resguardando la autonomía del Estado Moderno. Es esto lo que permite afirmar que se ha estructurado un Estado capitalista de corte tecnocrático, cuestión que ha dotado de importantes niveles de eficacia y consecuente representación social al Régimen liderado por Rafael Correa. Resultado de esta capacidad estatal renovada son los procesos fiscales y cierta negociación con las transnacionales petroleras y otras medidas similares. 

El contexto internacional, especialmente regional en el que se da este proceso de reestructuración del Rstado y construcción de la nueva hegemonía, tiene que ver con la crisis multifacética del capitalismo que eclosionó en financiera de 2008 y que ha puesto de manifiesto la disputa de la hegemonía mundial entre Estados Unidos y las potencias que emergen (BRICS), particularmente la China. Esto deja entrever “como conjetura” la posibilidad de transitar, aunque débil, contradictoria y lentamente, hacia un nuevo patrón de acumulación mundial, distinto al generado en la etapa de la financierización que se dio a raíz de la crisis de 1970; lo que ha llevado, así mismo, a plantearse alternativamente como condición de la época un proceso de crisis y tránsito civilizatorio hacia la conformación de un nuevo sistema mundo. 

El intervencionismo estatal -consecuencia de lo analizado- que se ha dado en el caso del Ecuador, en la etapa del gobierno de Rafael Correa, le ha permitido echar mano de dos aspectos centrales de toda gestión gubernamental: la eficacia y la legitimidad. El Régimen se ha caracterizado por promover actividades productivas como la construcción de infraestructura vial a escala nacional, e inversión social focalizada, lo que mostraría logros del Régimen, donde la mayoría de provincias, cantones y parroquias del país se han beneficiado; así como construir alianzas regionales para generar emprendimientos públicos, generando un tipo de forma de Estado intervencionista con rasgos de Estado benefactor (denominado también “Estado compensador”), dirigido a la intervención social positiva en la salud y la educación principalmente con el objetivo de generar desarrollo de fuerza de trabajo calificada, así como cohesión social, y por último, base clientelar para beneficiar el rumbo político del Gobierno y de Alianza País. 

El Régimen ha destacado, por otra parte, la legitimidad, en primer lugar a través de su innegable carisma que se constituye -según Gudynas- en la base de una institucionalidad “gelatinosa” donde 

 

El deterioro de la institucionalidad es funcional a los liderazgos carismáticos personales, anulando la visibilidad de las minorías y clausurando la participación […] Para esa posición personalista, la institucionalidad partidaria es una molestia, las vías de representación popular autónoma son menospreciadas, y lo mejor es navegar en esa condición “gelatinosa” […] Desde el poder se llega en conclusión a una “disolución de las formas orgánicas autónomas de los actores ‘populares’”, los mismos que al ser incapaces de generar auto-representaciones “delegan la esperanza hacia un líder carismático fuerte (Gudynas, 2013: 8). 

 

En segundo lugar, gracias a su capacidad de representar la confianza de amplios sectores populares y de sectores medios9, en el contexto de un proceso de bonanza económica de los últimos años que ha beneficiado a importantes capas sociales, y desde el punto de vista ideológico, a través de la representación del interés general del Estado. 

3. La característica mencionada del poder y la forma del Estado ha impulsado cambios superestructurales, particularmente aquellos relacionados con el fortalecimiento de la intervención estatal y la planificación centralizada, potenciando el desarrollo tecnocrático y elevando la capacitación técnica del mundo laboral a través de la educación, la educación superior, la ciencia y la tecnología. 

Forma de Estado intervencionista (estatismo) que, por otra parte, se ha constituido en una de las principales palancas de la acumulación y del extractivismo relacionado con la explotación transnacional del capital financiero en la línea de financierización mundial y la monopolización y oligopolización de la economía ecuatoriana. Se ha consolidado jurídicamente a favor del Estado el uso de los recursos naturales otorgando garantía a la explotación, principalmente del petróleo, a través de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos. Esta cambiante realidad ha sido signada por una nueva concepción y práctica dispuesta en la Constitución, respecto a la relación del Estado con el mercado, fortaleciendo su presencia e intervención en los procesos de redistribución y promoción de la inversión pública. 

En definitiva, la configuración actual del Estado (un Estado fuerte y centralista que ha limitado la descentralización)10 evidencia un proceso de modernización capitalista del país, que promueve una integración física, económica y social, donde el Código de Ordenamiento Territorial se constituye en la manifestación más clara en uno de los aspectos principales del desarrollo de la unidad e integración político-administrativa del Ecuador, de carácter centralista que impulsa limitadamente la descentralización y la propuesta constitucional del Estado plurinacional. 

4. Mientras en otros países de la región el proceso de fortalecimiento del Estado y de redistribución ha tenido “dimensión política, certeza cultural e histórica” resultado de un desarrollo previo, en Ecuador se carece de esa certeza como consecuencia del limitado desarrollo social y político anterior. Alianza País y su revolución ciudadana, si bien representó un momento del cauce democrático de la posición contrahegemónica del movimiento indígena de 1990, devino manifestación de un movimiento que se constituyó a partir de una necesidad coyuntural electoralista, con fuerte contenido caudillista-populista, que hoy carece de organización y trayectoria político-histórica, de manera que el socialismo del siglo XXI se parece cada vez más a un emblema ilusorio, un eslogan publicitario o una frase retórica sin sustento de realidad social y política. 

Proceso de reestructuración estatal que, por otra parte, desde el punto de vista socio histórico tiene en el ascenso social de sectores populares y medios, uno de los elementos importantes de su desarrollo, en tanto este elemento presiona por el cambio de élite política, de aparato burocrático del Estado, así como un relevo generacional de los dirigentes políticos y los cuadros de conducción estatal; constituyéndose, así, en consecuencia en un aspecto importante de la mutación histórica del Ecuador11 que es lo que podría manifestarse en la fórmula “antipartidocracia” constituida en emblema oficialista. 

 

 

Carácter y consolidación del régimen político 

 

Los acontecimientos principales que en el segundo mandato de Rafael Correa estuvieron presentes y se evidenciaron en el proceso político son: (i) La reelección presidencial en abril de 2009, (ii) El enfrentamiento del Gobierno con los movimientos sociales en torno a la aprobación del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, (iii) La asonada policial de septiembre de 2010, (iv) La consulta popular y el referendo de mayo de 2011, y (v) las elecciones del 17 de febrero de 2013; hitos políticos estos, que dan cuenta del despliegue y la consolidación del modelo o régimen político, situando -por consiguiente- las perspectivas, contradicciones y posibles conflictos futuros de la implementación del régimen político. 

Corresponde, en consecuencia, en este apartado del artículo examinar el carácter del Régimen y su consolidación, donde hay que considerar el entorno de poder del Estado -descrito en líneas generales en el numeral anterior- y el entramado institucional del régimen democrático. Esto requiere tomar en cuenta las normas (la Constitución y las leyes) que constituyen y regulan las relaciones institucionales entre las funciones del Estado, y las de estas con la sociedad y la economía. En este examen se recupera el enfoque metodológico planteado en la introducción del artículo, donde se destaca la necesidad de dar un tratamiento concreto a la institucionalidad estatal y desentrañar las formas jurídico-políticas a través de las cuales se concreta la hegemonía y el poder del Estado en el período en cuestión, haciendo notar la vinculación dialéctica ya mencionada, entre poder y aparato de Estado. 

En esta línea interpretativa, de otro lado, se requiere también examinar puntualmente la cultura política, que determina los comportamientos de los actores públicos e institucionales, como su representación, particularmente en relación con la conducción del Gobierno, los movimientos sociales, los partidos políticos y los poderes fácticos. 

Ilustran este proceso los acontecimientos que se han vivido en el curso del gobierno de Rafael Correa que evidenciaron cambios en la representación y conducción política gubernamental, donde se destaca como uno de ellos la movilización que se realizó en Ambato, en enero de 2010, convocada por Alianza País para conmemorar los tres años de mandato del presidente y responder a la desavenencia y oposición del movimiento social. 

En dicho evento se dejaron entrever algunos rasgos del Régimen como aquellos referidos a la necesidad del despliegue de mecanismos usados tradicionalmente por el populismo, en la relación con la sociedad a través de la representación de una “masa informe” y desorganizada, el liderazgo fundamentado en un notable carisma de carácter caudillista con ribetes autoritarios; así como el uso y consolidación de formas clientelares para mantener el poder, cohesionar y representar a la sociedad, lo que nos coloca ante una determinada forma de representación, una institucionalidad limitada que Gudynas, como hemos dicho, califica como “gelatinosa” y un liderazgo y ejercicio del poder, en correspondencia con la estructuración del Estado, y su forma evidenciando las tendencias, las clases y la hegemonía descritos en el análisis de la forma de Estado que O´Donnell (1994: 5) califica de “democracias delegativas”. 

Esta situación se dio en el contexto del definitivo alejamiento del Gobierno de las posiciones sociales-ambientales fundacionales, en tanto el Régimen había optado -como se ha analizado arriba- por un modelo de explotación extractivista de los recursos naturales, bajo formas monopólicas y oligopólicas, y un entramado institucional y comportamiento político que manifiestan los rasgos caudillistas-autoritarios del poder, especialmente sustentado en una forma de Estado intervencionista (estatismo) que gobierna a través de un proceso de creciente concentración del poder. 

En consecuencia, en el período del segundo mandato se ha consolidado desde el punto de vista formal-funcional del poder de Estado, un Régimen que -en términos de la concepción liberal y “neoinstitucionalista”- estructura una institucionalidad que limita la existencia de “contrapesos de poder” (entre funciones del Estado); así como mínimos consensos entre Estado, actores sociales y sociedad. En esta perspectiva, el gobierno de Rafael Correa ha subordinado y limitado la autonomía de la Asamblea Nacional para la definición de leyes, como uno de los recursos -dice Gudynas (2013: 3)- utilizados en democracias basadas en liderazgos fuertes. En esta misma dirección se ha manipulado también a los entes o entidades que canalizan la participación ciudadana12 -lo que se revela en la conformación del Consejo de Participación Social y Ciudadana- y otras entidades con el objetivo de ampliar el Poder Ejecutivo-presidencial, y seleccionar a los principales funcionarios y organismos encargados de coordinar y administrar el aparato y las principales funciones del Estado. 

Este “presidencialismo reforzado” (llamado por algunos analistas “desicionismo fuerte”) formulado en el diseño de la nueva Constitución, y concretado en su implementación a través del predominio del Ejecutivo, limita así la clásica institucionalidad liberal democrática de división y equilibrio de las funciones del Estado, lo que se ha manifestado en medidas y acciones implementadas (ligadas a la arbitrariedad e imposición vertical del Ejecutivo) con la finalidad de forjar correlaciones de fuerzas ficticias generando procesos de corrupción de asambleístas, entre otros aspectos, y que al parecer expresa formas de comportamiento de la cultura política ecuatoriana conocida como “partidocracia”. 

Este aspecto se verá expresado también en la reestructuración de la justicia13 (planteado -inconstitucionalmente- por la Consulta y el Referendo de mayo de 2011), que marcó esta línea de intervención del Régimen y que tiene por objetivo, precisamente, crear un modelo judicial (sistema institucional y legal) para garantizar la implementación de la forma de Estado y remozado régimen de acumulación, así como para contener y reprimir al movimiento social opuesto a este patrón de acumulación. 

Luego de la relativa victoria de la Consulta de 2011 el Gobierno ha podido disponer de instrumentos fundamentales para el control y ejercicio político y generar la mencionada orientación económica, como imponer una línea de Gobierno basada en el control de la Función Jurisdiccional, la selección discrecional de jueces, el chantaje, la represión y la “aupación” de intereses económicos y políticos; es decir, en la línea del tradicional comportamiento político de las élites ecuatorianas. Conducta que también se ha manifestado en el control y la represión de la libre expresión de medios de comunicación y de ciudadanos y ciudadanas que ven la conveniencia de ocultar la verdad (autocensura) y evitar la denuncia de la injusticia. Es el caso de la persecución a algunos medios y periodistas contrarios al Régimen, como también de ciudadanos que han sido reprimidos (como en los casos de los jóvenes quiteños apresados por fuerzas de seguridad en el barrio Luluncoto y posteriormente el caso de los estudiantes del Colegio Central Técnico, también en Quito, acusados de rebelión o terrorismo, que en este último caso ha llevado al presidente de la República a desconocer el sobreseimiento planteado y amenazar con la apelación). Se ha creado un ambiente, en consecuencia, de atemorizamiento e incertidumbre en la sociedad donde las medidas de inteligencia policiaca para “escrutar” las inclinaciones ideológicas y políticas de profesores, estudiantes secundarios y otros ciudadanos y ciudadanas, se constituyen en otras manifestaciones represivas, posconsulta en la línea y característica indicada. 

Es interesante observar que la implementación del llamado “presidencialismo reforzado”, por otra parte, se ha combinado con dispositivos populistas de carácter clientelar (resultado en buena parte de la trayectoria histórica cultural del Ecuador), lo que ha fortalecido esta configuración y comportamiento del Régimen, como también a través del despliegue del liderazgo caudillista, ligado a la necesidad de concentrar el poder limitando la independencia de las otras funciones del Estado: Legislativa y Judicial, así como la Participación Ciudadana o Consejo Electoral, lo que se ha evidenciando en este último caso en la actuación obsecuente en el último período, a propósito de la revisión de firmas de las agrupaciones políticas reconocidas, la intervención para influir en la estructuración de la escena electoral y conducir la contienda electoral de 2013 con visos fraudulentos. 

En el nivel social se han reducido los espacios para establecer mínimos consensos entre Estado, actores políticos y sociedad. Se han limitado las posibilidades para que los grupos sociales autónomamente organizados sean portadores del proceso de cambio. El “desicionismo fuerte” (caudillismo) se ha constituido en la voluntad política gubernamental, y en el eje del proceso, es la razón de ser del mismo (Gudynas, 2013: 9). 

El control y regulación de la sociedad civil se ha complementado anulando o desactivando los espacios de deliberación y de organización de los movimientos sociales, en particular de la CONAIE. De hecho, en este segundo período de Rafael Correa, se ha vivido una etapa completamente diferente de la que se dio durante el proceso de debate previo a la Asamblea Constituyente, y de su realización, donde a través del diálogo y participación de grupos sociales organizados se pudieron recoger sugerencias que después fueron consideradas en la redacción del nuevo texto constitucional aprobado en Montecristi. 

En efecto se ha podido evidenciar que el gobierno de Rafael Correa ha disputado la representación y conducción de los movimientos sociales como el indígena a través de una política y acción encaminada a resquebrajar o desarticular el movimiento social, dividiéndolo y cooptando a dirigentes sociales, generando movimientos ad hoc a favor del Régimen, creando organizaciones sociales ligadas al Gobierno neutralizando a las legítimas y dividiendo los sindicatos de trabajadores, y conduciendo procesos de represión y atemorizamiento a líderes sociales y gremiales, como ha ocurrido con la criminalización de la protesta social. 

Este accionar, combinado con políticas puntuales y precisas de clientelismo llevadas a cabo a través del bono de desarrollo humano, y determinadas obras de infraestructura; así como la modificación y modernización capitalista en el agro de las relaciones sociales, especialmente en torno a la proletarización del campesinado de la Costa, ha inclinado y mantenido electoralmente a importantes sectores campesinos a favor de Rafael Correa, como se pudo advertir en las elecciones de febrero de 2013. 

Así mismo es necesario considerar el caso de los sectores medios urbanos, principalmente de Quito y Cuenca cuyo comportamiento electoral en 2013 manifiesta que han continuado en su mayoría, por la opción electoral de Rafael Correa. Se entremezcla en esta situación la bonanza económica, por un lado, al que han accedido estas capas medias y, por otro, la imagen de izquierda del gobierno de Rafael Correa. Como también el proceso de rápida ampliación en esta última década de estos sectores que -se manifestó antes- pasan de 14% en 2003 a 35% en 2012. Importante modificación que al parecer influye en la inclinación de estos sectores a favor del Régimen. 

Otro de los aspectos a examinarse del modelo político es la configuración partidaria que ha tenido como una de sus condiciones principales el diseño y formulación de la norma legal, la misma que ha dificultado la Constitución o reconstitución de los partidos, así como la construcción de su sistema14, revelándose más bien -como resultado de las últimas elecciones- una situación de debacle. De otro lado la organicidad de Alianza País, en este mismo sentido se ha visto debilitada en su desarrollo, reflejando este aspecto o característica institucional del Régimen, como dice Gudynas (2013: 8), una especie de “institucionalidad gelatinosa”, aspecto que combinado con la devastación de la sociedad civil (debilitando principalmente su organización), así como la limitada participación social reducida al liderazgo carismático de Rafael Correa, nos recuerdan a personajes históricos como García Moreno, Velasco Ibarra y Febres Cordero, (que a diferencia de Eloy Alfaro quien representó un liderazgo revolucionario basado en la movilización popular -las épicas Montoneras Alfaristas- para derrotar a los tradicionales conservadores, católicos, terratenientes de la época) contribuye al afianzamiento del régimen político y sus características principales, potenciados luego de los resultados de las elecciones de 2013. 

La configuración y el comportamiento político indicados arriba han encontrado sustento en la inercia de los intereses de las viejas fuerzas económicas oligárquicas pero también de las nuevas que se han desarrollado en este período, ligadas a la mantención remozada del anterior patrón de acumulación o matriz productiva; y en la pervivencia de los viejos mecanismos de control político a los que Rafael Correa en su primer mandato intentó combatir; así como también en la cultura histórico política del Ecuador (que determina las preferencias de los actores oficialistas desde parámetros y esquemas mentales, prácticas y costumbres de la llamada “partidocracia”). También es necesario considerar el cambio de posiciones político-ideológicas de los grupos coaligados en Alianza País, en tanto en su segundo mandato a partir de 2009, han confirmado posturas conservadoras de derecha, vinculadas a intereses del capital extractivista, oligárquico y monopólico principalmente15. En esta perspectiva, se avizora la situación de fuerza del movimiento oficialista (Alianza País) luego de las elecciones del 17 de febrero de 2013, donde se advierte diferencias a su interior. La sola presencia del liderazgo de Rafael Correa puede ser insuficiente para canalizar y encauzar la unidad de ese movimiento. 

En la relación entre la Asamblea Nacional y el presidente Rafael Correa, se ha constatado innúmeras situaciones de subordinación como en el caso de la aprobación de leyes resultado de procesos arbitrarios, en los que se ha hecho uso de maniobras de vieja usanza para aprobar cuerpos legales “por el ministerio de la ley”; o los casos de aprobación de leyes en los que se tomaron en cuenta criterios de otras instituciones y actores involucrados, mismos que consensuaron con asambleístas oficialistas (es el caso de la Ley de Educación Superior) y que, no obstante, el presidente de la República los vetó, para ratificar el proyecto original, reflejando ausencia de disposición para construir y respetar consensos, lo que se ha dado en la definición de leyes principalmente de carácter político. Estos son algunos aspectos que muestran el tipo del Régimen vigente, y la pervivencia de viejas formas y mecanismos propios del comportamiento de la cultura política, y revelan las limitadas posibilidades para reinstitucionalizar el Estado y fortalecer su aparato. 

Lo que en el pasado neoliberal se vivió como un proceso de desarticulación del Estado a través del llamado “hiperpresidencialismo”, en esta etapa posneoliberal se experimenta la combinación del Estado fuerte (intervencionista) con el presidencialismo reforzado. Los límites y rudezas tecnocráticas en el proceso de institucionalización del Estado abonan en esta perspectiva manifestándose -entonces- la concentración del poder en el Ejecutivo, con claros ribetes de autoritarismo. La personalidad del presidente es un elemento adicional al respecto, que profundiza esa característica del Régimen, dejando entrever otro de los rasgos del modelo político, que prácticamente ha debilitado el contrapeso parlamentario dejando en su lugar, de manera privilegiada, al marketing y la publicidad política para representar, comunicar y controlar a la sociedad civil. En este sentido, el Gobierno de Rafael Correa ha carecido de una línea de legítima propaganda política, vacío llenado con un reiterado y sistemático marketing y publicidad, lo que llevó -por ejemplo- a que la asonada policial del 30-S haya sido convertida de un incidente político grave en un burdo espectáculo “hollywoodense”16. 

Se trata de un Régimen que ha puesto el énfasis en el uso de ciertos mecanismos como el de la “democracia plebiscitaria”. La “muerte cruzada”17, que es un recurso constitucional para afianzar el presidencialismo fuerte y la democracia plebiscitaria, se ha constituido en un instrumento de amenaza presidencial, útil para forzar mayorías y obtener votos favorables en la Asamblea Nacional, así como herramienta de control a los asambleístas, reforzándose así la conducción vertical del Ejecutivo en medio de la limitada ventaja en la correlación de fuerza para la implementación del Régimen. De todas formas y en medio de la sensible debilidad de fuerzas en la Asamblea (2009-2013), esa ha sido una posibilidad cierta, más todavía cuando se acentuó la mencionada limitación luego de la consulta y se profundizaron ciertas diferencias y resquebrajamientos al interior del bloque legislativo oficialista. Más tarde, la cercanía de las elecciones presidenciales de febrero de 2013 relativizó la posibilidad de uso de este mecanismo constitucional, lo que llevó a que se generaran cambios legales y mayores controles administrativos de carácter legal, asunto que se analizará en otro acápite. 

Es necesario, así mismo, plantear en esta disección del régimen político que se implementa, los rasgos histórico-culturales, que junto con la necesidad de mantención de la matriz productiva y sus intereses vinculados, inciden en la formación de este modelo, como la preferencia y la decisión de los actores. En este campo cabe considerar que el llamado “velasquismo” -uno de los arquetipos de la cultura política ecuatoriana que se afianza y desarrolla en la época del presidente Velasco Ibarra- renace y se convierte en uno de los ingredientes que determina comportamientos e incide en la configuración del modelo político correísta, en tanto la conducta del actual gobernante manifiesta dichos rasgos de la trayectoria y cultura de la política ecuatoriana, que como “esquema de comportamiento” histórico actúa en la coyuntura para incidir en la configuración del Régimen. Esto ha hecho pensar a algunos analistas que el correísmo es el “velasquismo” del siglo XXI. 

Finalmente, la caracterización del Régimen se complementa con la constatación del carácter integrador de lo regional en la representación política nacional, situación que se explica, por una lado, por la recuperación del Estado y su autonomía relativa, y por otro, por la significación de este en tanto representación general estratégica del dominio que impulsa y conduce la economía y la sociedad. En estas condiciones, la particularidad de los intereses inmediatos y regionales se subsume y reconoce en la representación general del Estado. Las elecciones del 17 de febrero evidencian y corroboran -vía electoral- la sintomática representación nacional del régimen político y movimiento oficialista, en tanto las dos provincias principales (Guayas y Pichincha), que históricamente han significado la disputa de las dos regiones, tienen ahora una votación importante, equilibrada y similar: 63% en Guayas y 58% en Pichincha. Los intereses particulares de sectores, clases y grupos económicos regionales han sido incluidos en el proceso estatal descrito. Las elecciones del 17 de febrero fueron una manifestación de esta situación y rasgo descrito18. 

En consecuencia, luego de la contienda electoral, especialmente de febrero de 2013, se asiste en el Ecuador a una inédita manifestación de integración nacional, algo que en el pasado intentó hacerlo Jaime Roldós (1979-1982), principalmente subordinando los intereses y necesidades regionales al interés de la representación nacional, y deponiendo viejas rencillas regionalistas resultado principalmente de la manipulación de sectores de la oligarquía guayaquileña tradicional; dispositivo político cultural de manipulación del poder desde la región, al que se lo calificó como “guayaquileñismo”, arquetipo que como una sombra ha acompañado a la historia política ecuatoriana en las últimas décadas y que hoy -al parecer- tiende a ser superado.

En efecto, si recordamos la historia del Ecuador en los años comprendidos entre el retorno a la democracia (1978) y la época actual (a partir de 2006), se encuentra que ese dispositivo histórico-cultural jugó un rol político especial en la configuración del poder, la economía y el régimen político. Elemento que surgió de una tradicional división y oposición de regiones y la disputa bipolar regionalista entre Guayaquil y Quito, manifestándose a lo largo de los períodos presidenciales, excepto quizás en el de Jaime Roldós (1979-1982) cuando este -como se dijo- intentó representar lo nacional en una confluencia de la una y la otra región (Sierra y Costa, Guayaquil y Quito), situación que las fuerzas políticas oligárquicas guayaquileñas de aquella época lo impidieron. 

 

 

Correlación de fuerzas y régimen político 

 

En la línea de interpretación planteada en este artículo, uno de los aspectos a tomarse en cuenta en el análisis es el de la correlación de fuerzas en el proceso de implementación del régimen19. Esta correlación en el segundo mandato de Rafael Correa (2009-2013) ha tenido debilidades y fortalezas que deben ser consideradas para ubicar los límites y las posibilidades en tanto condición de la orientación y características de implementación del modelo por parte del oficialismo. Veámoslo: 

A nivel político-institucional se destaca el caso de la asonada policial del 30 de septiembre de 2010, misma que reflejó una situación de debilidad institucional. De hecho, el 30-S evidenció la forma tecnocrática, rígida y autoritaria de implementación de la institucionalidad, por un lado, y por otro, mostró la debilidad en el control de una importante institución de seguridad pública, así como un limitado control en la capacidad política institucional del Gobierno, mismo que se vio obligado a negociar, haciendo concesiones a las Fuerzas Armadas, durante y luego del desenlace de los hechos del 30-S. Las Fuerzas Armadas fueron las grandes ganadoras pues la institución militar logró un plus de poder, demostrando ser el ente capaz de dirimir situaciones conflictivas como la señalada, cuestión contraria a las disposiciones de la Constitución vigente, que dispone la absoluta neutralidad de la institución militar frente al ejercicio del poder político20. 

Esta debilidad se vio reflejada también en la escasa respuesta popular organizada con ocasión del 30-S, revelando una falta de respaldo ciudadano activo al presidente de la República y a la gestión de su Gobierno. Limitación contrarrestada por el apoyo internacional unánime, particularmente regional, y por el uso masivo y absoluto -como lo hemos analizado antes a modo de una de las características del Régimen- de la publicidad y marketing político, al punto que se logró revertir la percepción sobre la mencionada situación de debilidad de fuerzas. No obstante, del 30-S el Gobierno salió afectado políticamente, en su imagen y legitimidad, quedándose sin iniciativa durante las siguiente semanas y meses del mencionado hecho. Hasta finales de 2012 no se había logrado aún superar los efectos políticos del indicado suceso. El Gobierno intentó luego de la consulta, judicializar el acontecimiento y retomar la iniciativa para colocar al hecho en la agenda nacional, bajo el argumento de que fue un intento de golpe de Estado. 

A nivel político electoral se puede observar en cambio en el resultado de la reelección presidencial (abril de 2009) una “sensible debilidad” de Alianza País y de Rafael Correa, cuyo respaldo disminuyó del 56% de 2006, al 52% en 2009 y produjo una limitada representación en la Asamblea Nacional; lo que forzó al oficialismo, por una parte a activar una táctica de alianzas o coincidencias inestables con algunas viejas fuerzas de la partidocracia, como el PRE por ejemplo, con el propósito de remontar la coyuntura de debilitamiento y alcanzar una mayoría circunstancial para elegir a las dignidades de la Asamblea, así como para aprobar determinados cuerpos legales. Esta maniobra táctica reveló -sincrónicamente- un alejamiento estratégico del correísmo con la izquierda y los movimientos sociales, con los que mantuvo acuerdos desde el 2006. Debilidad que en distintos momentos electorales amagó con convertirse en un “empate técnico”, como lo sucedido en la coyuntura de agosto de 2011 para elegir las dignidades a la Asamblea. Esto, ratificamos, forzó a Alianza País a usar un arsenal de maniobras, mecanismos y formas propias de la tan criticada partidocracia, contribuyendo a la definición de algunos de los rasgos y comportamientos arriba analizados respecto al régimen político. 

Este declive en la correlación de fuerzas se reveló también en la coyuntura de la consulta y referendo de mayo de 2011. Si bien entonces apareció en los resultados un equilibrio relativo de fuerzas entre quienes promovieron el SÍ y los que se pronunciaron por el NO, se advirtió un sensible cambio en la correlación política de fuerzas, pues el sector de la derecha del correísmo, que promovió la consulta y dirigió la campaña electoral, sufrió un revés que, eventualmente, pudo traducirse en una muestra de debilitamiento de su influencia ante el presidente Rafael Correa; creándose, otra vez más, en cierto sector del Gobierno la ilusión de la posibilidad de una disputa del rumbo estratégico del Régimen, específicamente en quienes se definen como “la izquierda del correísmo”. 

Situación de fuerza que se manifestó también en la reorganización de la oposición de derecha y en el resquebrajamiento del oficialismo que perdió asambleístas, debilitándose en el control de la Asamblea Nacional. Se abrió entonces un período de inestabilidad organizativa del correísmo, circunstancia en la que se inició la reconfiguración de un frente de izquierda y de uno de centro político, contrarios al Gobierno. En definitiva, la consulta de mayo de 2011 puso el escenario para el despliegue, la organización y la acción de las fuerzas políticas y sociales opuestas al correísmo, de cara a las elecciones de febrero de 2013. 

Hay que recordar que luego del mencionado evento electoral se revelaron ciertas modificaciones interesantes en la correlación de fuerzas políticas, sociales e institucionales, tal es el caso de cierta recuperación de la CONAIE opuesta al gobierno de Rafael Correa, movimiento que influyó en el voto en la Sierra-Centro y en la Amazonia, donde el NO se impuso sobre el SÍ de la consulta21. La marcha indígena de marzo de 2011, en efecto puso de manifiesto un proceso de recuperación del movimiento indígena y de otras fracciones del movimiento social. 

En esa misma contienda electoral se reflejó también una disminución de la votación a favor del correísmo en los sectores medios de Quito y Cuenca; situación que se contrarrestó con el incremento del apoyo electoral, particularmente, en la Costa y en Guayaquil, lo que reveló el desplazamiento del electorado denominado “volatilidad” del voto o desplazamiento de la representación. Desde el punto de vista electoral y la vinculación del correísmo con intereses regionales, este hecho puede calificarse como un importante síntoma del cambio en la situación de fuerza. 

Ante este relativo debilitamiento electoral del correísmo, este optó por activar estrategias principalmente legales, al proponer reformas al Código de la Democracia, meses antes de la contienda electoral de febrero de 2013, mismas que se concretaron en el cambio de método de asignación de escaños, adoptándose el cuestionado Método D´Hont, y la configuración de distritos electorales en las provincias demográficamente más grandes, como también la activación de determinadas restricciones a los medios en la comunicación electoral. 

Si bien los resultados de la consulta de mayo de 2011 evidenció un significativo aumento de la oposición a Rafael Correa en la Sierra-Centro y en la Amazonia22, donde el Régimen decreció en votos, como una pérdida en importantes bastiones electorales y una disminución de su votación en los sectores medios de Quito y Cuenca; el 17 de febrero de 2013, en cambio, se reveló una recuperación importante en esos bastiones y en la representación social “de la clase media”, que habían manifestado su desafección en la consulta de mayo de 2011, confirmándose, por otra parte, que en la mencionada consulta, se dio efectivamente la inclinación pro Correa en la Costa (especialmente en Guayaquil, Manabí y El Oro), donde los sectores medios y populares, antes contrarios al Gobierno, demostraron el 17 de febrero último su apoyo a la representación electoral del presidente. Esto es -quizás- lo más importante de la reciente coyuntura electoral, la recuperación sostenida de la votación de Guayaquil y la Costa, con lo cual aparece en la escena -como dijimos-una nueva realidad electoral que integra lo político y lo regional, representando una nueva imagen de “unidad nacional” a la cual nos hemos referido al analizar la forma de Estado23. 

Sintetizando, se advierte ahora un proceso de desplazamiento del respaldo electoral costeño, desde la vieja representación -Partido Socialcristiano-Madera de Guerrero, PRE, PRIAN- hacia Rafael Correa y Alianza País, al mismo tiempo, una expresión electoral nacional, colocando en la historia del Ecuador un escenario de integración no antes conocido, en el contexto de consolidación del régimen político actual. 

El triunfo del 17 de febrero adicionalmente refleja una nueva situación partidaria, que contribuye a consolidar el Régimen y supera algunas de las debilidades en la correlación analizada antes, en que una de las condiciones que explica este afianzamiento es la disolución y descomposición del sistema de partidos inaugurado en 1978. El Ecuador asiste ahora a la constatación de este fenómeno político, que si bien fue larvándose en las últimas décadas, ha tenido una importante incidencia durante los años de gobierno de Rafael Correa, artífice de la agonía del sistema partidario anterior, gracias a los incentivos y las restricciones manifiestas en el Código de la Democracia, así como a la propia estrategia y acción del Gobierno durante sus seis años de mandato. 

En resumen, en medio de la debacle partidaria arriba señalada -más bien como respuesta alternativa a ella- se ha constituido un movimiento oficialista de carácter populista, con un liderazgo fuerte y decisivo, de nivel predominante y alcance nacional, lo que ha permitido incidir en electores que han plegado ampliamente al correísmo, abandonando en estampida otras tiendas políticas en descomposición. En el triunfo significativo del 17 de febrero la mencionada debacle partidaria constituye una de las claves de la victoria y deja como saldo un sistema de partidos débiles, dispersos y agónicos, condición en la escena de la presencia fuerte de un movimiento populista predominante. Luego del 17 de febrero, lo anterior se manifiesta como una ausencia casi total de esas agrupaciones (sin posibilidad de reconstituirse) en la Asamblea Nacional. En consecuencia, asistimos al vacío de contrapesos institucionales y el consecuente predominio del Ejecutivo, lo que puede acentuar niveles de concentración del poder y aumento del autoritarismo en la línea de los principales rasgos del Régimen analizados antes. 

Proceso de reconfiguración partidaria poselectoral 2013, que por otra parte, abre el espacio para la emergencia de un partido de derecha, CREO, aparentemente ideológico y moderno, que intenta constituirse en adelante en el alter del Gobierno y en el referente de la lucha política en oposición al correísmo. Especie de bipolaridad en la escena que se intentará proyectar a futuro, pero que al parecer carece de realidad y fortaleza desde la derecha de Guillermo Lasso. 

En el contexto de esta débil dialéctica bipolar se evidencian determinadas posiciones al interior de Alianza País, que podrían generar condiciones para la configuración -como dicen algunos analistas- de un Partido Estado, al estilo del viejo PRI mexicano, que podría acentuar la línea de corte autoritario del régimen político, y que efectivamente se combinaría con las necesidades del modelo extractivista, cuyo proceso desataría conflictos sociales importantes. 

Este intento de bipolaridad partidaria del sistema de partidos evidencia también la disolución del centro político (centro izquierda-centro derecha), que queda huérfano y debilitado de representación y carente de voceros en la Asamblea Nacional y, en consecuencia, queda abierto un espacio que eventualmente podría ser llenado por el movimiento de derecha, el CREO de Guillermo Lasso o inclusive, la Alianza País de Rafael Correa, aliado a una de esas agrupaciones. Difícil encrucijada para estas posiciones que quedan reducidas a su mínima expresión, y sin perspectiva política. 

Obviamente, el saldo de la contienda electoral del 17 de febrero deja en situación difícil a la izquierda, que ha pasado por dos procesos seguidos de colaboración con gobiernos, esto es, con Lucio Gutiérrez y con Rafael Correa, lo que le ha alejado de importantes sectores que votaron por ella en el pasado. Debilitamiento que se reflejó históricamente en 2006, luego en 2009 y ahora en el 2013; con una votación que ha fluctuado entre el 3-4% (2006: Macas 2.1%; 2009: Martha Roldós 4.3%; 2012: Alberto Acosta 3.3%). Los límites electorales de la izquierda también se advierten por la presencia del imaginario colectivo de la izquierda constituido por Alianza País, del cual la Unidad Plurinacional surge en estas elecciones para su participación electoral. Desde las filas de las tiendas políticas de izquierda se aspira a salir del límite expuesto sobre la base de su renovación, no fácil de conseguirla inmediatamente, que es más bien una apuesta que pasa por repensar la realidad ecuatoriana en el contexto de un mundo en proceso de cambio y transformación, como también de recreación de los viejos paradigmas que condujeron la lucha social desde el siglo XIX. 

Para terminar este examen se puede afirmar que se ha constituido en este período histórico una particular forma de estado definida como intervencionista y un régimen político cuyas características y entramado institucional dan cuenta de estos intereses y hegemonía estructurados en el Estado, así como también una escena política que como palanca y efecto de la conducción correísta sostiene y consolida el Estado y el régimen generado en el período de Rafael Correa. Comprensión dialéctica e integral que se ha complementado con el examen de rasgos provenientes de la cultura política ecuatoriana que ha determinado comportamientos de actores individuales e institucionales en el proceso de configuración del régimen analizado. Corresponde hacer un análisis exhaustivo de los actores o tendencias políticas que se han expresado y han quedado configurados en la escena luego de 2013, para completar esta disección, lo que será objeto de un análisis posterior al desarrollado en este artículo.

 

 

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Notas 

1 “[…] En la lucha política concreta, los grupos políticos y las clases sociales perciben al Estado como una poderosa institución capaz de definir la distribución de recursos diversos (ideológicos, económicos, políticos) en el interior de la sociedad. En función de esto, luchan entre sí para controlar directamente o influir a la distancia sobre las diferentes áreas del aparato estatal. En este nivel de análisis es posible admitir al Estado, de un lado, y a la clase, de otro, como realidades distintas y autónomas. (Monseff, R., Nervo, A., 2003: 9)

2 “Su incapacidad teórica para entender a estos gobiernos (los progresistas de América Latina) ha provocado el surgimiento de una seudo politología que juega el papel de instrumento académico de las derechas ideológicas… Su abandono del marxismo ha impedido, por lo menos, entender la política como una confrontación entre clases sociales, para simplemente entenderla por fenómenos “visuales” que fácilmente se califican como híper presidencialismo, neopopulismo, autoritarismo, totalitarismo, etc.”, afirma Juan Paz y Miño al referirse a analistas de izquierda, en El Telégrafo, Howbsman y el Marxismo, 2012 Como se puede ver, se reduce la comprensión marxista solo a los intereses de clase y su lucha, visión instrumentalista ortodoxa del marxismo, y se olvida o prescinde de la caracterización institucional del régimen político, en clara coincidencia con la comprensión del marxismo ortodoxo del pasado, precisamente superado por autores que renuevan ese pensamiento como Howbsman, a quien se hace un homenaje póstumo en el artículo de El Telégrafo en mención. Cabe también referirse al punto de vista -en esta misma línea- de Fander Falconí director de la Senplades, quien dice en una entrevista en la revista Vistazo, 2012: “Recuperar el estado la autoridad pública no es estatismo ni autoritarismo. Iniciamos la liberación del estado de los grupos de poder que lo mantuvieron atado a sus intereses”.

3 Poulantzas (1968) inicia esta discusión en la década de los setenta del siglo pasado. El es probablemente el más destacado pensador crítico sobre esta problemática del Estado. En su obra capital formuló la diferencia entre régimen y forma de Estado, cuestión que hasta entonces se le atribuía a la politología liberal o neoinstitucionalista.

4 Me refiero a que la política llamada por el Gobierno de desarrollo endógeno ha estado ligada  a determinadas circunstancias económicas como la que se dio en el 2008 y que generó una política anticrisis; o en el 2012 por las medidas emergentes del Gobierno para enfrentar el déficit de la balanza comercial que llevó a restringir las importaciones.

5 Augusto Álvarez, entrevista a Rafael Correa en el canal peruano de televisión ATV, Lima, en los primeros días de octubre de 2012: -“Un punto adicional para evaluar su Revolución Ciudadana, tiene que ver con las críticas a la matriz productiva, que no ha logrado cambiarla, que sigue muy dependiente del petróleo. ¿Es cierto eso? ¿Está en camino de cambiar?” Respuesta de Rafael Correa: -“Nos ha ido bien haciendo lo mismo de siempre [...] Sin embargo, tenemos un problema, entre otros, es que estamos haciendo mejor, mucho mejor pero lo mismo de siempre. El gran desafío, usted preguntaba hace un momento, para el nuevo período ¿qué se puede plantear? eso: la diversificación de la matriz productiva, es decir, hacer lo que estamos haciendo excelentemente bien -como hasta ahora- pero hacer nuevas cosas de igual manera extraordinariamente bien.”

6 Fánder Falconí, Secretario de la  Senplades, afirmó en una entrevista a la revista Vistazo en octubre de 2012: “El cambio de matriz productiva va a apuntalar un proceso distinto de acumulación y de especialización interna. Necesitamos el aporte de la inteligencia y la creatividad ecuatoriana en la producción”. Y que viene expuesto en el Programa de Gobierno 2013-2017 de Alianza País.

7 La definición del modelo y la estrategia de desarrollo planteada por la SENPLADES tiene por intención construir en el mediano y largo plazo una economía del bioconocimiento y la información. El desarrollo de una base industrial alrededor de la biotecnología, la “nano” tecnología y las ciencias de la información, sustentada en la explotación sostenible de nuestra mayor ventaja comparativa, la biodiversidad. Es la apuesta del modelo del Buen Vivir según la SENPLADES y Plan Nacional del Buen Vivir, y hasta ahora marca el tono del discurso oficial. Bajo esta estrategia, el modelo de universidad que se intenta promover es el de una “institución de educación superior pública -dice Arturo Villavicencio- que promueva la investigación, el desarrollo científico y tecnológico; la generación y difusión del conocimiento, con el objeto de formar profesionales innovadores, competitivos y dinámicos, de alta calidad técnica y excelencia profesional, que contribuyan al desarrollo del Ecuador y de la región, al cambio en la matriz productiva del país, aporte al progreso y avance científico y tecnológico de la región y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población del Ecuador y de América Latina…” Esto sobre la base de crear un enclave universidad-desarrollo científico-tecnológico en Yachay, Imbabura, y disminuir la importancia de la universidad pública ecuatoriana en su conjunto.

8 Bonapartismo que significa la unidad histórica de la autonomía del Estado moderno y que significa la unidad de actuación vertical del ejecutivo, desautorización del parlamento, subordinación de todo poder al Ejecutivo y personalidad de líder carismático.

9 Periódico El Comercio, 18 marzo 2013. La noticia registra el análisis realizado por la consultora Habitus, que certifica el crecimiento de la clase media en los últimos 10 años: “A finales del 2012 el 35% de la población era de clase media, mientras que en el 2003 solo alcanzaba el 14%, es decir, se incrementó en 21 puntos.”

10 Las características de descentralización es un aspecto que debe profundizarse a partir del análisis del Código de Ordenamiento Territorial, donde aparece una tensión entre concentración y centralización del poder del Estado Intervencionista y la necesidad de descentralización regional y local, como uno de los aspectos del proceso de configuración del Estado Plurinacional.

11 Nuevo ciclo histórico (como han considerado algunos académicos) que puede asimilarse a la categoría planteada por Gramsci de bloque histórico y hegemonía. Cabe aquí la reflexión en el período de Rafael Correa -a propósito del nuevo ciclo histórico- y examinar las características que se constituyen en  un nuevo bloque histórico y hegemonía en Ecuador del siglo XXI.

12 Recordamos la forma de selección de los integrantes de los organismos de participación ciudadana. Este es un asunto que se dio al seleccionar y conformar la Comisión de Participación, tratando de manipular su conformación y colocar integrantes de esta nueva institución, cercanos al Gobierno.

13 El informe de la consultoría internacional dirigida por el consultor internacional español Baltasar Garzón manifiesta incorrecciones en el proceso de reestructuración como es el caso de la  selección de jueces ligados al gobierno de Correa.

14 Código de la democracia. Se vuelve pertinente examinar el diseño jurídico político del mencionado Código, que desconoce la realidad política vivida en años anteriores y repite procedimientos, incentivos y normas para impulsar la construcción del sistema de partidos en forma igual a lo generado en la época de la llamada “Partidocracia”.

15 De todas maneras, existe un sector que se ha mantenido e intenta revertir la orientación actual del Gobierno hacia la izquierda. Este es un dato pero también un resultado de la correlación de fuerzas.

16 Algo propio del mundo actual donde la comunicación ha adquirido signos de espectáculo, aspecto destacado en el llamado mundo “posmoderno”.

17 Como se denomina el mecanismo constitucional por el cual el Ejecutivo tiene la atribución de disolver la Asamblea Nacional por una ocasión en el período, a cambio de lo cual se realizan nuevas elecciones de asambleístas y de presidente de la República (de ahí el nombre de “muerte cruzada” de unos y otros).

18  La presencia de intereses regionales y particulares de sectores, clases y grupos económicos, quedan incluidos en este proceso estatal descrito.

19 Cuando  Poultanzas  analiza el régimen político lo relaciona con la lucha de clases en la escena y por tanto, el régimen político es una expresión  de las clases en lucha. Por tanto, se requiere “pulsar” la correlación de fuerzas  para definir al régimen político.

20 Constitución de la República, Art. 159: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes, y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución”. Es interesante anotar que la Constitución de Montecristi suprimió aquella disposición que estuvo inscrita en las anteriores cartas políticas, que atribuía a las Fuerzas Armadas su condición de garantes en la democracia, cambio operado precisamente para desplazar su influencia en posibles conflictos como en el caso del 30-S.

21 Queda pendiente un análisis pormenorizado de juntas electorales en parroquias y cantones de alta densidad de población indígena para corroborar lo señalado.

22 De los resultados electorales de la Consulta Popular del 7 de mayo 2011 se desprende lo siguiente: en el caso de la Sierra-Centro, en Cotopaxi el SÍ pierde en las 10 preguntas, con un porcentaje del 22.1 % de población que se auto identifica étnicamente como indígena, según el Censo de Población de 2010; en Chimborazo pierde el SÍ en todas las preguntas, con el 38 % de la población auto identificada como indígena; en Bolívar se repiten esos resultados y pierde el SÍ en las diez preguntas (25.4% considerados como indígenas). Para la provincia de Tungurahua pierde el SÍ, igual que en las anteriores, con una auto identificación indígena de 12.4%. En la región Amazónica, se repite la misma situación, donde la identificación indígena es equivalente en Napo al 56.8 %, Orellana 31.8 %, Pastaza 39.8 %, Morona Santiago 48.4 %, Zamora Chinchipe 15.6 %, donde pierde el SÍ en todas las preguntas. A esta constatación de la representación electoral habría que relacionarla con los intereses económicos y políticos que se expresan  por parte de la región del Guayas. Habría que afinar mejor esta hipótesis y examinar su correlación con la presencia del guayaquileño Glass en la candidatura a la Vicepresidencia, escogido por Rafael Correa, para las elecciones del 17 de febrero de 2013.

23 Se evidenció adicionalmente una votación similar y equilibrada a favor del correísmo, en las dos regiones principales, Pichincha y Guayas.