Transcurridos casi siete años de iniciado el proceso de la revolución ciudadana varios son los análisis y evaluaciones que se han realizado tanto desde dentro del propio Gobierno como desde fuera de la pluma de los críticos del Régimen. Dejando de lado las posturas simplistas de cierta oposición y aún de algunas de las declaraciones oficiales en las que todo es blanco o negro sin lugar a cualquier escala de grises, merece la pena continuar inten-tando comprender el origen, el rumbo y el posible futuro de la revolución ciudadana. Siendo, como es la realidad, tan compleja no se pueden abordar todos los temas posibles por lo que en este trabajo me concentraré en unas cuantas reflexiones sobre el carácter del Estado que se propuso construir PAÍS en el proyecto original, al que podríamos lla-mar el Estado soñado, el Estado que se diseñó en la Asamblea Constituyente, como proyecto de vida en común, y, finalmente, el Estado real que se está construyendo en el día a día de las concreciones prácticas del correísmo. Algunas preguntas surgen a la hora de comen-zar estas reflexiones ¿Cuál era el carácter del Esta-do soñado por PAÍS en los albores de la revolución ciudadana? ¿En qué medida el Estado caracterizado por la Constitución de 2008 ha sido el marco para el aterrizaje de los sueños y la hoja de ruta para su concreción? y ¿El Estado que se ha ido construyendo en los años posteriores a la Constituyente, en qué medida es fiel a los sueños originales y a la propues-ta constitucional? ¿Hacia dónde podrá evolucionar el carácter del Estado, tras la victoria de Correa para su tercer mandato presidencial? Son preguntas que deben merecer un intento de respuesta. Para inten-tarlo parece necesario tener en cuenta no solo los aspectos teóricos relativos a las temas a tratar, sino los datos de la historia reciente y las actuaciones, tanto de los protagonistas del poder, como de aque-llos que actúan desde la ciudadanía y se atreven a cuestionar al poder reinante. Desde el punto de vista de la teoría del Estado -término creado por Maquiavelo-, los especialistas se dividen en dos corrientes, aquellos que destacan los elementos de acuerdo o pacto social para cons-truir un conjunto de normas y leyes para vivir en un territorio con libertad y seguridad, como es el caso de Cicerón, San Agustín, Hobbs, y otros autores mo-dernos y cuya realización pretende plasmarse en los Estados democráticos de derechos. Citemos como ejemplo la definición de H. Grocio: “La asociación perfecta de hombres libres unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad común. Es la asociación política soberana que dispone de un territorio pro-pio, con una organización específica y un supremo poder facultado para crear el derecho positivo”. Por otro lado están aquellos que destacan los elementos coercitivos en la construcción del Esta-do, como es el caso de Marx, Max Weber, Herman Heller y otros como F. Oppenheimer que lo expresa de manera extrema: “Estado es la institución social impuesta por el grupo victorioso al derrotado con el propósito de regular su dominio y de agruparse contra la rebelión interna y los ataques del exterior”; de manera más suave M. Weber afirma que el “Estado es la coacción legítima, la fuerza bruta como última razón que mantiene el monopolio de la violencia”. Carlos Marx coincide en definir al Estado como el reino de la fuerza, no en función del bien común sino del interés de clase, no tiene como fin el bienes-tar de todos, sino de los que detentan el poder. Hay, pues una tendencia a considerar el Estado como una dictadura, en la que lo relevante no es el cómo se gobierna, sino quien lo hace. Al final de este tra-bajo aspiramos a que los lectores podrán dilucidar cómo estos conceptos están en pugna en la realidad política ecuatoriana. 

 

 

El Estado soñado

 

En esta parte analizaremos del documento “Plan de Gobierno de Alianza PAÍS 2007-2011, un pri-mer paso para la transformación radical del Ecua-dor” que se presenta como “Propuesta en construc-ción colectiva” con fecha 26 de noviembre de 2006 que fuera ampliamente difundido entre la dirigencia y las bases del naciente movimiento. Para comenzar es importante ubicar históricamente el momento y el lugar en el que surgen los sueños. El documento de Alianza PAÍS reconoce que el País Soñado se ins-cribe en continuidad de las luchas históricas y los sueños de los pueblos del Ecuador por conseguir un país más justo y solidario. En continuidad con esos sueños y luchas el País Soñado se ubica en 2006 cuando los ecuatorianos esta-mos asistiendo a la crisis terminal del Estado, surgida y alimentada en las últimas décadas de vuelta a la de-mocracia después de la dictadura militar, a manos de los vientos neoliberales de la privatización y del domi-nio de los organismos multinacionales, la deuda exter-na, el congelamiento bancario, la corrupción, la ines-tabilidad política, especialmente en la última década. Estos sueños se nutren de la diversidad, que lejos de ser un obstáculo son una fortaleza: “Somos un país de distintos y diversos pueblos y cosmovisiones, con dis-tintas historias y urgencias, pero que compartimos ne-cesidades y sueños comunes. Nuestro país se caracteriza por contingentes colectivos con identidades diferencia-das: indígenas, mestizos, cholos, afroecuatorianos, blan-cos. Esa diversidad no es un obstáculo, sino una fortaleza […] Requerimos prácticas que potencien la intercultura-lidad de ida y vuelta, que respete y valore al otro” 

 

Carácter colectivo del País Soñado

 

Es fácil entender que la frustración acumulada y las esperanzas represadas durante décadas de par-tidocracia neoliberal encontró el terreno abonado, la coyuntura histórica para soñar con un Estado diferente, de manera que la propuesta de PAÍS fue expresión y eco de la mayoría de los ecuatorianos de todas las regiones y estratos sociales. Por todo ello el País Soñado es el fruto de una minga colectiva de sueños compartidos, tal como lo refleja una nota del propio documento calificado de “documento co-lectivo en construcción”, como una construcción colectiva de amplísima participación. De hecho al final del documento consta una larga lista de apor-tes y participaciones tanto de personas naturales como de instituciones. Por eso no cabe duda que la gran mayoría de ecuatorianos podía ver reflejado en la propuesta soñada por PAÍS sus propios sueños, anhelos y reivindicaciones:

 

Este Programa sintetiza un conjunto de ideas y pro-puestas que hemos recogido a lo largo y ancho de la Patria, resume los sueños de la mayoría de habitan-tes del Ecuador, de todas sus regiones Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos, e incluso, de nuestros compa-triotas que se encuentran fuera por efecto de la emi-gración. Este programa lo construimos en plural, con la participación de amplios sectores de ciudadanos y ciudadanas, […] en esta minga por un nuevo PAÍS.

 

El carácter colectivo del documento se proyecta al futuro, en un nuevo estilo y forma de hacer la política y el Gobierno, precisamente porque se trata de superar los viejos caudillismos, personalismos y el dominio de grupos plutocráticos. Lo podemos leer con todas sus letras en las páginas 9 y 13 del Plan de Gobierno, den-tro del acápite ¿Por qué necesitamos el cambio?

 

No estamos preparando la victoria de una persona. No estamos preparando la victoria de un grupo. Es-tamos construyendo la victoria de todo un pueblo […] No proponemos seguir a líderes mesiánicos. La construcción de un nuevo país no implica crear un nuevo régimen de dominación […] no creemos en liderazgos individuales que conduzcan a la consti-tución de estructuras verticales y caudillescas, sino en liderazgos colectivos sustentados en la autocríti-ca, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones y en la humildad.

 

Así mismo en la sección sobre las Bases pro-gramáticas del Ecuador que soñamos se convoca a una minga general para la construcción colectiva del sueño una vez llegados al poder:

 

Los medios y los instrumentos tienen que llevarnos a un fin compartido: un buen vivir en armonía con la naturaleza. Se trata de una propuesta incluyente. Esto quiere decir que pensamos en todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, particularmente en los sectores populares, en los desposeídos, en los margi-nados, pero no solo como sujetos pasivos, si no como protagonistas en este proceso de cambio, para que desde ahora puedan adueñarse del presente y sobre todo de su futuro. 

 

Contenidos del Sueño colectivo

 

En el Capítulo 1 del documento bajo el título El País que Soñamos se habla del “país/Estado soña-do” 40 veces de modo explícito y otras 30 más de ma-nera implícita. Allí se describen los sueños compar-tidos; otros términos como “queremos”, “deseamos”; contribuyen también a la descripción de la utopía que impulsa la Revolución Ciudadana: la palabra “revolu-ción” se usa 28 veces y se expresa como necesidad de “cambio” (33 veces), “reforma” (31 veces), “transforma-ción” (24 veces), “alternativo” (14 veces) y otros más. Un resumen apretado de los atributos del País soñado en los que aparece este lenguaje:

 

Se sueña con un País/Estado social de derecho democrático que garantice la justicia, en una democracia participativa, deliberativa y consen-sual, donde se garantice la libertad de opinión, la disidencia y la crítica y la vigencia de los dere-chos humanos; una Justicia independiente de los otros poderes del Estado y de los poderes fácticos; en un Estado plurinacional, inclusivo respetuoso de las diferencias y exento de discriminación; un Estado, eficiente, transparente, solidario y mo-derno que se gobierne de manera descentraliza-da que fomente el desarrollo local y haga justicia a los territorios; un País en el que todos sus ha-bitante vivan en armonía con la naturaleza; un Estado que destierre la pobreza y la mendicidad y se logre la soberanía alimentaria; en una eco-nomía social y solidaria que genere riqueza para todos; en una gestión fiscal redistributiva; una sociedad de paz y de convivencia armónica y sin violencia; Un Estado que tenga como motor del desarrollo la educación, la salud y el trabajo; Un Estado soberano en el concierto internacional y en busca de la unidad Latinoamericana. 

 

El Estado en los cinco Ejes de la Revolución ciudadana

 

En la cuarta parte del documento se exponen los cinco grandes ejes de la Revolución Ciudadana:

 

1) Revolución constitucional y democrática, 2) Revo-lución ética: combate frontal a la corrupción, 3) Re-volución económica y productiva, 4) Revolución edu-cativa y de la salud, y 5) Revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana.

 

En el Capítulo 4.1 sobre la Revolución Cons-titucional y Democrática, en la pág. 19 se dice que una de las tareas de la Constituyente será la de “Ge-nerar un Estado descentralizado que transfiera no solo competencias sino recursos y poder de decisión para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía […] y aca-bar con el centralismo excluyente e ineficiente” Se continúa en la pág. 20: “Hay reformas que pare-cen importantes: Despartidizar las instancias de control del Estado para disminuir la influencia de los grupos de poder”. Luego se mencionan las reformas que se lleva-rán a cabo para mejorar la función electoral: su divi-sión en dos entes, uno técnico y otro judicial, la elimina-ción del voto en plancha y la revocatoria del mandato”. En la pág. 21 se enumeran los compromisos que deberá cumplir la Asamblea Constituyente para im-pulsar la reforma política para construir la demo-cracia participativa radical, incluyente, que respete y construya los Derechos Humanos, enfrentando y superando el corporativismo y la desinstituciona-lización del Estado: “Independencia y corresponsabi-lidad de las funciones del Estado”, “Reestructuración y fortalecimiento de los organismos de control”, “Re-estructuración y fortalecimiento de las entidades del Estado”, “Participación ciudadana”, “Planificación de-mocrática” y “transformación del sistema electoral”. Subrayemos los contendidos de los textos más significativos de estos acápites, pág. 22: Apostamos Por una Función Judicial autónoma, independiente y no manejada por los partidos políticos, menos aún por los grupos de poder económico.

 

Por una Función Legislativa que recupere la capacidad de legislar, fiscalizar y representar los intereses populares dis-tanciados del alcance de los grupos de poder y de la partidocracia vinculada al poder oligárquico. Por la creación de una instancia de justicia electoral y no de representación directa de los partidos como jueces y parte. […] Las campañas electorales deben garantizar el acceso equitativo de la sociedad a los espacios de comunicación, estableciendo no solo un techo al gasto electoral, sino asegurar un piso mí-nimo a todos los candidatos y las candidatas, entre otras muchas reformas que deberán dar paso a un proceso de despartidización y descorporativización de las instancias de ejecución y acción electorales.

 

Sobre la descentralización del Estado se propone:

 

Proponemos ir a un proceso agresivo de descentrali-zación, de desconcentración y de correctas autonomías. Esto mejorará la calidad de la administración pública y la transparencia, lo que elevará la calidad de la democracia en tanto crezcan y se consoliden las instancias de participación y control, de la ciu-dadanía […] La sociedad debe conocer y aprobar, a través de un amplio debate, propuestas de descen-tralización y autonomía sustentadas en la razón y la solidaridad.  

 

Cuando se habla de la Revolución Ética se afirma que “el funcionamiento de una sociedad depende de la confianza mutua y del uso de normas explícitas e implícitas que sean cumplidas por toda la ciudada-nía” y a continuación se menciona a la corrupción “como un lastre que impide fortalecer la confianza”. Si se echa de menos, en el documento un mayor énfasis sobre los temas éticos y un mayor desarrollo de las estrategias para la lucha contra la corrupción y la superación de la inseguridad. 

 

Conclusiones

 

En síntesis: El Plan de Gobierno de Alianza PAÍS de 2006 apunta a rescatar y reconstruir el Estado ecuatoriano superando sus falencias históricas y de manera muy especial de los efectos destructores de la legislación y las políticas implementadas por los gobiernos neoliberales de las últimas décadas que lo habían sumido en una situación de Estado casi fracasado, incapaz de cumplir los fines para los cuales debe existir.

Se aspira a construir un Estado moderno y eficiente, democrático y participativo, con un énfasis muy importante en la tareas de proteger los Dere-chos Humanos; un Estado con instituciones sólidas y confiables que generen estabilidad y seguridad; una República con una auténtica independencia y coordinación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; una democracia electoral igualitaria con participación de partidos políticos fuertes; se apues-ta por un Estado descentralizado para promover la autonomía de los territorios y hacer justicia a sus ne-cesidades; se aspira a construir una administración transparente y con eficientes mecanismos de control para combatir la corrupción.

Se subraya con fuerza la necesidad de un Estado inclusivo que haga justicia a la diversidad cultural de la población, a las condiciones específicas de los grupos humanos más necesitados de protección y mere-cedores de acciones positivas. Al mismo tiempo se subraya la necesidad de un Estado comprometido con la sustentabilidad de la biodiversidad y la protección del patrimonio natural sobre la base de una propuesta de desarrollo que pone en el centro la dignidad de los se-res humanos viviendo en armonía con la naturaleza.

Aunque no es parte constitutiva del Estado, sin embargo se diseña un modelo de economía social y solidaria, moderna y competitiva, en la que se conjugan de manera equilibrada Estado, mercado y sociedad. Finalmente se vislumbra al Estado ecuatoriano como parte y protagonista del proceso de emancipación y soberanía e integración Latinoa-mericana, para superar la dependencia económica y política de los poderes transnacionales.

El documento se cuida mucho de identificar la propuesta con alguna corriente de izquierda; no hay alusiones al socialismo del siglo XXI. El énfasis revolucionario radica en la recuperación y modernización del Estado y en la implementación de políticas sociales inclusivas que hagan justicia social, territo-rial, étnica e impulsen la participación y el sentido de pertenecia al Estado de todos sus habitantes, bajo la categoría de ciudadanos.

Hay que decir también que el carácter del do-cumento es más bien poético en el mejor sentido de la palabra, portador de sueños y generador de energías y esperanzas. Por ello mismo es portador de una propuesta germinal, en construcción, que está abierta a diversas interpretaciones y que más adelante deberá aterrizar en concreciones más pre-cisas. Por ello es muy posible que si bien el texto es un espacio de convergencia para la mayoría de sus autores y lectores, era previsible que las posteriores interpretaciones y concreciones pudieran generar divergencias y tensiones. 

 

Importancia de la Constituyente

 

Antes de entrar en el análisis del Texto Constitu-cional, que abordaremos en el siguiente apartado, de-bemos quedarnos todavía por un momento en el Plan de Gobierno de Alianza PAÍS 2006, y releer el primer eje de los cinco propuestos para la transformación del Ecuador, en concreto el acápite dedicado a la Revolución Constitucional y Democrática. Es importante recuperar cuál era la importancia y el peso de la propuesta de la convocatoria a la Asamblea Constituyente y de la nueva Constitución a ser redactada.

De llegar al poder, PAÍS se compromete a llamar al pueblo a una consulta popular para convocar y fijar los términos y alcances de una Asamblea Constituyente de plenos poderes. La convicción de que una nueva constitución era indispensable para lograr cambiar el Estado y construir el país de los sueños, era tan fuerte que PAÍS no presentó candidatos para el Congreso, lo cual era coherente con la intención de establecer un nuevo orden jurídico e institucional por medio de un proceso constituyente.

Las tareas encomendadas a la Constituyente se explican en dos acápites: Reforma política del Estado y Descentralización de la gestión del Estado. En el primer acápite se desagregan: “Independencia y corresponsabilidad de las funciones del Estado; Reestructuración y fortalecimiento de los organismos de control; Reestructuración y fortalecimiento de las entidades del Estado; Revocatoria del mandato; Participación ciudadana y Transformación del sistema electoral”. En el segundo acápite: “diseñar un proceso progresivo de desconcentración y de correcta autonomías; Fortalecer los procesos de desarrollo local y asegurar los gobiernos locales con énfasis en la satisfacción de necesidades y desarrollo económico inclusivo”. 

 

El Estado diseñado

 

En esta parte analizaremos el texto de la Consti-tución de 2008, que constituye la concreción del Es-tado soñado por PAÍS. En efecto, ganadas las elecciones el flamante gobierno la carne en el asador para llevar a cabo las ofertas de campaña, de manera especial la de la convocatoria a la Constituyente. Sin detenernos en los detalles que condujeron a ella, la Asamblea Constituyente se instaló en Montecristi el 30 de noviembre de 2007 y comenzó su trabajo bajo la presidencia de Alberto Acosta. Para ello la Asamblea trabajó en 10 mesas. Para redactar la nueva Constitución los asambleístas contaban con seis meses de plazo con dos más de prórroga. Dejando para luego algunos incidentes dignos de comentario, el texto Constitucional fue aprobado por la Asamblea el 24 de julio de 2008 y aprobado en plebiscito el 28 de septiembre de 2008.

 

El Estado diseñado en la Constitución de 2008

 

En el título I se establecen los elementos cons-titutivos del Estado relativos a sus clásicos componentes, a saber: Capítulo primero: Caracterización del Estado (Art. 1), símbolos e idiomas (Art. 2) y sus deberes primordiales (Art. 3), Definición del Territorio (Art. 4 y 5) y Determinación del pueblo de pertenencia (Cap. segundo: Ciudadanas y ciudadanos. Arts. 6, 7 y 8). De ello nos interesa en particular los artículos sobre el carácter y deberes del Estado, y algún comentario sobre lo restante.

Así el carácter de Estado se diseñó en el Art. 1:   

 

El Ecuador es un Estado constitucional de de-rechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, pluri-nacional y laico. Se organiza de forma de repú-blica y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos no renovables del te-rritorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.

 

Bien puede decirse que el Art. 1 de la Constitución concreta el diseño del Estado muy en consonancia con las características del Estado Soñado. La expresión “de derechos y justicia” profundizó, en la línea del derecho constitucional progresivo, el carácter garantista del Estado Ecuatoriano. Sin embargo sorprende la alusión a los recursos no renovables, en este artículo, ya que su lugar propio serían los Art. 4 y 5. Este énfasis anticipado tiene sin duda un significado que anuncia la importancia de los recursos no renovables en manos del Estado, una preocupación muy recurrente del presidente en funciones.

El Art. 2 además de confirmar los símbolos patrios hace justicia a la pluriculturalidad de la población del Ecuador, admitiendo “el castellano, el kichwa y el Shuar como idiomas de relación intercultural y a los demás idiomas como de uso oficial en las zonas donde habitan. El Estado se compromete a su conservación y uso”. Hay que decir que el artículo fue muy debatido y estuvo a punto de fracasar por cierta oposición de los círculos cercanos al Ejecutivo; salió adelante gracias a la insistencia de algunos asambleístas que en algún momento fueran calificados como “infiltrados”. 

En el Art. 3 se enuncian los deberes primordiales del Estado:

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la cons-titución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 4. Garantizar la ética laica como sus-tento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática libre de corrupción.

 

 

Especial atención damos al primero de los deberes del Estado, que se desarrollan en el Título II sobre los Derechos, de manera especial en el Capítulo primero sobre los principios de aplicación de los derechos, y en el Título III sobre las Garantías Constitucionales, que confieren a la Constitución de 2008 el carácter garantista, tan celebrado en su momento, pero destinado a futuras controversias. A muestra de ejemplo, el primer deber del Estado se formula de mejor manera en el Art. 11, literal 9: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”. No cabe duda que en este aspecto la Constitución aterrizó al Ecuador Soñado colocando estándares muy elevados y avanzados, que demandarían al Estado muchas exigencias. 

 

El Estado de Justica, Derechos y Garantías 

 

Insistiendo en el Título II en lo que se refiere a los principios de aplicación de los derechos, algunos de ellos suscitaron gran resistencia en los asambleístas de oposición presentes en la Asamblea, aferrados a las añoranzas del viejo país, por ejemplo el Art. 11, numeral 3: 

 

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales serán de inmediata aplicación por y ante cualquier servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la constitución o en la ley. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento. 

 

Hasta el día de hoy el propio Gobierno ha incumplido este principio y muy pocos jueces se han atrevido a aplicarlo. 

Otros numerales del Art. 11 son igualmente exigentes: 

 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 5. En materia de derechos y garantías… deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 6. Todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. […] 8. El contenido de los derechos se desarrollará de forma progresiva a través de las normas, jurisprudencia y políticas públicas […] será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de derechos”. 

 

Es indispensable hacer un seguimiento del cumplimiento de estos artículos de la Constitución; podemos quedar asombrados de lo que puede estar sucediendo. Lo de injustificadamente, no es discrecional, como veremos en seguida. 

Los avances en tema de derechos y garantías fueron considerados tan importantes por la mayoría de asambleístas constituyentes que merecieron un candado especial en lo referente a las posibles reformas constitucionales futuras. 

En el mismo Título II de Derechos, viene el catálogo de los Derechos del Buen vivir (Cap. 2º, Art. 12-34); Los Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria (Cap. 3º, Art. 35-55); Los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades (Cap. 4º, Art. 56-60); Derechos de participación (Cap. 5º, Art. 61-65); Derechos de libertad (Cap. 6º, Art. 66-70); Los Derechos de la naturaleza (Cap. 7º, Art. 71-74); Los Derechos de protección (Cap. 8º, Art. 75-82) y finalmente el Cap. 9º de las Responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas (Art. 83). Además está el Título III de las Garantías Constitucionales: normativas (Cap. 1º, Art. 84), de políticas, servicios y participación (Cap. 2º, Art. 85) y jurisdiccionales (Cap. 3º, Art. 86-94). 

Como puede constatarse el tema de los Derechos y Garantías ocupa casi una cuarta parte del texto Constitucional. Imposible un análisis exhaustivo. Apenas destacar un par de temas controvertidos. El Art. 57, numeral 7 sobre el derecho colectivo de los pueblos y nacionalidades a la consulta previa, libre e informada fue objeto de fuertes tensiones entre los asambleístas de PAÍS y el Ejecutivo. Al final del artículo quedó de la siguiente manera: “La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviere el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y a la ley”. 

Como se puede colegir, el texto Constitucional dejó sin resolver un tema tan importante, mediante una formulación tautológica: “se procederá conforme a la Constitución”, siendo que la constitución no dice nada y luego deja abierta la cuestión para que la ley lo determine. Además está lo formulado en el Art. 398 dentro del Capítulo de protección de la Biodiversidad y recursos naturales: “Si del proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo por la ley”; es decir la decisión queda a discreción de autoridades administrativas. Como luego se verá, este “gol” del Ejecutivo a la consulta previa será la base para las famosas “socializaciones” que ya conocemos y la frase famosa de que ciertos proyectos “van porque van”.

Otro tema de controversia tiene que ver con la Garantía Constitucional de la Acción de protección (Amparo constitucional de la Const. de 1998) del Art. 88: “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos por la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales […] si la violación del derecho provoca daño grave […] o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”. Esta y otras garantías tratan de poner límites al poder de los distintos funcionarios del Estado y evitar daños irreparables al ciudadano común. El uso y abuso de esta garantía, como veremos, será causa de grandes polémicas. 

Para agotar lo polémico de esta primera parte de la Constitución, hay que destacar la novedad de los Derechos de la naturaleza, que fueron combatidos por los asambleístas de la derecha tradicional y juristas fundamentalistas; sin embargo la novedad ha tenido buena acogida en ambientes internacionales sensibles a la defensa de la vida y la naturaleza, tan amenazada por prácticas extractivas depredadoras. Otra discrepancia que hubo al interior de PAÍS tuvo que ver con temas relativos al aborto y al matrimonio de personas del mismo sexo, donde el Presidente puso el veto frente a ciertas aspiraciones de sectores cercanos a Ruptura de los 25. 

 

La organización el Estado republicano 

 

En el Título IV sobre la Organización y Participación del poder, el capítulo primero sobre la Participación en democracia la Constitución avanza de manera importante, en cuanto a su organización, participación en los distintos niveles de poder, las iniciativas del pueblo para la democracia directa y las reglas de juego para la participación de los partidos políticos y su representación. Es este último punto el Art. 115 establece: “El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de las candidaturas […] se prohíbe el uso de recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental en todos los niveles de gobierno, para la campaña electoral”. 

En lo que respecta a las Funciones Legislativa y Ejecutiva del Estado (Art. 118-140 y Art. 141-166, respectivamente), el diseño constitucional debía ser fiel a los sueños de una República con independencia de poderes y su coordinación para lograr los fines del Estado. Pues bien en el diseño del Legislativo y el Ejecutivo y sus relaciones, el debate Constitucional más importante se estableció en torno al diseño de un Ejecutivo fuerte. La reciente historia de inestabilidad política con el correspondiente desfile de presidentes que llevaron al Ecuador a su crisis política, económica y social, parecía demandar el diseño de un Ejecutivo fuerte, tanto más cuanto el proceso de cambio a implementarse podría encontrar tropiezos e intentos desestabilizadores. 

Los temores y advertencias, tanto de la oposición como de sectores más del centro, se expresaban en el peligro de la implantación de un hiperpresidencialismo. El diseño de artículos sobre el veto presidencial (Art. 138-139) y la muerte cruzada (Art. 148) ocuparon el centro del debate. Aunque muchos asambleístas de PAÍS estaban conscientes del peligro, sin embargo se confiaba que, estando la figura del presidente Correa en el poder, el equilibrio democrático estaría asegurado. No cabe duda que en este punto la Asamblea Constituyente diseñó un Ejecutivo hecho a la medida del Presidente reinante. Los temores se verán pronto confirmados. Al respecto el país soñado al pasar al diseño, colocaba en horizonte algunas posibles pesadillas. 

 

Justicia independiente y autónoma 

 

Por lo que respecta a la Función Judicial, la Asamblea Constituyente apostó por las doctrinas del neoconstitucionalismo que rigen en los Estados modernos y han contribuido al mejoramiento de la administración de la justicia y a la seguridad jurídica. La mesa ocho encargada del tema trabajó en coordinación con el Ministerio de Justicia y los demás órganos del sector. A partir del diagnóstico de la lamentable situación en la Justicia hubo un amplio consenso para diseñar la Función Judicial soñada por los ecuatorianos basada en tres pilares: La independencia interna y externa y la autonomía de los órganos de la Función Judicial (Art. 168); El fortalecimiento del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial (Art. 170), la introducción del pluralismo jurídico (justicia indígena Art. 171) y la instauración del Control constitucional por la Corte Constitucional (Art. 424-440). 

Por aquel entonces, salvo los opositores que añoraban el viejo país -en especial la derecha socialcristiana-, la Asamblea, en amplia mayoría que rebasó la de PAÍS, apoyó el diseño de la justicia del país deseado y soñado. El Régimen de Transición (Art. 20-26) estableció los procedimientos para que la Función Judicial iniciara de manera independiente y autónoma el proceso de renovación. Sin embargo, hay que decir, que una vez aprobada la Constitución, los judiciales responsables de la renovación no estuvieron a la altura de las exigencias y hubo poca coordinación y apoyo del Ejecutivo; de alguna manera el proceso de renovación judicial aparecía un poco ajeno a las prioridades de la Revolución Ciudadana y parecía condenada al fracaso. 

 

El Estado participativo y transparente 

 

Los sueños de un país con una fuerte participación ciudadana se plasmó en el diseño de lo que se llamó el “quinto poder”, expresado en la Función de Transparencia y Control Social (Art. 204-2010) y en el diseño de los órganos de control como la Contraloría General del Estado (Art. 211-212), las superintendencias (Art. 213) y la defensoría del Pueblo (Art. 214-216). Hay que decir que el énfasis del diseño recayó en la vertiente de la institucionalización de la participación para la organización de los concursos para elección de cargos públicos y se desdibujó totalmente la tarea fiscalizadora y lucha contra la corrupción, al desaparecer a la Comisión Cívica de Control de la Corrupción, este aspecto quedó en un segundo plano, a pesar que la Constitución permite que la Función sea parte procesal en la lucha contra la corrupción. El futuro de esta nueva función del Estado tendrá un desarrollo aparentemente insospechado y frustrante, como veremos. 

 

El Estado descentralizado 

 

El Título V sobre la Organización Territorial del Estado (Art. 238-259), diseña el sueño de un país descentralizado y que propicie un desarrollo armónico y justo de los distintos territorios y pueblos del Ecuador para hacer justicia social y territorial y potenciar la creación de regiones autónomas y fortalecer a los GADs (Gobiernos Descentralizados autónomos). Sin embargo el Régimen de Competencias concurrentes y exclusivas y su financiamiento (Art. 260-274) entre los distintos niveles de poder y su articulación con los ministerios del Gobierno central causaban serias preocupaciones a muchos asambleístas y a los actores de los territorios que seguían el proceso constitucional. Podía preverse conflictos en el futuro y de hecho en este tema irían apareciendo concreciones que, lejos de favorecer la descentralización, producirían un mayor centralismo. 

Ante el desmantelamiento de la planificación del Estado operada por la época neoliberal, el país soñado exigía retomar con fuerza los procesos de planificación en el marco de las nuevas estrategias para el desarrollo trabajadas en el anteproyecto político de PAÍS. El diseño de un Ecuador planificado se plasmó en el Título VI sobre el Régimen de Desarrollo (Art. 275-339). El diseño consagró el principio de una planificación participativa del desarrollo (Art. 279-280) para garantizar la soberanía alimentaria, económica, energética y garantizar el manejo de los sectores estratégicos y los servicios públicos. En éste título se sientan también las bases para el diseño de un modelo económico social y solidario que promueva el trabajo y la producción y la democratización de los factores de producción y el comercio justo. De aquí nace la Senplades encargada de diseñar el Plan nacional para el Buen vivir. 

 

El Estado del Buen Vivir inclusivo 

 

Precisamente, en el Título VII la Constitución diseña el Régimen del Buen Vivir que incluye un Sistema Nacional de Inclusión Social (Cap. 1º Art. 340-394)) que garantiza el acceso inclusivo y participativo de la población a la educación, a la salud, seguridad social, la gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. En el Cap. 2º Biodiversidad y Recursos Naturales (Art. 395-415) se desarrollan los principios y garantías para un desarrollo sustentable en coherencia con los Derechos de la Naturaleza, la protección y conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural y su uso social. Hay un énfasis en la soberanía y propiedad del Estado sobre los Recursos Naturales y Estratégicos que posibilitan un manejo centralista y vertical de los mismos. 

 

El Estado soberano 

 

Así llegamos al Título VIII sobre las Relaciones Internacionales (Art. 416-423) en el cual se aseguran los principios (Art. 416) y normas que garantizan el diseño de un Ecuador soberano, insertados en el concierto de los demás estados y de manera especial en los procesos de integración Latinoamérica. Ya en el Art. 5 se había declarado territorio de paz y la prohibición del establecimiento de bases extranjeras con propósitos militares en el territorio, ahora se reitera en el Art. 416, numeral 4. Hay que destacar el principio de la ciudadanía universal y la libre movilidad de los habitantes del planeta en el numeral 5. Se promueve la conformación de un orden global multipolar en el numeral 10. 

A partir del Art. 417 se equiparan los tratados internacionales con la Constitución y se ordena que “En el caso de que los tratados y otros instrumentos relacionados con los derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de clausula abierta establecidos en la Constitución”. En el tema de los tratados internacionales, estos se supeditan a la aprobación de la Asamblea nacional en casos específicos; entre ellos, los que se refieran a los derechos y garantías establecidas en la constitución (Art. 418, numeral 4) y los que comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético (numeral 8). 

En el Art. 420 se prevé la posibilidad de ratificación o denuncia de los tratados internacionales vía referendo. Art. 421: la aplicación de los instrumentos comerciales no podrán menoscabar los derechos del buen vivir. Art. 422: Se prohíbe celebrar tratados internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción y soberanía a instancias de arbitraje internacional en controversias del Estado con personas o entidades privadas. Se estableces restricciones en lo referente a soluciones con problemas relacionados con la deuda externa. Como podemos constatar, en el ámbito de las relaciones internacionales, hay mucha coincidencia entre el país soñado y el diseño constitucional. 

 

El Estado Constitucional y la seguridad jurídica 

 

Finalmente abordamos el Título IX sobre la Supremacía de la Constitución donde se trata de los Principios (Art. 424-428), este título incorpora a la Constitución los principios, instituciones y candados del neoconstitucionalismo moderno, para superar el viejo vicio de las constituciones ecuatorianas que quedaban escritas en el papel, pero de poco servían para orientar el ordenamiento jurídico secundario y que muchas veces no encontraba causes para su aplicabilidad. 

Se establece la constitución como norma suprema y la nulidad de cualquier ordenamiento jurídico que la contradiga (Art. 412); se ratifica el principio de aplicación directa y cumplimiento inmediato de la Constitución y de los tratados internacionales de Derechos Humanos (Art. 416) y la obligatoriedad del principio de aplicación del derecho progresivo, es decir de las formulaciones más favorables y la obligatoriedad de los jueces de suspender toda acción en caso de duda y obligatoria consulta a la Corte Constitucional (Art. 428). 

En este mismo título se diseña la Corte Constitucional (Art. 429-440). Se trata del órgano más importante creado por la Constituyente ya que está encargada del control e interpretación constitucional (Art. 429), dotada de total independencia y autonomía (Art. 430); además los nueve miembros de la Corte gozan de una extremada inmunidad ya que no están sometidos a juicio político. Solo podrán ser acusados por el fiscal general y juzgados y condenado por las dos terceras partes del pleno de la Corte Nacional de Justicia (Art. 431). Sus miembros duran nueve años y serán removidos en un tercio cada tres años. Son designados por una comisión formada por delegados de las funciones del Estado mediante un concurso público y veeduría ciudadana (Art. 434). La Corte conocerá las acciones de inconstitucionalidad de oficio y a petición de parte de todos los actos legislativos, administrativos y de Gobierno que vulneren los derechos constitucionales y expedir sentencias que creen jurisprudencia (Art. 436). 

Es importante registrar el texto del Art. 437: “Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos y resoluciones con fuerza de sentencia”, bajo ciertas condiciones. Este artículo fue muy cuestionado por la los asambleístas de la oposición, aduciendo que se estaba creando una cuarta instancia. Sin embargo fue defendida por la mayoría de asambleístas de PAÍS con plena conciencia de que se quería asegurar que los derechos y garantías constitucionales no quedaran en letra muerta. Como se verá, este artículo tendrá luego su historia. 

Así mismo el Título concluye el texto constitucional con el Capítulo referente a las Reformas de la Constitución (Art. 441-444), en los que se trata de las enmienda (Art. 441), de la reforma parcial (Art. 442) y de las reformas que impliquen tocar los derechos y garantías constitucionales que solo podrá ser realizada mediante calificación de la Corte Constitucional y convocatoria a una nueva constituyente, previa consulta popular (Art. 443-444). Los candados colocados por los constituyentes aspiran a dar a la Constitución la estabilidad y seriedad necesaria para que el diseño del Estado perdure por largo tiempo y no esté sujeta al manoseo permanente de los gobiernos de turno. Estos candados ya han sido objeto de controversia luego del plebiscito aprobatorio de septiembre de 2008. 

 

Algunos hechos importantes 

 

Tras este somero recorrido por el texto constitucional y al constatar el diseño de Estado propuesto, es necesario resaltar algunos hechos conexos con el desarrollo mismo de la Asamblea Constituyente. Lo primero que hay que decir es que aunque se convocó a una asamblea de plenos poderes, en la práctica, los poderes de la constituyente fueron limitados. Estos límites no vinieron de la propia Asamblea, que siempre reivindicó los plenos poderes frente a las protestas de la oposición, sino de un acuerdo al interno de los círculos del buró político de PAÍS y el presidente Rafael Correa. A este propósito el discurso de Correa en la inauguración reflejó tensiones 

con el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta. Además Correa fijó ciertos límites doctrinales que la Asamblea no podría transgredir. 

Durante la aprobación de los textos constitucionales surgieron importantes discrepancias entre el Ejecutivo en funciones y la Asamblea presidida por Alberto Acosta en algunos temas, de manera especial en aquellos relativos a la plurinacionalidad del Estado, los derechos colectivos, particularmente, la consulta previa, los derechos sexuales y reproductivos y el control del Estado sobre los recursos naturales. Parecía claro que, PAÍS coincidía y consensuaba democráticamente la mayoría de los textos, pero ya se manifestaba, en importantes detalles, un conflicto entre tendencias difícilmente conciliables. En los puntos decisivos se impuso Correa. Hay que recordar que algunos asambleístas fueron calificados por el presidente como “infiltrados” y acusados de tener “agenda propia”. 

Sin duda el incidente más importante ocurrido durante la Asamblea Constituyente ocurrió un mes antes de su finalización, con la sustitución de la presidencia de Alberto Acosta por la de Fernando Cordero, el 27 de junio de 2008. Esta sustitución fue fruto de un grave conflicto interno de PAÍS. El plebiscito de convocatoria a la Asamblea había previsto seis meses y dos más como plazo para elaborar la nueva constitución. A punto de agotarse el plazo ya prorrogado se hizo evidente que se necesitaría algún tiempo más (un mes por lo menos) para lograr culminar la redacción y aprobación del texto constitucional; Acosta lo planteó en el buró político de PAÍS y allí ardió Troya. 

Correa ya venía acusando al presidente constituyente de ser “demasiado democrático” y no faltaron quienes atribuían a la conducción de Acosta el retraso de la Asamblea, ya que de hecho Correa hubiera deseado poder tener la constitución para el 24 de mayo de 2008. 

Se le pidió a Acosta dar un paso al costado y Fernando Cordero se ofreció para terminar la constitución en el tiempo previsto. Ello requería trabajar a presión, forzando los procesos y reglamentos de la Asamblea y disminuyendo la calidad democrática de la misma. La oposición, que de haberse dado la prorroga, hubiera escandalizado a la opinión pública, de todas maneras encontró sobrados motivos y oportunidades para hacerlo, a propósito del irregular funcionamiento de la Asamblea en su último mes de trabajo. 

Si bien los textos constitucionales ya habían sido trabajados en las mesas -no había la Constitución bajo el brazo-, traída desde Venezuela, como bramaba la oposición- sin embargo, hay que insistir en que la calidad del proceso cayó de manera importante. Los asambleístas que hasta entonces habían votado con PAÍS, se sumaron a los opositores, dejando de asistir a las mesas. Los últimos textos encontraron dificultades para contar con el quórum en las mesas; una comisión del buró y asambleístas debió encargarse de elaborar el régimen de transición; la comisión de redacción debió reducir casi cien artículos de los textos salidos de las mesas. Los asambleístas no conocieron el texto definitivo casi hasta el momento de la votación. La aprobación del texto definitivo se hizo contra reloj con asambleístas cansados y medio dormidos lo que valió que el secretario de la Asamblea hiciera la histórica llamada a los asambleístas: “despiértense y voten”. 

 

Conclusiones 

 

Si contrastamos los elementos del “País Soñado” del Plan de Gobierno de PAÍS 2007-2011 y el texto de la Constitución de 2008, podemos percibir que el texto constitucional “diseñó un país” recogiendo prácticamente todos los elementos del país soñado. Sin embargo en algunos aspectos la Constitución llevó los temas de derechos y garantías constitucionales más allá de las formulaciones del Plan de PAÍS, poniendo muy en alto los estándares exigidos al Estado para su cumplimiento, nivel que quizá no fue suficientemente reflexionado y asumido por la mayoría del buró político de PAÍS y del propio presidente Correa. Lo mismo ocurrió con los temas relacionados con la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza y el concepto del “Buen Vivir”. 

Los incidentes y discrepancias acontecidas durante la realización de la Asamblea y que hizo crisis en la sustitución de Alberto Acosta por Fernando Cordero, ya revelaron que había dos maneras de entender aspectos importantes del “País Soñado”. En estos aspectos uno era el sueño de los movimientos sociales y de los asambleístas vinculados con estos sectores y otro era el sueño del presidente Rafael Correa. Hay que decir que a la hora de concretar el diseño del Estado deseado en el texto de la Constitución, el presidente Correa tuvo la habilidad de que el diseño favoreciera, en aspectos claves, un proyecto propio, que se distanciaba del consenso general logrado en la minga convocada para soñar el Ecuador de todos y todas. El país de la Constitución se prestaría para que algunos de los soñadores de primera hora quedaran excluidos en el futuro. 

Por lo que se refiere a la importancia misma de la Constituyente y la Constitución por ella elaborada, cabe decir que el presidente Correa estaba más empeñado en tener una nueva Constitución que una buena Constitución, suficientemente debatida y consensuada; y aunque esta fuera celebrada como “un canto a la vida” y la “constitución para 300 años”, pronto se podría colegir que la constituyente fue importante en ese momento para los intereses políticos de un PAÍS ya liderado, hegemónicamente, por Rafael Correa, pero, se podía anticipar que la Constitución no tendría el carácter de “proyecto de vida en común” o “nuevo pacto social” y que no tendría la importancia que le confirió la convocatoria popular y la naturaleza y vigencia futura de los artículos constitucionales no tendrían el peso que se esperaba. Incluso llegará a ser una camisa de fuerza incómoda para el presidente. Alguien se había apropiado tanto de los sueños que los había convertido en su sueño personal. 

 

 

El Estado en proceso de ejecución 

 

Hay que comenzar reconociendo la enorme tarea y riesgo que implicaba para PAÍS y Rafael Correa ganar las elecciones y tratar de hacer realidad el “país soñado” por la mayoría de los ecuatorianos. El contar con el “diseño del nuevo Ecuador” de la Constitución de 2008, ayudaría mucho en la tarea, pero también generaría dificultades, como podemos entender a partir de los pronunciamientos del propio presidente de la República y de las iniciativas generadas por él. Cabe aquí traer a colación lo dicho hace varios siglos por Nicolás Maquiavelo en su obra “El Príncipe” en el capítulo “Sobre los principados que se adquieren por el valor personal y las armas propias”, el pasaje que citamos a continuación tiene el valor de profecía sobre los acontecimientos que suceden en el Ecuador de hoy: 

 

Los que llegan a ser príncipes por esos medios (valor personal y armas propias), no adquieren soberanía sin trabajo, pero la conservan fácilmente, y las dificultades con que tropieza al conseguirla provienen en gran parte de las nuevas leyes de las nuevas instituciones que se ven obligados a introducir, para fundamentar el Estado y para proveer a su seguridad. Nótese bien que no hay cosa más ardua de manejar, ni que se lleve a cabo con más peligro, ni cuyo acierto sea más dudoso, que el obrar como jefe, para dictar estatutos nuevos. Y cuando uno quiere discurrir sobre este asunto, tiene que concluir que los tibios no aciertan nunca, ni conducen las cosas a buen fin, pero los que tienen suficiente energía para obligar, rara vez dejan de conseguir sus propósitos. Por eso todos los profetas armados han sido vencedores, y los desarmados abatidos. 

 

La izquierda en el gobierno 

 

Es necesario hacer notar que en ninguno de los textos analizados han aparecidos términos como “izquierda” o “socialismo”. Sin embargo sí han estado presentes en los discursos, no solo del presidente, sino también en boca de algunos de sus colaboradores. El primero, para calificar a los excluidos del “sueño” comunitario de “izquierdistas trasnochados e infantiles” y el segundo dentro de la definición, todavía indescifrable, del “socialismo del siglo XXI”, que intenta nombrar el talante reformador, según unos, o revolucionario, según otros, de los gobiernos progresistas de moda en América Latina. 

Toda esa experiencia acumulada por las izquierdas y la oportunidad creada por la situación económica boyante del Continente han hecho posible los procesos venezolano y boliviano como también el proceso ecuatoriano de la llamada Revolución Ciudadana. Y como las oportunidades no se presentan dos veces, Rafael Correa y los muchachos de PAÍS se lanzaron a la aventura de ganar las elecciones y hacerse del poder con la voluntad y determinación: para hacer lo que había que hacer; siempre atentos a cualquier viento golpista real o imaginario y para permanecer en el poder por largos años. Esta voluntad, encarnada en las cualidades carismáticas y de entrega del líder tendría que hacer prevalecer el pragmatismo del poder y de la política real sobre cualquier exquisitez de tipo ideológico y ético. Si se quería tener éxito en la empresa habría que imponer más que proponer. 

El cotejo de los distintos análisis y evaluaciones del proceso de la revolución ciudadana hacen ver que el proceso de la revolución ciudadana ha tenido una evolución cuyas fases están marcadas por los momentos electorales, y como consecuencia también el carácter del Estado que se va construyendo tiene también un camino evolutivo. Tras seis años de Régimen ya es posible visualizar lo que permanece y se ha cumplido del Programa de Gobierno original de 2006, pero también lo que se ha ido apartando, no solo de las formulaciones del Proyecto original, en la línea de una interpretación más personal que colectiva, sino también del “país diseñado” en la Constitución de 2008. 

 

Los sueños cumplidos 

 

Para evaluar en qué medida los sueños y los diseños se han cumplido basta analizar tanto los informes y estadísticas del Gobierno y de organismos internacionales. Como dice una de las más acertadas propagandas gubernamentales “hasta un ciego lo puede ver”. El decidido apoyo de la mayoría de los votantes ecuatorianos en las últimas elecciones es una encuesta de carne y hueso sobre el cumplimiento y la realización de los sueños. El discurso de la oposición de que “estamos peor que nunca” no tiene asidero en la realidad ni hace eco en la conciencia de las grandes mayorías beneficiadas por muchas de las concreciones de los sueños y de los lineamientos constitucionales.

En una breve síntesis: Hemos recuperado el Estado de manera que hoy ya puede cumplir con los fines diseñados en la Constitución. Los altos ingresos del petróleo y la mejora de la recaudación tributaria han permitido invertir en obra pública como carreteras, escuelas, hospitales y cumplir satisfacer las necesidades de muchos ecuatorianos en vivienda, en discapacidades y muchas otras. Muchas instituciones del Estado se han fortalecido. La Asamblea Legislativa ha cumplido casi con todas las leyes mandadas por la constitución. Hasta la justicia ha mejorado en cuanto a edificios y recursos tecnológicos. El Ecuador aparece como un país soberano en el concierto internacional. El Estado se ha modernizado y es mucho más eficiente. El presidente y su causa tienen el reconocimiento interno y externo. Comparado este presidente y este Gobierno con los que tuvimos en las décadas de la partidocracia, aparece como un gigante. Sin duda es el mejor que hemos tenido. 

Sin embargo, “no es oro todo lo que reluce”, si analizamos con detalle y sentido crítico los “sueños”, “los diseños” y “las realidades”. Para ello no es necesario inventarse nada ni sacar conejos de la chistera, basta hacer un seguimiento de los dichos y los hechos del presidente Correa y los resultados de la institucionalidad del Estado que se está construyendo al margen de la Constitución y de los derechos de muchos de la ciudadanía ecuatoriana. También un ciego, con oído y tacto finos lo puede percibir, aunque la miopía y la presbicia de muchos videntes, no sea capaz de detectarlo. El carácter del Estado que se está construyendo es preocupante y no es, ni mucho menos, el mejor que podíamos tener. Veámoslo, dichos y hechos al canto, con alguna paciencia, aunque en panorámica, porque al detalle sería muy largo. 

 

El control de los poderes del Estado 

 

Aprobada la Constitución el primer golpe de los nuevos poderes fácticos contra el Estado diseñado en la Constitución ocurrió el 28 de octubre de 2008. De manera curiosa el régimen de transición se “olvidó” de diseñar la hoja de ruta del paso del Tribunal Constitucional a la Corte Constitucional. Había un imperdonable vacío: ¿cómo el nuevo orden naciente podía estar sin el órgano más importante de control de la Constitución? Entonces, de la noche a la mañana y casi sin reparos el viejo y extinguido Tribunal Constitucional se metamorfoseó en Corte Constitucional “provisional”, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana tuviera tiempo de ocuparse del asunto, que no sería sino al final de todas sus tareas. Curiosamente la mayoría de los integrantes eran cercanos al Régimen. El Ejecutivo no dijo ni chus ni mus y la gente tampoco. El golpe de timón se inscribió en el Registro Oficial, como dios manda. 

El segundo gol vendría muy poco después, a cargo del Congresillo que aprobó la Ley de Minería, el 26 de enero de 2009, que no estaba entre las prioridades determinadas por la Constitución, como la Ley de Aguas y otras. Dicha aprobación se realizó de manera inconstitucional porque no se cumplió con la consulta prelegislativa ordenada por el Art. 57, numeral 17 de la Constitución. El Ejecutivo sancionó la ley sin decir chus y la Corte Constitucional tampoco dijo mus. Cuando las comunidades reclamaron la Corte dijo que la aprobación sí era inconstitucional, pero que por esta vez, se aceptaba, vigilando que en el futuro no volviera a ocurrir. Para entonces el presidente Correa ya había decidido que el Ecuador no podía seguir siendo pobre, “sentado sobre un saco de oro” -expresión acuñada por Humbolt, y muy apreciada por Correa- y se convirtió en el primer minero y promotor de la extracción a gran escala en el Ecuador. 

El tercer gol anotado por el gobierno de PAÍS fue la cooptación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ocurrida el mismo enero de 2009. Tener el control de este organismo era fundamental, porque dicho Consejo se convirtió en la pieza clave para garantizar que todos los demás organismos del Estado contaran con personal cercano al Gobierno y a las filas de PAÍS. Asegurada la Corte Constitucional, había que asegurar la designación del Fiscal, del Contralor y demás organismos de control, así como los miembros del Consejo de la Judicatura -que tendrá su propia historia- y los miembros del Consejo Electoral. La “coordinación” de las Funciones y organismos del Estado pedida por la Constitución, para llevar adelante el proceso de cambio del país, fue interpretado por el Gobierno como la necesidad de controlar todos esos poderes y organismos. 

El control de la Asamblea Legislativa, con el acaparamiento de las presidencias de las comisiones y la neutralización de aquellas en las que la oposición podía tener algún protagonismo permitió a la Asamblea legislar con bastante agilidad y en coordinación con el Ejecutivo. Sin embargo el diseño constitucional ha sido abusado por el presidente de la República tanto en el envío de leyes urgentes como en la utilización del veto. En varias ocasiones la débil protesta del presidente de la legislatura reclamando alguna consideración por parte del Ejecutivo, ha merecido más bien la reprimenda autoritaria. Varios asambleístas, que en tiempos de la Constituyente fungían como más independientes y críticos, ahora han plegado con sumisa obediencia a los dictámenes del líder. A pesar de todo el control no ha sido total, de allí que leyes como las de comunicación no han podido ser aprobadas, para satisfacer las exigencias presidenciales. Lograr el control total será el reto en las siguientes elecciones para renovar la Asamblea. 

Dicen las malas lenguas que el presidente, en el transcurso de los días de 2009 se había convertido del concepto del sumak kawsay constitucional al paradigma de desarrollo de Singapur y los tigres asiáticos, cuyas economías y modelos de desarrollo eran una maravilla digna de ser imitada: crecimiento sostenido, extractivismo, tecnología de punta, gobierno de las élites del conocimiento, población disciplinada y sumisa y mano dura con la disidencia y la protesta. Algunos colaboradores cercanos al presidente fueron saliendo sin pena ni gloria para ser sustituidos por otros más afines a los nuevos vientos que empezaban a soplar con fuerza en Carondelet. Ello explicaría que el propio presidente admitiera que tocante a la matriz productiva y de acumulación no se ha dado revolución alguna y los datos económicos lo confirman: los ricos hoy son más ricos, aunque los pobres están un poco menos mal, gracias a los subsidios y a la mejora de los servicios. 

 

Persecución y restricción de derechos 

 

Ante la persistencia de los reclamos y la oposición generada por la Ley de Minería, en los territorios destinados al sacrificio minero por indígenas y campesinos del Austro y Suroriente del País, por una parte, y por otra ante los cuestionamientos teóricos y científicos de los defensores del Buen Vivir, el presidente Correa declaró que las izquierdas tirapiedras y los ecologistas infantiles eran los peores enemigos de la revolución, peores incluso que la derecha. Entonces empezó la represión y persecución de las protestas sociales a base de algunos artículos legales de la época de las dictaduras que seguían vivos a pesar de que los jueces ya no debían aplicarlos por ser contrarios a la Constitución. Así, por decisión gubernamental el Ecuador estaba lleno de terroristas y conspiradores que atentaban contra la seguridad del Estado. Paradójicamente, si la Constituyente había dado amnistía a los perseguidos sociales de la partidocracia, ahora el Gobierno perseguía a quienes se atrevían a cuestionar sus decisiones. 

Más adelante, los escándalos de los contratos del Gran Hermano (inicios de 2012), salieron a la luz y dieron motivo a la oposición y a la prensa para el ataque al Régimen apuntando al corazón del presidente y su familia. El caso llevó al extremo la polémica entre el Gobierno y los periodistas que los acusaba de ser “la prensa corrupta” mientras que ellos invocaban la libertad de prensa e información y la opinión pública demandaba transparencia en el caso. Al fin de cuentas el Gobierno echó tierra sobre el asunto, dando por terminados los contratos con Fabricio Correa; no sin una demanda millonaria y sentencia de cárcel contra los periodistas investigadores Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, quienes sacaron a la luz el inmoral comportamiento del hermano del presidente. Sentenciados, fueron indultados por la magnanimidad del gobernante. Para entonces ya era notoria la sumisión de algunos jueces a las indicaciones del presidente en casos que le concernían personalmente. 

En la nueva controversia que se suscitó a propósito del 30-S de 2010 -hoy patentado por el Gobierno, para que nadie se meta con él- tras la publicación del Diario Universo (enero de 2011) de un artículo en el que se insinuaban graves responsabilidades del presidente en aquellos acontecimientos. Ciertamente, a decir de los propios periodistas, el periodista Palacios se pasó de la raya, pero lo que convirtió el caso en un escándalo nacional y con repercusiones internacionales, fueron las irregularidades del proceso entablado por el presidente contra el periodista, irregularidades que se coronaron con la rapidez de la sentencia (20 julio de 2011), que según los demandados se debió a la virtud de la tecnología informática de un personaje célebre llamado “Chuquiseven”. Una vez más el periodista fue perdonado, pero huyó del país a refugiarse en los Estados Unidos. 

 

La inseguridad y el Estado represivo 

 

Ya desde tiempos de la Asamblea Constituyente, la derecha Social Cristina y de Madera de Guerrero, orquestada por los hermanos Gutiérrez y otros, acusaban al Gobierno de estar gestando una Constitución a favor de los delincuentes -la amnistía dada por la constituyente a las “mulas” del microtráfico era uno de sus argumentos- y de implementar políticas migratorias de libre circulación -en la práctica la derecha pedía el cierre de fronteras con Colombia y Perú-. Aprobada la Constitución, la derecha opositora encontró, en las garantías constitucionales nuevos argumentos para acusar al Gobierno de ser el causante del incremento de la delincuencia. Como en muchas otras cosas el Gobierno no supo separar el trigo de la paja y se empecinó en decir que el aumento de la inseguridad era un “percepción” aupada por la prensa corrupta hostil al Gobierno, vale la pena recordar la polémica desatada por el ministro Bustamante en noviembre de 2009. 

Por aquel entonces y hasta mediados de 2011, el Gobierno padecía una esquizofrenia en los temas de seguridad. Por un lado no se podía contar con una inteligencia policíal confiable y la corrupción de las redes delincuenciales y policiales heredadas del pasado seguían vivas; por otro, la Constitución obligaba estándares de calidad en las detenciones y procedimientos que los jueces, por ignorancia o corrupción no eran capaces de exigir, resultando de sus omisiones y comisiones, el uso y abuso de las garantías constitucionales para dejar libres a los delincuentes. Un caso interesante, muestra de esta esquizofrenia: el ministerio de gobierno y las autoridades de migración detenían por la mañana a los inmigrantes colombianos y peruanos sin observar el debido proceso y el ministerio de Justicia y la SENAMI los sacaba al día siguiente mediante el recurso de habeas corpus. Esta situación debía ser superada si se quería atacar de manera integral y coherente a la delincuencia y ofrecer seguridad a la ciudadanía. 

No cabe duda que la llegada del ministro José Serrano al Ministerio del Interior (mayo de 2011), constituyó una importante decisión del Ejecutivo para apalancar la lucha contra la inseguridad y la delincuencia y preparar la propuesta de la reforma de la justicia, lejos de los devaneos garantistas de la Constitución y la aplicación de doctrinas cercanas a las de seguridad nacional, donde prima la represión, el aumento de penas, la presunción de culpabilidad, el criterio de peligrosidad, la publicidad de los más buscados, los abusos policiales y judiciales y otras herramientas para combatir el delito. Hay que decir que México y Colombia son los países en los que se han aplicado estas estrategias para generar seguridad ciudadana y han fracasado; hoy están de vuelta de estas malas experiencias. 

A estas alturas el Gobierno ecuatoriano, el de la Constitución garantista de Justicia y Derechos, que reza que el más alto deber del Estado es la protección de los derechos, de manera totalmente incongruente se ha convertido en el adalid de la propuesta para disminuir la capacidad y las competencias de la CIDH, con argumentos deleznables. Esta arremetida se explica, porque el Estado ecuatoriano debe curarse en salud, frente al aluvión de demandas de ciudadanos ecuatorianos que seguramente llegarán al tribunal internacional en busca de la justicia que no pudieron obtener en el país, a pesar de haber agotado todas las instancias. Aparentemente, las pretensiones del Gobierno por medio de la Cancillería tiene todos los visos de fracasar y la CIDH saldría fortalecida de esta escaramuza. 

 

La consulta popular 

 

En el forcejeo entre la necesidad de garantías del proyecto de la revolución ciudadana y las demandas de seguridad orquestadas por la derecha, ésta terminó ganándole la mano al Gobierno e imponiendo sus tesis. Había llegado la hora de meterle mano a la justicia y de echar para atrás el exceso de garantías y constitucionales. Lo primero era más fácil, lo segundo más difícil, pero primero lo primero. El presidente convocó a consulta popular, previa calificación cuestionable de la Corte Constitucional, preguntó a los ecuatorianos sobre toros y gallos y también le pidió autorización para intervenir en la Justicia, como lo hicieron antes todos los gobiernos, con el justificado pretexto de lograr su saneamiento y modernización. Tras este loable deseo, lo que interesaba era poner la justicia a disposición de los objetivos políticos del Gobierno. La pregunta llevaba un extenso anexo en el que se derogaba el Art. 18º, numeral 3 de la Constitución, el régimen de transición y las disposiciones transitorias relativas al funcionamiento del provisional Consejo de la Judicatura. 

La consulta popular (5 de febrero de 2012) fue ocasión para que algunas fuerzas que hasta entonces habían colaborado con el Gobierno se apartaran de él, como es el caso de Ruptura de los 25 y otros colaboradores. El presidente sentenció: “que les vaya bonito”. A pesar de una importante campaña en rechazo de las reformas bajo el lema de “esta vez no señor presidente”, el pueblo dio el beneplácito a las propuestas del Gobierno y ni corto ni perezoso Correa nombró el Consejo de la Judicatura provisional para iniciar la gran reforma de la Justicia. La famosa independencia de la Justica estipulada por la Constitución, había sido anulada, con el permiso de una mayoría de votantes en las urnas. El Gobierno destinó varios centenares de millones de dólares para financiar la modernización de la Justicia que se ha ido concretando en la construcción de edificios y la implementación de computadoras y programas para sistematizar y agilitar la administración de la Función Judicial.