Crisis mundial e impactos en
la economía ecuatoriana:
un balance no-celebratorio
de la Revolución Ciudadana
Monika Meireles
Economista brasileña. Profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México y candidata a doctora por el Programa de Posgrado de Estudios
Latinoamericanos de la misma universidad. meireles@usp.br
Mateo Martínez Abarca
Filósofo y escritor ecuatoriano. Maestro en Ciencia Política por la Facultad Latinoamerica
de Ciencias Sociales y doctorante en filosofia en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Introducción
La crisis financiera mundial que estalló en agosto de 2007 todavía tiene efectos sobre las economías centrales, manifiestos en las diversas dificultades enfrentadas sobre todo por los países periféricos de la Zona del Euro, y sigue afectando las economías latinoamericanas, al contrario de lo que afirman las tesis de que estas fueron debidamente “blindadas” y son inmunes al desarreglo generalizado de la economía global. Es en el contexto de la crisis que surge una oportunidad más de reflexionar acerca de los logros y limitantes de uno de los fenómenos más interesantes que la región gestó en el período reciente: el “progresismo”.
Tras disertar sobre el panorama general para entender los pasos/tropiezos experimentados por las economías latinoamericanas en el período reciente, centraremos nuestro análisis en la revisión más detenida de la trayectoria de la economía ecuatoriana en ese ciclo, tratando de problematizarla a raíz de una evaluación de los limitantes estructurales con los cuales el gobierno de Rafael Correa se encontró -y que siguen existiendo-, así como con la discusión de los elementos de la coyuntura política nacional que ponen en entredicho los alardeados resultados de la Revolución Ciudadana. Así, el objetivo central perseguido en el presente trabajo es contribuir en la formación de un diagnóstico cada vez menos ideológico de lo que sería la marca de la gestión de los gobiernos progresistas, basado en la congregación de elementos típicos del análisis económico con la mirada más cuidadosa sobre los procesos políticos y sociales. De tal manera que al caracterizar las medidas llevadas a cabo por ese mandatario en especial, se promueve el acercamiento a lo que representaría ese período y las nuevas problemáticas que de ello surgen. Entendemos que reflexionar así sobre esas experiencias aporta para el debate sobre los rumbos del desarrollo latinoamericano.
Por facilidad expositiva el trabajo se divide en cuatro partes. Los problemas estructurales latinoamericanos heredados del neoliberalismo y los efectos de la crisis en las principales variables macroeconómicas involucradas en su “transmisión” para la región son evaluados en el primer apartado. Trayectoria similar se le hace para el caso del Ecuador en el segundo momento del texto, tratando de destacar las contradicciones de las medidas económicas adoptadas dentro del proceso político ecuatoriano bajo el gobierno de Alianza País, subrayando que de la mano de la sensible disminución de la pobreza vino el sobredimensionado aliento a la actividad extractivista y el reforzamiento del modelo primario exportador bajo la manutención de la dolarización formal. La tercera parte pone en relieve la problemática de la confrontación entre el Gobierno y los movimientos sociales, especialmente el movimiento indígena, que se exacerba a partir del modelo de desarrollo seguido. Finalmente, en las conclusiones, se retoman los elementos centrales de la discusión previa para argumentar que con los gobiernos progresistas, como el ecuatoriano, todavía falta largo camino para la anhelada superación de la “larga noche neoliberal”.1
Crisis y América Latina: “herencia maldita”2
y canales de transmisión
Para caracterizar mejor cuales son los obstáculos agravados por la crisis en el caso ecuatoriano, es útil un repaso de las principales dificultades económicas que enfrenta América Latina a partir del nuevo episodio de crisis financiera internacional. Así, partimos de una periodización que considera que en diversos países de la región se vivió, desde entonces, tres momentos emblemáticos. A saber: 1) un intento de reformulación de políticas de carácter anticíclico, de inspiración keynesiana, focalizados en mantener fluidos los canales de crédito, los niveles de inversión y de demanda interna3; 2) un diagnóstico precoz de superación de la crisis pautado en una frágil recuperación de la actividad económica y nueva ronda de políticas de austeridad, donde la preocupación por el control inflacionario retoma su rol protagonista en la gestión macroeconómica; y 3) la elaboración de nuevas propuestas para enfrentar los persistentes efectos de la crisis4.
Además de considerar que estamos en la tercera fase señalada, identificamos que los canales de transmisión, o las formas por las cuales las economías latinoamericanas siguen siendo impactadas por los desdoblamientos de la crisis mundial, son conformados por: a) la importancia y desempeño de las remesas de los trabajadores nacionales en el extranjero como fuente de entrada de divisas; b) el peso del comercio exterior en la economía nacional y la evolución de sus exportaciones; y c) la dependencia de financiamiento externo en la composición de la deuda privada y pública (Ocampo, 2009). Como en todos los episodios de crisis, los canales de transmisión confluyen para la configuración del escenario más temeroso: la disminución de los ya bajos ritmos de crecimiento de las economías de la región (Titelman et al, 2009)5.
Es digno de nota que, a pesar de identificar estos canales de transmisión, no compartimos la interpretación de que la crisis fue “importada” por América Latina. Nos parece sesgadamente erróneo atribuir únicamente a la crisis financiera internacional las dificultades enfrentadas por la región desde entonces. Más bien, nos perfilamos junto a una serie de analistas que atribuyen al modelo heredado del período neoliberal, obviamente combinado con el escenario de crisis externa, el caldo amargo que explica la inestable trayectoria de la economía regional actualmente. El Cuadro 1 es bastante elocuente con respecto a la tendencia a bajas tasas de crecimiento económico que arrastramos desde los años 80, no siendo casual que estos años hayan sido correctamente bautizados por la CEPAL como “década perdida”, tras su raquítico 1.3% de aumento promedio. Pero también hay que destacar que los 90 también fueron años de desempeño económico bastante por debajo del satisfactorio, cuando se creció a un promedio de 3.2%. El desempeño de 3.8% del período de 2001 a 2010 solo fue más vergonzoso, a razón del boom del precio de las materias primas a partir de 2003.
Hecha la ponderación de que los canales de transmisión externos de la crisis deben ser analizados a partir de la trayectoria de bajo crecimiento económico crónico que la práctica neoliberal instauró en América Latina, vale destacar que estos canales de transmisión tienen pesos distintos en cada uno de los países latinoamericanos, como también fue específica la conformación que las medidas de cuño ortodoxo-liberal asumieron en cada caso.
El negativo impacto externo generado por la disminución de las remesas fue, sobre todo, determinante en aquellos países cuya dependencia de entrada de divisas por ese lustro se constituyó históricamente en algo importante. El Cuadro 2 evidencia cómo para la región en su conjunto, en el período reciente, ese flujo de entrada asumió el promedio de 31.2% de los flujos financieros, contra un 13% en el período anterior, de 1991-2000. Los países centroamericanos, conjuntamente con México y Ecuador, que tienen un verdadero contingente de nacionales viviendo en el extranjero, fueron aquellos que sufrieron una razonable presión en la balanza de pagos por la disminución del volumen de remesas6.
El segundo canal de transmisión que merece especial atención es el relacionado a los flujos comerciales.
Las exportaciones latinoamericanas sí sufrieron un choque en el momento posterior a la debacle financiera en Estados Unidos, que solo no fue más dramático por el mantenimiento de la tendencia de alza de los precios de las commodities, en especial los productos mineros y petrolíferos. La importancia creciente que la exportación de bienes primarios, con menos contenido tecnológico y más dependiente de los ciclos del mercado consumidor internacional, puede ser observado en el Gráfico 1. En los años iniciales de la crisis actual, las exportaciones de materias primas y bienes manufacturados asociados a la disponibilidad de recursos naturales sumados representaban 59.4% del total de las exportaciones de los países latinoamericanos, en el 2010 se redondeó al 60%.
Así, más allá de analizar la tendencia a la reprimarización de la pauta de exportación de los países latinoamericanos, ya hay en la literatura sobre el impacto de la crisis elementos que justifican hablar de la configuración de dos grupos de países dentro de esa tendencia: los exportadores de energéticos y los de bienes agrícolas. A los primeros, el Ecuador incluido, el choque comercial no les golpeó tan duro, pues el precio del bien que funge como carro-jefe de las exportaciones mantuvo su ascensión, con desplomes puntuales y efímeros de los precios. Lo últimos estarían más expuestos a la fluctuación de los precios de alimentos -que son determinados en el casino de los mercados a futuro que siguen siendo nutridos por la especulación financiera-8. Sin embargo, un aspecto que les afectó (y sigue afectando) a ambos grupos de países es la marcada dependencia del desempeño de la economía china, socio comercial que desplazó a las economías centrales como principal consumidor de las materias primas latinoamericanas, energéticas o no. Por lo tanto, no es casual que cuando China echó a andar su propio paquete keynesiano de medidas para contrarrestar a la crisis, el resultado haya sido la aparente “inmunidad” de las economías de la región frente a la crisis mundial, aunque lo que en realidad se puso en evidencia fue la extrema dependencia del abultado mercado consumidor asiático. Eso también puede ser inferido por el análisis del período posterior, cuando a partir de 2010 el sentido tomado por aquella economía fue de moderación en su ritmo de crecimiento, siendo traducido a graves tropiezos en las economías latinoamericanas. En ese caso, llevándose la “medalla dorada” de acople a la economía china, tenemos a la economía brasileña cuyo ritmo de crecimiento del PIB pasó de 7.5% en 2010 a módicos 2.7% en el 2011, y cuya expectativa para el 2012 no sobrepasa el 2%9.
Finalmente, el tercer canal de transmisión de la crisis financiera internacional sería determinado por el grado de la dependencia de financiamiento externo en la composición de la deuda privada y pública. Así, los países con mayor apertura al financiamiento externo serían los más sujetos a tener su dinámica interna negativamente afectada por la carestía de créditos (o credit crunch) en el mercado financiero internacional, que se instauró desde 2008. Dos elementos deben ser centralmente analizados en ese rubro: a) la trayectoria de financiamiento adoptada por cada país latinoamericano en el momento anterior a la crisis y el grado de “profundización” o “integración” financiera que ese experimentó; y b) sumado a ese aspecto, el tipo de cambio, variando del “plenamente flexible” al “formalmente dolarizado” (pasando por aquellos países que practican intervención en el mercado cambiario10) y el nivel de la tasa de conversión de las monedas locales11, que son variables-clave para el análisis del desempeño económico regional en el contexto de recesión mundial.
El impacto negativo de la crisis sería potencializado de acuerdo con el grado de apertura financiera que cada país asumió en la etapa anterior, o sea, cuan afanosa fue su “desregulación financiera”. Las crisis pasadas, como fue la de la deuda externa de principios de los años 80, tuvo raíz en el alto grado de endeudamiento externo, tanto público como privado. En ese contexto, también tuvo relevancia el cambio de la figura del acreedor involucrado, que ya no era otros estados nacionales y/o agencias multilaterales sino que era la banca internacional. Tras los planes de restructuración de la deuda externa, se diseminó en los años 90 el mercado de bonos soberanos de los gobiernos latinoamericanos. Los cambios en las legislaciones locales del funcionamiento del sector financiero nacional y la facilitación de los flujos de capitales privados internacionales, que estuvieron en la raíz de la desregulación financiera, aseguraron que este nuevo mercado de bonos soberanos fuera extremamente popular entre los inversionistas como opción de títulos de alta rentabilidad, por lo cual concentró un flujo ingente de recursos.
Con el mismo magnetismo -o quizás aún más intenso-, con el que ese mercado atrajo capitales a principios de los 90, se produjo el movimiento contrario a partir de la crisis mexicana de 1994. El profundo episodio de crisis tuvo como marca la violenta forma a través de la cual el capital internacional repelió los títulos latinoamericanos, generando un sinfín de dificultades en términos de la balanza de pagos de distintos países e innumerables “paquetes de ayuda” del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los años 2000, en el momento inmediatamente anterior a la crisis actual, fueron marcados por una renovada ronda de extrema abundancia de recursos crediticios a nivel mundial, catapultados por nuevas prácticas financieras como la securitización12, con las siguientes diferencias: a) aumento del endeudamiento internos vis-a-vis al endeudamiento externo, lo que significa una disminución relativa de la emisión de títulos nominados en moneda extranjera por parte de los gobiernos latinoamericanos, pero con aumento sustancial de títulos en moneda nacional13; b) incremento de la inversión extranjera directa y de la inversión de cartera, los dos rubros representaron una importante fuente de recursos externos en el período. En ese sentido, cabe destacar que, al menos para esa crisis, ese no fue el canal de trasmisión trascendente. De hecho, dadas las bajísimas tasas de interés practicadas en los países centrales -como forma de tratar de estimular sus economías- América Latina vio incrementar la entrada de recursos financieros. En ese contexto, el caso brasileño nuevamente se destaca, impulsado por las más altas tasas de interés del subcontinente, acaba por ser el principal destino de estos flujos.
En una palabra: la región viene surfeando la ola favorable de ser el oasis de rentabilidad en un momento de crisis externa generalizada, acompañada de gravísimas recesiones económicas en casi todo el globo -aunque eso implique la apreciación de las monedas nacionales- también se refleja en mayor comodidad, dado el nivel récord de reservas internacionales acumuladas, del trato de la balanza de pagos. Sin embargo, gato escaldado del agua fría huye. Con la facilidad extrema que la desregulación financiera aseguró a los movimientos de capitales transfronterizos, la compuerta está abierta para una eventual reversión del sentido de estos flujos. La ola favorable rápidamente se puede convertir en mar bravo, y pareciera ser que el salvavidas -que en este caso serían bancos centrales mejor instrumentados- sigue dándole la espalda al inexperto marinero.
Ecuador en la crisis: por dónde soplan los vientos de la tormenta
Al elaborar un primer diagnóstico de los impactos en Ecuador de la crisis económica mundial, hay que evidenciar los resultados que la aplicación de políticas neoliberales dejó para el país. La reformas de orientación neoliberal, consolidadas en los años 90 y de manera más vehemente a partir del gobierno de Sixto Durán (1992-1996), convirtieron a una economía pequeña y que apenas se adentraba en el camino de la industrialización como eje de la acumulación de capital -industrialización fomentada por el boom de la producción petrolera- en una economía con alto grado de apertura externa, con escaso poder de negociación para el levantamiento de aranceles comerciales, y, lo que quizás sea más dramáticamente peculiar: un país, en lo posterior ya en 1999, formalmente dolarizado14. De ahí que, una vez más, es importante reconocer que la crisis financiera internacional estalló cuando el país andino ya tenía problemas estructurales propios, resultados del modelo implementado por el neoliberalismo, desde hacía más de dos décadas15.
Bajo esas características, es imperante la necesidad de generación de recursos en divisas fuertes, obviamente en dólares estadounidenses, no solo como forma de facilitar el equilibrio macroeconómico sino como condición necesaria para garantizar la liquidez de circulante, esencial para que la economía nacional no colapse. Así, la atracción de dólares sea vía entrada de inversión extranjera directa y de inversión en cartera, o como resultado del esfuerzo exportador y la entrada de remesas, recobra una importancia que no tiene en los otros países latinoamericanos -a excepción de Panamá y El Salvador, que también son economías formalmente dolarizadas-. En una palabra, para el caso ecuatoriano, la entrada de dólares es vital para que la actividad económica en sí exista. En ese sentido, lo que venimos tratando como “canales de transmisión externa” de la crisis financiera internacional son en realidad, para el Ecuador, condicionantes mismos de la estabilidad de la economía nacional. Hecho ese imprescindible paréntesis, retomemos el análisis de los tres canales de transmisión que evidenciamos para el subcontinente latinoamericano, tratando ahora de detallar cada uno de los mismos para el caso del país andino.
El bajo crecimiento económico del período neoliberal fue revertido a partir del aumento del precio de las materias primas y bienes energéticos en 2003. Siendo el petróleo el principal producto de exportación del país, la economía ecuatoriana pasó a crecer a una tasa bastante acelerada, llegando a 8% en 2004, como se puede ver en el Gráfico 2. La crisis mundial derrumbó por tierra la expectativa de sustentabilidad de estos ritmos de crecimiento, teniéndose en el parco crecimiento de 0.4% en 2009 una muestra del tropiezo continuado en el débil 3.6% del aumento del PIB en 2010. El borrador de recuperación económica manifiesto en la tasa de crecimiento de 6.5% en 2011, y expectativas en la casa del 4% o 5% en 2012, se explican por la “externalidad positiva” que aprovecha la economía ecuatoriana oriunda de la entrada del dólar en una trayectoria de marcada devaluación16. El derrumbe del valor del dólar aumentó la competitividad de las exportaciones ecuatorianas, favoreciendo el crecimiento económico del país a tasas ligeramente superiores de las observadas en América Latina. Sin embargo, es importante destacar que se trata de la influencia positiva de una variable en la cual el Gobierno ecuatoriano tiene nula posibilidad de intervención.
El desplome del volumen de las remesas fue especialmente sentido en el país ya que esa entrada de recursos representa un alto porcentaje de su PIB, siendo su máxima histórica el 8.1% para el año 2000, conforme está demostrado en el Gráfico 3. Aunque hoy día la relación remesas/PIB haya caído por la mitad, su valor absoluto había subido sistemáticamente desde los años 90 hasta 2007. Para 2008, hubo una disminución sustancial del montante total de remesas, del orden de 300 millones de dólares con relación al año anterior17, tendencia que se agudizó en 2009 y 2010. Vale comentar que la disminución de la entrada de remesas tiene efecto geográficamente disparejo dentro del país, profundizando desigualdades históricas, una vez que son los residentes de los municipios más pobres aquellos que se ven desprovistos del apoyo financiero del ecuatoriano emigrante, que no puede mantener el mismo flujo de soporte por enfrentar dificultades en el mercado laboral, con tasas de desempleo alarmantes y crecientes en Europa y Estados Unidos18.
La tibia recuperación de ese indicador para 2011 parece no confirmarse en el año 2012, dada la nueva etapa de retracción económica que se vive en Europa, en especial en España en el año en curso. Tanto es así que los números muestran una disminución del 8% solo en el primer trimestre19.
Una mirada apresurada a los efectos de la crisis por el segundo canal de transmisión podría nada más identificar y congratularse por el bajo impacto negativo que se vio en las exportaciones en 2008, y su rápida recuperación -en gran parte por la devaluación del dólar, como ya se ha mencionado-. Sin embargo, una mirada más atenta al desempeño de la balanza comercial y su composición nos ponen ante un panorama de mayor complejidad.
El Gráfico 4 nos permite identificar que con el aumento de los precios y de las exportaciones de petróleo, Ecuador tuvo superávits comerciales entre los años 2004 y 2008, que fueron aún más significativos si se considera únicamente el desempeño de la balanza petrolera. De hecho, si tomamos en cuenta nada más el saldo de las exportaciones e importaciones de petróleo y sus derivados, la crisis hubiera sido una “marolita” en 2009, sin mayores consecuencias. Pero si se observamos las exportaciones e importaciones totales, es posible encontrar que el superávit comercial anterior se convirtió en déficit a partir del mismo año. Y lo que es más preocupante: el déficit comercial del sector no petrolero se muestra cada vez más acentuado, lo que se constituye en evidencia de la dependencia de la economía nacional con respecto al desempeño de las exportaciones de petróleo y la creciente presencia de los bienes importados.
Al separar las exportaciones en productos primarios e industrializados como en el Gráfico 5, se observa claramente que ambos tipos crecieron a partir de 2003, pero que la velocidad de crecimiento de las exportaciones de bienes primarios fue marcadamente más acelerada, culminando en que para 2011, representó cerca de 80% de la pauta de exportaciones, la mayor proporción desde el inicio de la dolarización. Nunca es demasiado recordar la preocupación de la CEPAL originaria -especialmente la de Celso Furtado-, en destacar que la industrialización periférica pautada en el fortalecimiento del mercado interno, (cuando está atenta a sus desequilibrios típicos y busca soluciones a los mismos), también justificaría internalizar el centro de decisión, soberanía política y económica vital de un Estado nacional comprometido con una estrategia de desarrollo exitosa20. La ruta planteada, para que los determinantes de la dinámica económica sean dictaminados internamente, es sustancialmente distinta de la emprendida a partir de la globalización comercial y de la ultraespecialización productiva de materias primas para exportación21.
Nos falta analizar el tercer canal de transmisión, considerando que el potencial impacto negativo está correlacionado con el grado del endeudamiento externo. El Ecuador, como ya fue destacado para gran parte de América Latina, siguió la tendencia de aumento de la deuda interna tanto pública como privada; lo que, en un principio, significaría una menor exposición a la variabilidad en los flujos de recursos externos22. Cabe subrayar que el endeudamiento total disminuyó significativamente a partir de la dolarización, en especial en cuanto a caída de los niveles del endeudamiento público, conforme a lo que expresa el Gráfico 623.
Un punto adicional, pero que es de fundamental importancia considerar, es uno de los logros obtenidos por el gobierno de Alianza País: la impresionable disminución de los niveles de pobreza en Ecuador incluso en ese peculiar momento de incertidumbre de la economía global. Claro que hay que tomar con pinza los datos, como los dispuestos en el Gráfico 7, dónde se señala que la pobreza acomete actualmente más del 28% de la población ecuatoriana, lo que representa una baja mayúscula de la tasa que era superior a 36% antes de la presidencia de Correa. La primera ponderación a hacerse sería que distintos países latinoamericanos, sobre todo los sudamericanos, presentan similar trayectoria de disminución de la pobreza24. Una segunda observación nace de las características del tipo de políticas de combate a la pobreza practicado actualmente: a) la focalización, a la Banco Mundial, de políticas sociales predomina sobre la generación de programas universales de protección social; y b) la vinculación entre los recursos fiscales redistribuidos a título de programas de transferencia monetaria condicionada y su forma de financiamiento. Específicamente sobre esa última característica, vale destacar la dependencia que tiene el financiamiento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) de la recaudación generada por actividades de sectores menos imprescindibles al desarrollo del país. Es ejemplo de eso la propuesta, que entrará en vigor a partir de 2013, de vincular el aumento del beneficio de ese programa social de USD 35 a USD 50 a recursos que serán obtenidos de una mayor tributación sobre el sector bancario25.
Además de las problemáticas supra citadas, una evaluación más detallada de la cuestión de la crisis financiera internacional que atinge a una economía pequeña y abierta como la ecuatoriana, debe llevar en cuenta su la peculiar situación monetaria-cambiaria. El hecho de ser una economía formalmente dolarizada suscita una serie de preguntas adicionales relacionadas con las vías de financiamiento de su desarrollo (conjuntamente con la reflexión sobre qué tipo de desarrollo se está fomentando), tales como: ¿de qué forma afectó el congelamiento de los canales de crédito internacional a la economía ecuatoriana? ¿La dolarización ha agravado los riesgos de iliquidez dado un escenario de turbulencia en los mercados financieros internacionales?26 Lejos de tratar de agotar respuestas definitivas a las indagaciones levantadas, quisiéramos nada más señalar que estos son otros de los puntos que siguen pendientes para la agenda del actual y de los futuros gobiernos del país27.
La Revolución Ciudadana bajo la lupa: “progresismo” versus izquierda y movimientos sociales
Desde el punto de vista histórico, ningún balance de los efectos de la crisis actual, entendiendo la misma como la confluencia de la crisis financiera internacional con los problemas estructurales de la economía ecuatoriana; sería posible sin considerar de manera detenida el horizonte de los procesos políticos y sociales por los que ha atravesado la pequeña nación andina recientemente. Es necesario, así, recapitular sobre el camino histórico transcurrido, buscando arrojar luz sobre el presente, pues, como afirma Walter Benjamin, en su famosa quinta tesis sobre la Historia: “la imagen verdadera del pasado es una imagen que amenaza con desaparecer con todo presente que no se reconozca aludido en ella”.
En primer lugar, es necesario hacer de nuevo hincapié en que, desde el restablecimiento de la democracia en 1979 y hasta el año 2007, el Ecuador fue un escenario más de la aplicación de los programas de ajuste estructural inspirados por el Consenso de Washington e impuestos, a manera de recetario incuestionable, por organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial. Sucesivos gobiernos de distinto cuño político o ideológico, coincidieron en el camino neoliberal de gestión de la economía, instaurándose así una especie de “dictadura económica” justificada bajo criterios técnicos, que fue detonante de una fuerte inestabilidad política y social.
En resumen, las medidas del Consenso de Washington promulgaron la austeridad fiscal y reordenamiento del gasto público -o lo que es lo mismo, reducción del gasto social y repliegue del Estado-, reforma impositiva con incentivos tributarios para la gran industria, liberalización de los tipos de interés, un tipo de cambio competitivo, es decir devaluaciones de la moneda nacional sistemáticas; liberalización del comercio a través de acuerdos internacionales, permiso abierto para la entrada de transnacionales e inversión extranjera, procesos de privatización de las empresas públicas y áreas estratégicas, así como la flexibilización laboral y desregulación del mercado de trabajo y, en general, de los marcos jurídicos nacionales.
Al igual que en otros países latinoamericanos, la aplicación del modelo de acumulación capitalista neoliberal en el Ecuador no condujo al crecimiento, estabilización económica, generación de empleo y reducción de la pobreza como se había prometido. Por el contrario, con el desmantelamiento paulatino del Estado desarrollista redistributivo y la subordinación de la sociedad en su conjunto a las relaciones de mercado; las condiciones de vida de la mayoría de la población sufrieron un grave deterioro a medida que se agudizaba la explotación, tanto en zonas urbanas como rurales. Para 1998 el nivel de ingreso por habitante fue apenas un 5% superior al registrado en 1980, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 0.3% (Larrea, 2006).
Paralelamente, la pobreza y la desigualdad se agudizaron con el neoliberalismo. Mientras en el año 1995, el 35% de la población se encontraba en una situación de pobreza que le obligaba a tener un consumo inferior al valor de la canasta básica de bienes y servicios, este porcentaje tuvo un dramático incremento hasta el 56% en 1999. De acuerdo al reporte del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD, 2002), no solo aumentó el número de población en condiciones de pobreza, sino también la profundidad de sus carencias. En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini del ingreso pasó de 0.548 en 1994 a 0.562 en 1998, lo cual puso en evidencia que la riqueza generada estaba yendo a manos de los quintiles más ricos. De hecho, el 20% de los hogares más ricos que concentraba el 49% de los ingresos en el año de 1989, pasó a concentrar el 54% en 1998. Por supuesto, este incremento se dio a costa de una reducción de los ingresos del quintil más pobre.
Así mismo, el neoliberalismo promovió por diversos medios el debilitamiento de los sectores sociales organizados -trabajadores, campesinos y estudiantes-, que fueron pilares de la resistencia popular durante las dictaduras28. En consecuencia, durante este período es posible observar un declive en la intensidad del conflicto social reivindicativo de las antiguas organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y otros sectores de la izquierda29, a lo que se sumó la represión de los aparatos de seguridad del Estado, que encontró su punto más brutal durante el gobierno socialcristiano de León Febres Cordero (1984-1988).
Entre los sectores más afectados se encontraron el campo y las zonas rurales. Las políticas neoliberales fueron -y siguen siendo- particularmente agresivas, al destinar las mejores zonas agrícolas para la producción agroindustrial de exportación a gran escala, en desmedro de la pequeña producción campesina. Ello condujo a que se produzca un doble fenómeno: a) concentración de la riqueza en manos de los grandes propietarios agroindustriales; b) y descapitalización del agro en términos de fuerza de trabajo, provocando álgidos procesos de migración campo-ciudad. Los resultados históricos de la aplicación de estas medidas en el campo, fueron a todas luces un fracaso30.
Las aplicación de las medidas de ajuste sumergieron al país en un estado permanente de crisis y consecuente deterioro de la legitimidad de las instituciones y canales de representación tradicionales; provocando finalmente la aparición de nuevas formas de movilización social y emergencia de nuevos actores políticos, particularmente el movimiento indígena ecuatoriano y su más importante organización: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). La acción de la movilización popular encabezada y nutrida sobre todo por los indígenas en un momento de crisis de las organizaciones sindicales; logró bloquear en gran medida el avance de las políticas de ajuste en Ecuador, trasladando a su vez el centro de la disputa a la naturaleza del modelo de Estado, democracia y desarrollo vigentes; y cuestionando las raíces mismas de los acuerdos sociales excluyentes que servían como su fundamento.
La lucha de los sectores populares, especialmente desde fines de la década de los 80, transformó el escenario político ecuatoriano radicalmente. Los grupos de poder económico tradicionales y las élites políticas que los representaban a través de los partidos, fueron incapaces de procesar las innumerables tensiones y conflictos que el proyecto de acumulación neoliberal generaba. La protesta popular y la acción colectiva de los movimientos sociales, se tradujo en varios episodios masivos de revuelta contra el continuo régimen neoliberal, que concluyeron con el derrocamiento sucesivo de tres gobiernos (Abdalá Bucaram 1997, Jamil Mahuad 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005). Vale acordarse de que entre 1998 y el año 2000, las medidas de desregulación del sector financiero tomadas a lo largo de este período, provocaron la peor crisis financiera en la historia de Ecuador y posterior adopción del dólar estadounidense como moneda, cuyas consecuencias sociales, políticas y económicas repercuten hasta la actualidad.
Es en ese contexto, en 2006, una gran mayoría de ecuatorianos optó por un proyecto de transformaciones radicales no casualmente denominado como la Revolución Ciudadana. Liderada por Rafael Correa, economista quien se define a sí mismo como un “humanista cristiano de izquierda”; la Revolución Ciudadana incorporó en su programa un gran número de demandas y reivindicaciones del período de resistencia al modelo neoliberal. Dichas demandas se expresaron de manera sintética en la necesidad urgente de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que reforme el Estado y consigne las bases para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo.
Luego de la victoria electoral y durante el primer período del proyecto, la Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en el espacio central de la disputa política, donde aparecieron los primeros indicios sobre el alcance que tendrían las reformas. Estas limitaciones mostraron varias contradicciones dentro del movimiento de Gobierno -Alianza País-, el cual estaba compuesto por sectores vinculados a los movimientos sociales que pedían transformaciones radicales e inmediatas (indígenas, ecologistas, mujeres, entre otros); y, por otra parte, por sectores más conservadores con visiones cercanas a las elites económicas. En medio de estas tensiones orgánicas que constituían una especie de balanza de poder dentro del movimiento; el presidente fue apostando paulatinamente por las posiciones más conservadoras, intervino abiertamente sobre el trabajo de los asambleístas, provocando el resquebrajamiento político del bloque y la salida de importantes integrantes cercanos a los movimientos sociales y a la izquierda, como el presidente de la propia Asamblea, Alberto Acosta31.
La nueva constitución -expresión clara de aquel momento en la correlación de fuerzas en el país-, fue aprobada en el año 2008 con el 63% de los votos inaugurando así un segundo período dentro del proyecto del Gobierno. En adelante los principales retos políticos fueron poner en marcha las reformas constitucionales y avanzar en la aplicación de un nuevo modelo anclado en los principios del Sumak Kawsay o Buen Vivir. Sin embargo, con el pasar del tiempo el Gobierno de Correa comenzó a transitar por una deriva equivoca y por momentos contradictoria no solo con los principios del programa original de Gobierno sino también con la nueva constitución. Se apostó, una vez más, por la dependencia de la renta proveniente de la extracción de recursos naturales -no solamente el petróleo, del cual la economía ecuatoriana ha dependido desde los años setenta-, sino también por el inicio de la actividad minera industrial a gran escala; como forma de obtener recursos para el financiamiento de un nuevo plan nacional de desarrollo y de los programas “progresistas” del Gobierno32.
Esto determina un segundo momento del proyecto, caracterizado sobre todo por la constante confrontación con la izquierda y sobre todo el movimiento indígena, principal sector social organizado del país33. Las organizaciones populares comprendieron que, si bien habían logrado enormes triunfos con la aprobación de la nueva constitución, esto no era suficiente. La disputa ahora se centraría en torno a las consecuencias de la apuesta gubernamental de financiar su modelo de desarrollo sobre la base de la expansión de las fronteras extractivas y sus graves implicaciones para la población sobre todo indígena y campesina; lo cual tiene estrecha relación con la aplicación y cumplimiento de los mandatos constitucionales y con la discusión de los contenidos en la formulación de leyes secundarias, como por ejemplo la de Minería o la de Aguas, que han sido dos de los procesos más conflictivos.
Con el tiempo el Gobierno fue distanciándose paulatinamente de los sectores sociales organizados que le expresaron su apoyo en un inicio, quizás considerando que la fortaleza política y social de su proyecto de Gobierno descansaba sobre todo en el liderazgo del presidente. Con todas las ventajas que brinda el control del aparato estatal, impulsó la conformación de una endeble base social de respaldo compuesta por los beneficiarios de los programas sociales, nueva burocracia, organizaciones creadas bajo la tutela del Gobierno, ganando además la lealtad de clientelas antes pertenecientes a varios partidos; que se encuentran activadas para la movilización a través de una estrategia de comunicación directa y permanente, en la que la figura de Rafael Correa fue colocada como el centro de todas las cosas.
Con el pasar del tiempo, se hizo evidente una reducción en los niveles de conflicto con los poderosos grupos y élites económicas tradicionales, aumentando por el contrario la confrontación con sectores sociales organizados, en particular el movimiento indígena. Además de un fuerte enfrentamiento contra la prensa, el Gobierno ha implementado -al igual que gobiernos previos- una política represiva como respuesta a la protesta y movilización, declarando a su vez que toda protesta desde los movimientos sociales o la izquierda “le hace el juego a la derecha”. Es así que según diversos informes sobre la situación de derechos humanos (DD.HH) en Ecuador, actualmente el país se encuentra en un preocupante momento de criminalización de la protesta social y de persecución, especialmente de dirigentes de organizaciones críticas con los proyectos extractivos y de desarrollo (presas, centrales hidroeléctricas, entre otros)34. El Gobierno justifica dichas medidas a partir de la apelación a la memoria histórica del pasado reciente de desgobierno y crisis provocados por el neoliberalismo, recurriendo a la vez a la figura de mantención del “principio de autoridad” proveniente de la legitimidad alcanzada en las urnas35.
Durante los últimos seis años de Gobierno de la Revolución Ciudadana, la izquierda en el Ecuador ha atravesado por un momento caracterizado fundamentalmente por la enorme dificultad teórica y política, a la hora de caracterizar un proceso en plena dinámica. Tanto los aciertos como las profundas contradicciones del proceso, han conducido a una situación de confusión y desmovilización de diversos sectores, que aún mantienen expectativas con respecto a las promesas de transformación del Régimen que tardan indefinidamente en cumplirse36. Existen indicios claros, sin embargo, de que la izquierda y los movimientos sociales ecuatorianos se encuentran saliendo del encanto “progresista”, y comienzan a reorganizarse políticamente. En el mes de marzo de 2012 se realizó una multitudinaria marcha contra la firma del primer contrato para la explotación de minería industrial a gran escala y en defensa de las fuentes de agua. Dicha marcha, que recorrió todo el país a pesar de múltiples estrategias gubernamentales para quebrarla; sirvió como eje de aglutinación político, conformándose de una alianza de todos los partidos de izquierdas a nivel nacional y movimientos sociales, denominada como Coordinadora Plurinacional de Unidad de las Izquierdas.
Es posible afirmar que en la actualidad, en Ecuador se encuentran enfrentadas dos alternativas políticas al neoliberalismo que, sobre todo en América del Sur, han encontrado enorme relevancia en los últimos años. Por un lado, la izquierda radicalmente crítica del capitalismo desarrollista y su sacrificio de la naturaleza, representada en la Coordinadora Plurinacional; por otro, el contradictorio y autoritario “progresismo extractivista” del actual gobierno de Rafael Correa. En palabras de Eduardo Gudynas, esto posiblemente represente uno de los primeros ejemplos de una divergencia entre izquierda y progresismo. “La primera mirada busca una renovación de los compromisos con la justicia social y ambiental, desde una visión crítica del desarrollo contemporáneo, mientras que la segunda se mantiene enfocada en lograr el crecimiento económico y asegurar la inversión extranjera como ingredientes clave para una justicia muy recostada en la redistribución económica” (Gudynas, 2012).
El contexto de crisis financiera internacional ha revitalizado la lucha social y la creciente insatisfacción popular en todo el mundo. De Estados Unidos al Medio Oriente, pasando por los “indignados” de Europa, la consigna se repite: ese modelo de capitalismo que concentra de manera inédita los beneficios del sistema en las reducidas capas más ricas simplemente no sirve37. En Ecuador el mismo impulso crítico mueve la nueva reconcentración de las fuerzas de la izquierda alrededor de la Coordinadora Plurinacional de Unidad de las Izquierdas. Tras más de diez años de “gobiernos progresistas” en América Latina y de casi seis de correísmo en el Ecuador, crece la impaciencia de la población con respecto a las transformaciones económico-sociales profundas que fueron prometidas insistentemente, y cuyos resultados concretos no han sido, como lo reconoce inclusive en este caso el propio Gobierno, más que superficiales.
Algunas conclusiones
A partir de un análisis de los efectos de la crisis financiera internacional sobre las economías latinoamericanas, se buscó evidenciar que los resultados obtenidos fueron condicionados por la estructura económica redibujada dentro del marco del momento predecesor, o sea, de la consolidación del neoliberalismo en la región. Al centrar nuestro análisis en el caso ecuatoriano, se buscó replantear los alcances de las políticas y reformas impulsadas por la Revolución Ciudadana en el país en un contexto de convulsión de la economía mundial provocada por una crisis de proporciones atlánticas. Es decir, a partir del mapa de los limitantes estructurales típicos de esta economía andina, hemos intentado realizar una crítica a las medidas tomadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana, subrayando la insuficiencia de los cambios promovidos a nivel económico y la débil adherencia de estos con el compromiso de poner en marcha una estrategia de desarrollo autónomo.
En síntesis, la crisis internacional profundizó tendencias ya instauradas y puso en evidencia que, seis años después de llegar al poder, Alianza País ha sido incapaz de construir de manera efectiva las bases de otro modelo de desarrollo, y -lo que es más preocupante-; se encuentra repotenciando una forma de acumulación de capital que reproduce, de manera autoritaria y no sin resistencia de los sectores populares, las mismas derivas del anterior modelo neoliberal. Bajo un escrutinio no-celebratorio, la realidad ecuatoriana con el “progresismo”, groso modo, se caracteriza por ser: a) cada vez más dependiente de las rentas de los recursos naturales como el petróleo y la minería; b) subordinada a los vaivenes de las fuerzas del mercado, ya que con la manutención de la dolarización formal se revigoriza la hipoteca de la soberanía monetaria-cambiaria y se autoamputan imprescindibles instrumentos de política económica; y c) pautada en un modelo escasamente crítico con los conceptos de crecimiento y desarrollo económico y su armonización con las demandas populares.
De la insistencia en una verdadera “renovación conservadora”, como puede ser sintetizada la formula “extractivismo sumado a programas sociales” que vienen imprimiendo los gobiernos progresistas en la región; se abre el camino a una nueva discusión sobre la izquierda latinoamericana en el poder. Si es la misma melodía la que toca la orquesta, aunque aparezcan sutiles variaciones, es momento de cuestionar quien realmente está llevando la batuta.
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Notas
1 Cabe destacar que se busca, a ver si con éxito o no, hacer un balance del gobierno correísta a raíz de la crisis financiera global, pero el tono perseguido para ese ejercicio resuena en algún espacio entre dos polos: la evaluación extremamente condescendiente para con el mandatario, o celebratorias incluso, y la crítica más feroz. Entendemos que un análisis sesgado tanto hacia el halago indiscriminado a la Revolución Ciudadana como el caer en la crítica sanguinaria al Gobierno, son contraproducentes. Al optar por un lado, el rey sigue desnudo y nadie entre sus súbditos es capaz de enfrentarle con la molesta verdad. Del otro, es tanta la furia que se ciega una apreciación más objetiva y se termina por cerrar definitivamente cualquier posibilidad de diálogo entre las izquierdas y el Gobierno.
2 Al asumir su primer mandato como presidente de Brasil en 2003, en medio a un conturbada histeria de los mercados internacionales que se reflejó en una fuerte presión sobre el cambio, Lula públicamente declara haber recibido una “herencia maldita”, de Fernando Henrique Cardoso, su antecesor y responsable por profundizar las políticas del Consenso de Washington, compuesta de un estado con menos instrumentos de intervención, carnalmente conectado al FMI y con tasas de crecimiento estancadas. Similar carga dramática está implícita en el discurso de Rafael Correa al definir el período que lo antecedió en Ecuador como “la larga noche neoliberal”.
3 Ocampo (2007) es más cauteloso y preciso al utilizar el término “anticíclico”, pues lo reserva únicamente para países que, como Chile, realmente venían adoptando medidas desde el auge del ciclo propiciado por la subida de los precios de la materias primas. Es decir, medidas visando aprovechar el momento de auge exportador para que el Gobierno hiciera “caja” y dispusiera de recursos en los momentos de las vacas flacas. En su tipología, Brasil no hizo políticas anticíclicas stricto-sensu, lo que el país profundizó fue una tendencia del aumento del gasto público instaurada ya a partir de 2005, de tal forma que pareciera ser que ese manifiesta una “vocación gastadora” más que una política que busque conscientemente minimizar las fluctuaciones tanto en los períodos de auge como de desplome del ciclo económico. Finalmente, hay los países que siguieron implementando políticas procíclicas, de cual se destaca el caso mexicano. La CEPAL (2010) fue menos rigurosa en su identificación de las medidas anticílicas adoptadas por muchos de los países de la región, bastando que esas incurrieran en medidas expansivas a raíz de las crisis en los campos de: a) política monetaria y financiera; b) política fiscal; c) política cambiaria y de comercio exterior; d) políticas sectoriales; y e) políticas laborales y sociales.
4 La persistencia de la crisis europea y la desaceleración de la economía China constituyen, sumado a la reacción débil del mercado estadounidense, el panorama desalentador de los principales socios comerciales de la región, lo que viene a estimular la búsqueda de alternativas para retomar el crecimiento económico y los niveles de empleo e ingreso de los países latinoamericanos.
5 A pesar del coro que asegura que las condiciones macroeconómicas actuales de las economías de la región son más favorables que en las crisis anteriores, hay que relativizar la supuesta virtud de la condición macroeconómica. Como señala Ocampo: “las economías latinoamericanas llegan a la crisis con mayores fortalezas que en el pasado, pero ellas son más modestas de lo que se ha subrayado en algunos estudios optimistas sobre la gestión del auge económico reciente” (2009: 31). Los analistas más optimistas justifican su opinión, sobre todo, por el alto nivel de reservas internacionales acumuladas y la obediencia a la disciplina fiscal, lo que es una lectura parcialmente acertada. Pero sabemos que la reversión de esa condición favorable puede darse muy rápidamente, ya que “en el caso de América Latina, el análisis y los datos empíricos sugieren que el episodio actual y sus manifestaciones probablemente se ajustarán a los patrones de las crisis financieras anteriores, por lo que se trataría de un caso de ‘vino añejo en odres nuevos’” (Titelman et al, 2009: 31). La sensación de dejá-vu se justifica, aunque hayan algunos indicadores favorables.
6 La emigración de ecuatorianos fue masiva en los años noventa, y aún más acentuada tras la mayúscula crisis bancaria y monetaria de 1999. El número de migrantes llegó a ser superior a 150 mil personas únicamente en el año 2000, fecha de la dolarización formal del país. El presidente Correa exaltó en viaje reciente a España, en marzo de 2012, que la patria recibiría de “brazos abiertos” a los ciudadanos ecuatorianos en el extranjero que desearan regresar. Sin embargo, todavía son tímidas las iniciativas y el apoyo en términos de política pública para que la oleada migratoria sea revertida, más bien, parece ser que el regreso al país de origen se motiva más por las precarias condiciones laborales en los países-huéspedes tras la crisis que por una política estatal direccionada a su acogida.
7 En ese contexto, tanto la reprimarización como la desindustrialización precoz de las mayores economías latinoamericanas, son fenómenos que están relacionados con la reciente emergencia del mercado asiático como el principal destino de las exportaciones de la región y los tipos de bienes que están siendo preferencialmente transados. Para un análisis detenido de los dos fenómenos y sus implicaciones en el modelo de desarrollo económico brasileño, véase el trabajo de Salama (2011).
8 “Las repercusiones más importantes y generalizadas de la crisis se apreciarán en el ámbito comercial. Todos los países, pero especialmente México, Centroamérica y el Caribe, están siendo afectados por la contracción del volumen real de comercio, mientras que las economías sudamericanas, sobre todo las exportadoras de productos mineros y energéticos, han experimentado un fuerte deterioro de los términos de intercambio. La caída de los precios de los productos energéticos compensará en parte los efectos adversos de la reducción del comercio internacional” (Ocampo, 2009: 31).
9 En el tema de la dependencia sino-latinoamericana, hay otro elemento que merece ser escudriñado con más cuidado: las inversiones extranjeras. De un lado, parte importante de las plantas productivas de empresas latinoamericanas fueron “deslocalizadas” para China, buscando aprovecharse de un costo salarial más bajo. Por otra parte, es masiva la inversión de China en las actividades del sector primario latinoamericano, el flujo de recursos para la explotación minera en Ecuador llega a niveles históricamente inéditos.
10 La literatura ortodoxa nombra despectivamente de “flotación sucia” lo que para la heterodoxia se considera “cambio administrado”, ambos refiriéndose a la intervención del Gobierno en los mercados cambiarios.
11 El comportamiento del tipo de cambio, y más específicamente la propensión a su apreciación en los países de desarrollo medio, es el tema principal que ocupa la agenda de investigación de la corriente de pensamiento “neodesarrollista”, o promotora de la “macroeconomía estructuralista del desarrollo”, y que tiene como destacado vocero el economista brasileño Luiz Carlos Bresser-Pereira (2010). Además de discutir ampliamente la conexión entre tipo de cambio y crecimiento económico, él y sus interlocutores sugieren que la política cambiaria comprometida con una estrategia de desarrollo nacional debe perseguir la manutención de un tipo de cambio competitivo (o relativamente devaluado) como compromiso fundamental (p. 153). Eso porque hay, en los países en desarrollo -fruto del mal holandés y de la política de crecimiento con ahorro externo-, la perversa tendencia a la sobreevaluación del tipo de cambio. América Latina, a diferencia de los países del sudeste asiático, ha tenido serios problemas en neutralizar esa tendencia, lo que significa la persistencia de la moneda nacional sobreevaluada y sus consecuencias: a) dificultad en mantener altos niveles de inversión; b) bajos niveles de crecimiento; y c) sistemáticas crisis de la balanza de pagos.
12 En español parece ser que se empieza a construir un consenso en identificar el fenómeno de agrupación de deudas en nuevos títulos y la negociación con bases en estos nuevos instrumentos financieros, que está en el origen del termino securatización, como titulización. Para más detalles de ese proceso en Estados Unidos, véase el trabajo de Chapoy y Girón (2008). Lo que sí seguramente es punto pacífico es el apalancamiento extraordinario que las actividades financieras sufrieron a partir de esa innovación.
13 Hay que tomar con pinzas la aparente robustez que emana de esa aseveración, la vulnerabilidad externa sigue estando bastante presente, pues el capital extranjero es uno de los principales compradores de los bonos emitidos en las monedas de los países de la región y su “cambio de humor” sigue siendo el motor de las famosas debandadas de capital que tanta inestabilidad imputa a las economías latinoamericanas.
14 Al analizar los puntos de vulnerabilidad del país frente a la crisis, Acosta afirma: “El Ecuador perdió en enero del año 2000, de manera irresponsable, varios miembros importantes de política macroeconómica: la política monetaria y la cambiaria. Tengamos presente que la dolarización fue impuesta, sin preparación alguna y sin permitir ningún debate, durante uno de los gobiernos más corruptos de la historia ecuatoriana” (2009: 15).
15 Es decir, es más que prudente que “antes de analizar el impacto de la crisis en la economía ecuatoriana, conviene tener presente que Ecuador viene arrastrando una pesada crisis social y económica, sobre todo en los últimos veinticinco años. Esta crisis ha sido el resultado de un proceso acumulativo de políticas inspiradas en el Consenso de Washington, que necesariamente deben ser superadas para poder dar respuestas adecuadas a la actual crisis internacional” (Acosta, 2009: 1).
16 “La devaluación real que experimentó la moneda estadounidense durante la bonanza favoreció a las tres economías dolarizadas (Ecuador, El Salvador y Panamá)” (Ocampo, 2009: 29).
17 Para que se tenga una correcta dimensión del fenómeno, eso sería, aproximadamente, equivalente a un trimestre de recursos que los ecuatorianos residentes en España -principal destino migratorio seguido de Estados Unidos y Italia- envían a sus familias.
18 La provincia de Loja, por ejemplo, detiene el cuarto lugar como destino de remesas. Sin embargo, tiene casi a un 50% de su población por abajo de la línea de pobreza, lo que está muy por arriba del promedio nacional que para 2010, según la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), era de 37%.
19 En relación al último trimestre de 2011, conforme lo demostrado por el informe Evolución de las remesas, del Banco Central del Ecuador, disponible en: http://www.bce.fin.ec/ frame.php?CNT=ARB0000985.
20 No se trata aquí de reeditar la defensa indiscriminada de la industrialización como única forma de desarrollo económico posible. Obviamente estamos en una realidad económica sustancialmente distinta a la de los años 40 y 50, y la literatura más heterodoxa sobre el desarrollo logró poner en la mesa de discusión tanto el problema ecológico como el del respeto por formas de producción tradicionales de los pueblos originarios, replanteándose, así, la viabilidad de una estrategia exclusivamente pautada en la industrialización. Lo que aquí se busca resaltar, ahí sí una vez más, es la fragilidad económica, mensurada en la susceptibilidad ante episodios de crisis externas, implícita a un modelo primario-exportador. Una reflexión bastante semejante en las líneas generales se encuentra en el trabajo de Acosta y Schuldt (2006).
21 La vocación ‘rentista’ vinculada a ese modelo de crecimiento económico es otra característica indeseada cuando se plantea una estrategia de desarrollo autónomo. Tal como destaca Acosta: “la profusión de recursos naturales de que dispone Ecuador, particularmente de petróleo, tiende, entre muchos otros procesos endógenos de carácter patológico que acompañan al modelo primario-exportador, a distorsionar la estructura y la asignación de sus recursos económicos, redistribuye regresivamente su ingreso nacional y concentra su riqueza en pocas manos, mientras se generaliza la pobreza. Esta realidad ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades ‘rentistas’, ha profundizado la débil y escasa institucionalidad, alentando la corrupción y deteriorando el medio ambiente. Las prácticas clientelares en lo social están a la orden del día” (2009: 16).
22 Aquí, una vez más, no hay que apresurarse en conclusiones precipitadas. Dada la no emisión soberana de moneda, la deuda interna ecuatoriana también se denomina en dólares, lo que convierte en algo bastante especial el tema de la exposición externa. Si incluso para una economía con emisión monetaria soberana el hecho de que haya un aumento de la deuda interna en relación a la denominada en moneda extranjera, no significa automáticamente menor exposición a los movimientos internacionales de capital -dado que parte importante de estos títulos pueden estar en las manos de agentes no residentes-, la problemática es aún más delicada tratándose de una economía dolarizada. Si, por un lado, no está implicado el riesgo cambiario de las deudas en moneda extranjera, por otra parte, una vez que esa no cuenta con la capacidad de financiarse emitiendo moneda propia, la dependencia de que hayan flujos de entrada constantes en dólares es redimensionada, y es de esa entrada que se garantiza que los compromisos externos del país sean refrendados.
23 Cumpliendo parte del compromiso de campaña, Correa instauró, por decreto número 472 del 9 de julio de 2007, la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público (CAIC), responsable por encaminar una minuciosa auditoria de la deuda externa del país. A partir de lo establecido en el informe final de dicha comisión, de noviembre de 2008, el Gobierno emprendió una agresiva renegociación con los acreedores internacionales, lo que llevó a una sensible disminución del saldo a pagar de la deuda remaneciente. Para mayores detalles, véase el informe de CAIC (2008) y la página www.auditoriadeuda.org.ec.
24 Datos recientes de la CEPAL (2012b: 13) destacan que siete son los países -Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y el Ecuador incluido- que mostraron mayores avances en el combate a la pobreza considerándose los años 2010 y 2011. La inclusión de Perú y Colombia, liderados por gobiernos de tintes conservadores, en esa selecta lista relativizan que la bandera de la eliminación de la pobreza sea exclusividad de la izquierda en la región.
25 Obviamente hay que celebrarse la iniciativa de que el fisco se beneficie de las pulposas ganancias que el sector financiero tiene, como el plasmado en el aumento del valor del BDH a través de la Ley de Redistribución del Gasto Social, conforme mencionamos. Y ojalá otros países latinoamericanos lograran tomar medidas que están siendo impulsadas por el Gobierno ecuatoriano en esa dirección, como es el caso del cobro de Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA). Sin embargo, sigue resonando la una inquietud: ¡¿no sería aún más alineado con un programa de izquierdas que las finanzas no representaran el segmento con mayor rentabilidad de la economía nacional?!
26 “En Ecuador, una de las peores amenazas económicas de corto plazo ha sido una potencial iliquidez, agravada por la dolarización y por una apertura comercial a ultranza e ingenua, que configuran una receta explosiva. Rigideces, como la dolarización, a las que se suman otros problemas estructurales, son las que tienen maniatada a la economía ecuatoriana” (Acosta, 2009: 2).
27 Estamos conscientes que los trabajos de la Comisión Presidencial para la Nueva Arquitectura Financiera (NAF), impulsados por Correa, fueron un paso para aliviar las presiones en ese sentido. Pero un paso demasiado tímido, cuyos resultados concretos siguen siendo menguados y cuyo futuro permanece bastante incierto.
28 Así, es acertada la afirmación de que “este nuevo modelo capitalista de mercado que se impone a nivel global tiene tres consecuencias socio-políticas, que directamente influyen en el conflicto social: a) liquida el Estado social de derecho (keynesiano) redistributivo; b) excluye toda posible participación social en la nueva forma de “crecimiento económico”, el cual solo es posible a condición de mayor inequidad social; c) desarma y deslegitima, por consiguiente, todos los conflictos reivindicativos y las demandas de los “movimientos sociales” (Sánchez Parga, 2009: 162).
29 “Al cerrarse en América Latina la etapa del capitalismo desarrollista sustentado en el mercado interno, en Ecuador se vivió lo que mutatis mutandis se ha vivido en otros países de la región. Los viejos actores del movimiento popular, movimiento obrero, campesinado, movimiento estudiantil y un abigarrado sector popular urbano vieron mermar su protagonismo, no solo porque en términos políticos su fuerza menguaba por la ofensiva neoliberal, sino también porque en el plano de la estructura social comenzó a observarse una informalización que dio origen a nuevos sujetos sociales” (Figueroa, 2008: 113).
30 “La participación de la agricultura en el PIB no sufrió ninguna variación entre 1980 y 1995, lo que demuestra que las medidas neoliberales fracasaron en lograr una reactivación de la producción agrícola a través del impulso de la agricultura a gran escala. De hecho, las pequeñas unidades resultaron más eficientes en términos de uso de recursos y productividad” (Grinspun, 2008: 67).
31 “En los trabajos de esa Constituyente, a inicios de 2008, se acentuaron las contradicciones entre Acosta y Correa, y entre una izquierda renovada y un progresismo convencional. Mientras que Acosta deseaba profundizar el esquema de derechos y garantías de la nueva Constitución, Correa buscaba acelerar las deliberaciones para poder retomar su campaña política. En aquellas circunstancias, Acosta renunció a la presidencia de la Asamblea Constituyente. A partir de ese momento se acentuó el perfil de Correa volcado al progresismo extractivista, calificó a quienes lo critican por izquierda como “infantiles”, indicó que la nueva Constitución tiene demasiadas garantías, y aplicó medidas de judicialización contra sus críticos” (Gudynas, 2012).
32 “Esta situación coloca al gobierno frente a un dilema: los recursos provenientes de la explotación del petróleo viabilizan programas que afianzan su intención social sin enfrentar las exigencias estructurales de la sociedad ecuatoriana. Este beneficio inmediato aspira a una ulterior inversión en la extracción del producto en el momento en que las estimaciones indican que las reservas del país ya alcanzaron su pico y tienden a decrecer irreversiblemente, poniendo en evidencia el carácter provisorio del arreglo actual. Como consecuencia, surge una contradicción con la orientación extractivista de la economía que se pretende superar en los marcos del precepto constitucional del sumak kawsay, traducido como “buen vivir” (Barbosa dos Santos, 2010).
33 “Paradójicamente los principales peligros no han venido de una oposición que ni siquiera se cree a sí misma, sino de nuestras propias contradicciones, de esas agendas propias que se metieron por las trasteras, de un falso sentido de democracia que buscó los aplausos de los grupos que precisamente debíamos combatir, de un caballo de Troya que llevaba en su vientre aspiraciones y hasta frustraciones por las que no había votado el pueblo ecuatoriano […]. Lo dije el 29 de noviembre de 2007, en la inauguración de esta Asamblea: el mayor peligro para nuestro proyecto de país es el izquierdismo y el ecologismo infantil. Temo que no me equivoqué, aunque tal vez me faltó añadir el indigenismo infantil.” Fragmento del discurso de Rafael Correa, 26 de julio de 2008 en la ceremonia de entrega de la nueva Constitución (citado por Ospina, 2008: 13).
34 Según el informe sobre la situación de los DD.HH. en el Ecuador redactado en el 2011 por el programa andino de derechos humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, “persiste el inadecuado manejo de la conflictividad expresado en lo ideológico, político, económico, organizativo; a través de un gran despliegue mediático. El Gobierno dio apertura para el diálogo con los gremios empresariales, mientras cerró las posibilidades de dialogar con el movimiento indígena, con los trabajadores y con periodistas; dando más bien paso a procesos de criminalización de la protesta social y de la opinión pública (de ciertos sectores). La Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) se pronunció cuestionando la política de criminalización de la protesta social” (PADH-UASB, 2011: 18) Versión completa del informe en: http:// www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/Actividadespadh/Informedhvimpreso.pdf
35 La visión pragmática expresada en este discurso del Gobierno revela que por razones de necesidad (ante una situación de crisis política interna que parece reproducirse constantemente); no importa sacrificar paulatinamente ni la nueva constitución o las libertades, imponiéndose así lo que Giorgio Agamben denomina como “estado de excepción” como técnica de gobierno, en la cual todos los poderes y funciones del Estado operan cada vez más a la sombra del Poder Ejecutivo.
36 Según un informe del propio Gobierno, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y el Ministerio Coordinador de la Producción ecuatorianos, tras seis años de Gobierno “el desarrollo del país sigue anclado al petróleo y la exportación de productos primarios: el 71% del aparato productivo del país se sostiene en la producción de bienes primarios, el 8% en los servicios y apenas el 21% en la producción de bienes industrializados. En el 2006, un 56% del total de exportaciones no petroleras correspondían a bienes primarios, porcentaje que aumentó en el 2011, cuando registró 61%. El peso de las exportaciones de manufacturas, que tienen más valor agregado, se redujo en cinco años. En el 2006 era el 40% del total de exportaciones no petroleras. En el 2011 fue del 36%.” (Diario El Comercio, 2012 septiembre 26. Nuevo Plan para cambiar el aparato productivo del país. Quito,)
37 Al punto de que hasta un execonomista del Banco Mundial y ganador del -bastante prosistema- premio Nobel reconoce que “the failures in politics and economics are related, and they reinforce each other. A political system that amplifies the voice of the wealthy provides ample opportunity for laws and regulations -and the administration of them- to be designed in ways that not only fail to protect the ordinary citizens against the wealthy but also further enrich the wealthy at the expense of the rest of society” (Stiglitz, 2012).