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Minería: reparar, resistir, rechazar 

El conflicto minero desde el país de los Derechos de la Naturaleza 

 

Fernanda Solíz 

Psicóloga Comunitaria. Docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Investigadora en el área de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. Candidata a PhD

en Salud Colectiva Ambiente y Sociedad. Militante del Movimiento por la Salud de los Pueblos.

¿Extraer o no extraer? 

¿Concesionar o nacionalizar? 

¿Deuda ecológica o Justicia social y ambiental? 

 

 

Minería: ¿desde dónde? 

 

La guerra por la apropiación de los recursos naturales nos convoca a la urgencia de fortalecer procesos de organización y resistencia que se constituyan como experiencias emblemáticas. 

Los pueblos del Sur, hemos dado varias lecciones al Norte. Quizás una de las más importantes ha sido la invitación a pensar desde la complejidad ambiental. Ello ha devenido en una ruptura paradigmática con profundas connotaciones epistemológicas, ontológicas y políticas. 

Pensar desde la complejidad implica repensar toda la historia del mundo a partir de deconstruir disociaciones históricas (sujeto/objeto, sociedad/ naturaleza, economía/ecología) responsables en mucho del pensamiento reduccionista precursor del economicismo y reconocernos en un movimiento dialéctico que comprende las relaciones de interdependencia e interinfluencia. 

 

…sería hoy difícil encontrar una persona instruida que niegue los hechos de la evolución. Sin embargo entre nosotros, muchos niegan su evidente corolario: que al ser humano le afectan las mismas influencias ambientales que controlan la vida de muchos miles de otras especies con las que está relacionado por medio de vínculos evolutivos (Carson, 1998: 245). 

 

Hoy en día, en medio de la crisis del cambio climático, la urgencia de superar un modelo económico extractivista primario, obliga a posicionar y promover un enfoque dialéctico que “nos lleva a reconocer que los organismos en general no se limitan a adaptarse a su medio; también lo afectan de diversas maneras y al afectarlo, lo cambian. La relación es en consecuencia recíproca” (Bellany, 2000: 38). 

En términos de Jaime Breilh (2004) -reconocido cientista social latinoamericano-, ya no podemos hablar de ecosistemas sino de sociecosistemas… “a través de procesos de artificialización los ecosistemas se transforman en socioecosistemas pues están cruzados por relaciones sociales que determinan, la lógica equitativa o inequitativa, de los procesos humanos y de artificialización”. 

Asumir este nuevo paradigma, implica además, comprender la relación circular existente entre social, propuesta por Marx es la que reivindica esta mutua relación frente a las concepciones antropocéntricas (herencia de la modernidad) donde los recursos naturales son ilimitados y los servicios ambientales nunca se degradan. 

Varios autores (Gadgil y Guha, 1992; Toledo, 1994) han realizado importantes contribuciones en el análisis del metabolismo social y los procesos que lo componen (Toledo, 2005). Los cinco procesos metabólicos: apropiación (A), transformación (T), distribución (D), consumo (C) y excreción (E), nos permiten comprender los modos de relación entre la sociedad y la naturaleza así como cuantificar los flujos de materia y energía que se intercambian entre los conglomerados sociales y el medio natural (ecosistemas). 

Los mecanismos y el tipo de recursos apropiados, las características de los procesos de transformación, la equidad o inequidad en la distribución de los bienes y los patrones de consumo están determinados por el modelo económico y político. Por ende, la cantidad (si sobrepasa o no su capacidad de reciclaje) y calidad (si son asimilables o no por la naturaleza) de los residuos generados en el proceso de excreción (E) es un claro reflejo de que este modelo de capitalismo industrializado no solo es malsano sino depredador de la vida y la dignidad. 

Desde este marco conceptual, dejamos sentadas las interrogantes que nos servirán de hilo conductor. 

Siendo que a nivel global el petróleo ha alcanzado su pico de Hubbert y la nueva apuesta para conseguir el tan anhelado desarrollo se ha centrado ya sea en la intensificación o en el inicio (caso Ecuador) de la minería a gran escala concesionada a empresas transnacionales, es inevitable preguntarse: 

1. ¿Cómo se dan los procesos de apropiación, el despojo violento, la militarización y concesión de territorios? ¿Cómo se disponen los recursos, cómo se imponen las políticas? 

2. ¿Qué impactos dejan los procesos de transformación en los socioecosistemas? ¿Cómo se vive la exposición nociva en las comunidades afectadas? 

3. ¿Cómo se distribuyen las regalías y ganancias? ¿Cómo se distribuyen los impactos, costos y pasivos ambientales? 

4. ¿Minerales para quién? ¿Qué países y en qué proporciones consumen los metales? 

5. ¿Cuáles son los saldos de la minería expresados en la cantidad y tipo de desechos: contaminación de agua, aire, escombros? 

En este marco nos preguntamos además: si la minería es reconocida como la actividad más destructiva sobre la faz de la tierra, si rompe el equilibrio de la relación sociedad-naturaleza dejando toneladas desechos tóxicos, afecciones irreparables en los socioecosistemas, ¿cuáles han sido las estrategias y discursos que la han legitimado? ¿Bajo qué relaciones de poder? ¿Qué posibilidades tenemos los pueblos del sur para exigir reparación integral de los territorios afectados, para la resistencia y el rechazo de la concesión multinacional de nuestros territorios? 

Así, desde el país de las conquistas constitucionales históricas: el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, el reconocimiento del Principio Precautorio y de la Consulta Previa, Libre e Informada proponemos un análisis del contexto nacional minero en el gobierno de la “revolución ciudadana”. 

Sin lugar a dudas, uno de los temas que ha causado más controversia en el país, ha sido la agudización del modelo económico extractivista primario. La firma del primer contrato de megaminería con la empresa China Ecuacorriente S.A, el 5 de marzo de 2012, marca un hito en la historia del Ecuador pues violenta de forma descarada los principios constitucionales por el Buen Vivir de los pueblos y nacionalidades así como el Mandato Minero emitido por la Asamblea Constituyente de Montecristi en el 2008. 

Para analizar el conflicto minero en el Ecuador utilizaremos como ejemplo ilustrativo el caso de las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del Proyecto Fruta del Norte de la empresa Kinross Aurelian (proyecto en fase de exploración avanzada). Se trata de un proyecto de minería de oro (se estima que contiene reservas por 137 millones de onzas de oro) en la Cordillera del Cóndor, cantón Yantzaza, en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Adicionalmente, tomaremos el caso de comunidades del cantón Paquisha (provincia de Zamora Chinchipe), en las que se desarrolla minería artesanal. Pretendemos así proponer un análisis comparativo entre las condiciones e impactos de la megaminería frente a la minería artesanal. 

 

 

La historia inicia… 

 

La apropiación de las riquezas 

 

¿Cómo se dan los procesos de apropiación, el despojo violento, la militarización y concesión 

de territorios? ¿Cómo se disponen los recursos, cómo se imponen las políticas? 

 

Son múltiples y perversos los mecanismos utilizados para la apropiación de riquezas. Éstos se sortean entre las expresiones violentas de despojo por militarización y las estrategias sutiles como el cierre de escuelas a través de la eliminación de partidas docentes que obliga a las familias a salir de su comunidad1

En la provincia de Zamora Chinchipe, comuneros denunciaban la estrategia de las empresas sobre las escuelas para que la población se desplace: las queman y cierran, entonces la población se ve abocada a su salida: nadie quiere que sus hijos/as se queden sin estudiar. Una de las comunidades que sufrió este proceso fue Río Blanco, esta comunidad se encontraba en la zona de influencia directa del Proyecto Fruta del Norte de la Multinacional Canadiense Kinross Aurelian. La empresa utilizó como primer mecanismo de desalojo la compra de terrenos a precios irrisorios, como los comuneros se resistieron a vender, la escuela fue cerrada, entonces las familias debieron salir a Yantzaza (ciudad cercana). 

Así, en las zonas de concesión minera a empresas multinacionales Chinas y Canadienses, en la Cordillera del Cóndor, encontramos las primeras “comunidades fantasmas”, se trata de pueblos enteros que han dejado sus tierras en busca de alternativas educativas para sus hijos/as (Solíz et al, 2011). 

Por otro lado, es frecuente la imposición de políticas de criminalización frente a la minería artesanal como discurso utilizado para legitimar las concesiones de minería a gran escala y entregar los territorios. Este discurso va acompañado de la promesa de Minería Social y Ambientalmente Responsable, de la apuesta ciega por la tecnología de punta como alternativa mágica que conducirá al desarrollo y al progreso. 

La venta de tecnología ha mantenido relaciones de dominación Norte-Sur en las que las grandes corporaciones se ubican por sobre los Estados. Se trata de una reproducción de la explotación del capitalista dueño de los medios de producción sobre el obrero que vende su fuerza de trabajo, en este caso, es el Norte dueño de la ciencia y la técnica que exige a cambio la concesión de las riquezas de los países y explota la mano de obra de los comuneros. 

A este proceso de contratación-explotación, lo hemos llamado Encadenamiento Laboral (Solíz et al, 2011). Se trata de una práctica utilizada no solo por empresas mineras sino en general por petroleras, florícolas y demás. Al instalar en las comunidades procesos destructivos, el mejor mecanismo de silenciamiento y control consiste en atar las economías familiares al proceso ambiental destructivo, volverlas dependientes, en este caso, a la actividad minera. 

Es entonces que la minería se convierte al mismo tiempo en la alternativa económica de supervivencia y el proceso que amenaza la salud y la vida. Se crea una situación de encadenamiento sobre la cual las comunidades se sienten incapaces de tomar acciones, es en cierto punto una diada cruel e irresoluble. Se construye además una lógica económica de pago por servicios que anula y quebranta cualquier posibilidad de mantener los modelos de economías productivas familiares y comunitarias existentes antes de la concesión. 

La generación de fuentes de empleo ha sido el argumento central que la empresa y el Gobierno resaltan como el aspecto más favorable de la minería a gran escala. Analizar el número de plazas y el tipo de trabajo ofertado a los habitantes locales, las características y efectos del empleo, permite determinar cuáles son las consecuencias de estas contrataciones tanto en la economía local como en el tejido comunitario. 

Vale recordar que a nivel mundial, la minería a gran escala emplea de modo directo en el mundo a 2,75 millones de personas, lo cual representa nada más el 0,09% de los puestos de trabajo (Colectivo Voces de Alerta, 2011), es decir, la minería ni es la “receta mágica” para el desempleo, ni asegura empleos dignos, ni nos llevará al crecimiento económico. 

En este punto, no podemos dejar de mencionar que en octubre de 2011, a siete meses de la firma del primer contrato de minería a gran escala, los trabajadores de la Empresa Minera China Ecuacorrientes S.A (ECSA), iniciaron una paralización masiva y se tomaron las instalaciones del campamento. Denunciaban ilegalidades en sus contratos, condiciones laborales indignas (accidentes laborales sin indemnización, jornadas extraordinarias, maltratos) y demandaban contratación colectiva y el cumplimiento de beneficios de ley (seguridad social, estabilidad). 

En medio de una muy limitada cobertura mediática, luego de 3 días de toma del campamento, el ministro de Relaciones Laborales asistió como mediador. Nuevamente el Estado al servicio de las multinacionales. Nos preguntamos entonces, ¿por qué en esta situación el Gobierno no actúa con la severidad que pregona en defensa de condiciones laborales justas? Evidentemente, hacerlo, implicaría reconocer que el endulzante utilizado para legitimar la concesión de recursos: “responsabilidad social corporativa” se diluye cuál azúcar en cuanto los contratos son firmados. 

Por lo general, la práctica de las empresas es igual en Ecuador y el resto del mundo, contratan solamente a ciertas personas, con ello dividen a las comunidades, crean fricciones y garantizan el ingreso de la empresa. 

Adicionalmente, los trabajos que ofrecen a los comuneros son los más peligrosos y menos remunerados, son trabajos de obreros, cocina, limpieza, entre otros. Para funciones especializadas, se contrata a técnicos extranjeros. Esta situación fue narrada en una entrevista con el gerente de Relaciones Comunitarias de la empresa Kinross-Aurelian (Solíz et al, 2011).

Algunos testimonios de comuneros de esta zona, ilustran la problemática descrita: 

 

También, en el modo de tratar, los derechos humanos son violados. Los técnicos y los operadores no son de la comunidad, solo los trabajos de obrero son para la gente de las comunidades (Poblador, comunidad Santa Lucía, Zamora, Ecuador). 

Si usted dice algo en contra, si pregunta, ya no lo consideran, si tiene algún problema físico, si es muy pequeño, todo eso ven, contratan a unos sí y a otros no […] entonces los que trabajan para la empresa están a favor y los otros en contra2. 

El trabajo que da la compañía al final genera malestares porque nos tienen como juguetes, creemos que luego las comunidades van a empezar a pelearse unos con otros por el empleo. 

 

Finalmente, otra estrategia utilizada por la empresa, previa la firma de contratos, para vender la promesa de “desarrollo y confort” y lograr la aceptación de las comunidades, se ha centrado en la creación de condiciones ficticias en los campamentos de trabajo. 

Las condiciones del campamento de Kinross Aurelian son abismalmente distintas a las condiciones de vida a las que están acostumbrados los pobladores de las comunidades de la zona de influencia directa de la compañía. El olvido del Estado en provisión de salud y servicios básicos, contrastan con las instalaciones y facilidades del campamento. Esto, ligado a la estrategia de contratación de un miembro por familia, induce a una diferenciación de estilos de vida totalmente irreconciliables entre parientes y vecinos, terminando con el sentido de pertenencia hacia la comunidad para identificarse con la idea de desarrollo que proyecta la empresa a partir del confort y la abundancia construida (Solíz et al, 2011). 

 

En el campamento se pasa bien, en el desayuno hay comida light y arroz. Al principio todos comían sin medida, cosa que hasta se enfermaban. Después de las 17h00 se hace deporte, hay canchas para todo, también hay gimnasio, casino, billar, karaoke. Ahí se puede estar hasta las 22H00 (Poblador, comunidad Santa Lucía, Zamora, Ecuador). 

 

Estos conflictos, generados por las empresas, devienen finalmente en el empobrecimiento de las comunidades, las empresas se apropian de tierras, agua, ríos, quebradas, aire, paisaje e incluso de los sonidos del ambiente. 

Esta situación ha generado la construcción de privilegios para las empresas y quienes se acerquen a ellas, lo que deviene en (Levi, 2005) una Ruptura del Tejido Social y de los mecanismos de Solidaridad de estos colectivos humanos; la Ridiculización de la población y de sus diferencias; la Jerarquización de los ultrajes y violencia (el empresario agrede al pequeño minero, el minero a su esposa, esta a sus hijos, los niños a las niñas,...); se Pierde la autoestima, porque la vida no merece de su cuidado; y se Rompen los mecanismos de defensa política-moral-justicia, pues la población no encuentra acceso a verdadera justicia, se les pisotea moral y políticamente. 

Todo esto es posible por la ausencia absoluta del Estado y/o su hermanamiento frontal con las empresas transnacionales. En las comunidades Río Blanco y El Zarza (influencia directa del proyecto Fruta del Norte), resulta penoso constatar cómo la desaparición del Estado ha legitimado a la empresa como dueña del territorio concesionado y le ha otorgado poderes totales. 

Para estas comunidades, el Estado no existe, ni para la regulación, ni para la fiscalización; el territorio se encuentra membretado con el nombre de la empresa a través de letreros que se ubican en todas las vías de acceso y en todos los espacios comunitarios y públicos (escuelas, casas comunales, centro de salud...) en hermanamiento frontal con los logotipos de distintos ministerios. De esta forma, las comunidades viven un verdadero bombardeo del discurso de la minería responsable y son encadenadas sin alternativa alguna a la aceptación pasiva de este proceso. Es entonces que la empresa minera se convierte en el Estado y usa este poder para proveer servicios condicionados a la obediencia ciega, para regular, y por supuesto, para controlar. 

En resumen, la apropiación y el despojo tienen una ecuación sencilla: 

Discriminación de clase (comunidades pobres) + Discriminación étnica (comunidades pobres e indígenas) + militarización + ausencia de Estado = concesiones multinacionales. 

 

Transformación: impactos y exposiciones 

 

¿Qué impactos dejan los procesos de transformación en los socioecosistemas? ¿Cómo se vive la exposición nociva de las comunidades afectadas? 

Son múltiples los estudios que describen a detalle los impactos de la actividad minera en la naturaleza y comunidades vecinas. 

No redundaremos en números sobre las cantidades de agua y electricidad que se requieren, las toneladas de escombros que se producen, los tóxicos que se utilizan, la contaminación de aguas superficiales y mantos freáticos, el incontrolable fenómeno de drenaje ácido de minas, entre otros. 

En este ítem proponemos una teoría a la que hemos denominado Las Exposiciones Múltiples y aborda un análisis complejo de cómo las afecciones de las actividades de extracción y transformación minera generan impactos en distintas esferas, de formas tangibles e intangibles. 

Las comunidades afectadas por minería (es generalizable a muchos de los procesos socioambientales destructivos: petróleo, monocultivo, disposición final de residuos, entre otros) sufren lo que podríamos llamar un proceso de exposición múltiple que se articula en tres escenarios: 

Laboral: obedece a construcciones familiares de trabajo, en la mayoría de los casos las familias dependen de la minería a gran escala o de la minería artesanal, en este caso, incluso se derivan tareas a los hijos e hijas, convirtiéndose la actividad minera artesanal en una herencia familiar. Se vive una suerte de encadenamiento económico, las dinámicas laborales constituyen, por sí mismas, procesos que amenazan la salud y la vida al mismo tiempo que proveen el único sustento económico. 

Doméstico: hace referencia a vivir en la zona de actividad minera, en medio de los químicos, de los escombros, de la contaminación del agua, del ruido de las chancadoras y de la nocividad del ambiente social (violencia, militarización, prostitución...). 

Falsamente-construida: falsamente pues se la plantea como una dimensión en la que aparentemente las comunidades tendrían la opción de provocar este nivel de exposición o no -por ejemplo guardando o no los químicos dentro de las casas- sin embargo en la práctica no siempre es una opción real. En el tema minero, se orienta sobre todo al almacenamiento de los químicos peligrosos (cianuro y mercurio) dentro de las casas que en su mayoría tienen un ambiente único. En este escenario, la presencia cercana de los químicos se naturaliza de forma tan rotunda que se requerirán procesos de problematización (intervención psicosocial)3 para generar cambios en los hábitos y prácticas. Sabemos que la afección de los químicos en el Sistema Nervioso Central tiene correlación directa con desfases en el desarrollo evolutivo de niños y niñas. 

Dentro de estos criterios de exposición debemos considerar además que existen elementos tangibles e intangibles de exposición. En el escenario laboral la exposición a nocividades químicas y a riesgos físicos es evidente, pero también existen una serie de violencias laborales, de explotación y encadenamiento, todo esto en medio de condiciones de ilegalidad que permiten cubrir de manera cómplice los abusos. 

En el escenario doméstico también es evidente la exposición ambiental y social nociva: vivir en geografías marginadas, exponerse en el escenario más íntimo (doméstico-privado) a la presencia permanente de químicos, ruido...Sin embargo también existe una exposición psicosocial como consecuencia directa del conflicto socio-ambiental y se expresa en la naturalización de la violencia intrafamiliar, intergeneracional, alcoholismo, prostitución, entre otros. 

Finalmente en el escenario falsamente construido: la exposición intangible aparece como el control a través de responsabilizar a los mismos comuneros de su situación de enfermedad y muerte. Se vende el discurso de libre albedrío en el que cada persona escribe su futuro. 

La exposición más clara en zonas de actividad minera se expresa en: 1) químicos, fundamentalmente cianuro, pero también plomo. 2) violencia intrafamiliar, que a su vez genera desestructuración importante de las familias así como retrasos madurativos en los niños/as. 3) consumo de alcohol. 

A estas exposiciones se asocia la generada por: 4) la pobreza, no solo económica, sino también ambiental porque supone una pérdida de elección de futuros. 5) los riesgos de accidentes no solo por las condiciones de trabajo, sino también por las condiciones de vida en casas que se mantienen en equilibrio sobre las quebradas y cercanas al proceso productivo. Finalmente una última exposición es: 6) al miedo, construido sobre la base de los desalojos y las amenazas que las empresas ciernen sobre la población. 

Debemos enfatizar en evidenciar que los impactos son diferenciados por clase social, género y etapa vital. No es lo mismo que quien esté expuesto sea gente adinerada o gente pobre, existen entre estos grupos diferencias de su nivel de salud o sistema inmunológico y por supuesto en el acceso a atención. Tampoco es igual que sea hombre o mujer por las implicaciones de la marginación de las mujeres en la construcción de equidad de género. Y obviamente, los impactos son distintos en cada etapa vital, no podemos generalizar los daños en un niño, niña, adolescente, anciano o adulto debido a la variación en la capacidad para absorber o eliminar los tóxicos o por el impacto psicológico en su crecimiento; también hay que fijarse si es población afro, indígena o mestiza, por las diferencias culturales. 

Es por esto que decimos que los niveles y formas de exposición tienen matices diferentes de acuerdo a la etapa vital, clase, género y etnia (Adaptado de Breilh, 1991) de los grupos comunitarios, estos criterios deben considerarse como ejes transversales de análisis. En el Cuadro 1 proponemos una matriz que resume los criterios de exposición. 

Así, en las comunidades de mineros artesanales o aquellas que se encuentran en las zonas de influencia directa de las concesiones mineras transnacionales se visibiliza el concepto marginación regional, existe correlación directa entre la heterogeneidad del paisaje y la inequidad socioeconómica. Las familias viven en terrenos con pendientes extremas (marginación topográfica como criterio de discriminación ecológica, las comunidades más pobres se ubican en territorios peligrosos). Las viviendas están construidas en su mayoría de tabla, con techos de zinc y piso de madera. Las construcciones se sostienen con saquillos llenos de tierra de relave como elemento estructural de la topografía de la comunidad. 

Niños y niñas juegan y ruedan por sobre los lodos de relave, su piel se encuentra teñida de gris, pareciera cubierta de lodo, sin embargo ellos son insistentes en posicionar que se trata de oro, no de lodo… como una expresión reivindicativa… “no ve que no es lodo […] es oro…” (Niños de la comunidad La herradura, Zamora, Ecuador).

Definitivamente una de las grandes paradojas de este sistema… niños/as cubiertos de oro vivien-do en medio de la cordillera del Cóndor en situaciones de pobreza, contaminación ambiental y violencia incomprensibles.

 

Distribución de recursos: ¿Minería responsable para quién?

 

¿Cómo se distribuyen las regalías y ganacias? ¿Cómo se distribuyen los impactos, costos y pasivos ambientales?

 

En este acápite no vamos a detenernos en el análisis de si las empresas mineras son o no responsables, sabemos que no lo son, existen historias suficientes en los distintos países africanos y latinoamericanos que dan prueba de ello. Sabemos además que no existe minería ni social ni ambientalmente responsable, la simple conjunción lleva una contradicción implícita. El objetivo central de toda empresa es la acumulación de capital y esto se hace posible a través de la explotación del trabajador y de la naturaleza. A esto se suma la optimización de recursos y la disminución de costos con prácticas que amenazan al ambiente y a las comunidades. 

Estos cuestionamientos expresados por los movimientos ecologistas comúnmente han sido mal interpretados como una oposición ciega y fundamentalista ante la ciencia y la tecnología. Por ello invitamos a retroceder a la definición de tecnología propuesta por el Diccionario de la Lengua Española (2010): “Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. 

La tecnología en su acepción inicial nace a merced de brindar soluciones a través de la utilización del conocimiento, de ahí que el corazón de nuestros cuestionamientos ha sido el de reconocer a la tecnología actual como tecnología antivida, tecnología construida para servicio del capital, subsumida a los intereses de las clases dominantes, mercantilizadora de la naturaleza. Se trata de tecnología de subespecialización, elitizada, deformada. Creemos que la tecnología para que sea soberana debe ser universalizable y no orientarse hacia una nueva forma de colonialidad que genera dependencias desde los Estados del Sur hacia los del norte. 

Pero el punto central de este acápite es el análisis de cómo se distribuyen los beneficios, las riquezas, en contraste a cómo se distribuyen los impactos y los pasivos ambientales. 

Se trata entonces de posicionar no solo la deuda ecológica del norte con el sur, una deuda fundada en la apropiación descarada de riquezas, sino también se trata de posicionar un principio de justicia. La justicia tiene que ver con la distribución. Hay justicia distributiva (dar a cada quien lo que merece y necesita) y justicia correctiva (imponer lo que se debe dar cuando no se ha obtenido), de ahí vienen los derechos. 

Podemos ubicar a la deuda ecológica en la justicia correctiva, y exigir desde ahí una verdadera política de reparación socioambiental (Beristain, 2008) que signifique: a) la restitución de los derechos humanos y de la naturaleza; b) las indemnizaciones justas a las agresiones sufridas por la población y ambiente; c) la rehabilitación social y de la naturaleza; d) la aplicación de medidas de satisfacción y de aireación de la verdad; y e) la aplicación de medidas que garanticen la no repetición de los hechos. 

Pero debemos también exigir la justicia distributiva, que se centra en el presente y en el futuro y que debe constituir el pilar que soporta y legitima la resistencia y el rechazo. 

Hoy en día cuando los procesos de persecución y criminalización se ven legitimados por discursos de pseudoizquierda, el llamado a la unión, organización, resistencia y defensa de los territorios se constituye en un imperativo ético. 

En Ecuador, existen más de 200 casos de juicios por terrorismo y sabotaje a defensores de la naturaleza, se trata de indígenas, campesinos, hombres, mujeres, niños, familias y comunidades que han decidido resistir, rechazar y que por ello han vivido tortuosas historias de persecución y violencia. 

Recordemos que el 21 de diciembre de 2011, siete compañeros campesinos de la Provincia del Azuay fueron amnistiados del delito de sabotaje y terrorismo, ellos defendían los páramos de Nabón de la actividad minera. Recordemos también que los compañeros Carlos Pérez, Efrain Arpi y Federico Guzmán fueron sentenciados a un año de prisión por defender las lagunas de Quimsacocha concesionadas a la empresa canadiense I am Gold. Su pena fue reducida posteriormente a ocho días por tratarse de actos altruistas. Finalmente recordemos a los 17 compañeros de Shaglly quienes se encuentran enfrentando un proceso judicial por haberse negado a ser parte del circo de las consultas no vinculantes que pretenden legitimar la entrega de territorios a multinacionales mineras. 

La práctica de este Gobierno ha seguido un perverso círculo de: persecución-criminalización-perdón-amnistía y desmemoria. 

Ante ello, nuestro llamado y nuestra apuesta es por la construcción de la memoria colectiva que rompa este círculo y articule las luchas locales, nacionales y regionales. Son muchas las comunidades que con valentía están resistiendo, desde Íntag en el Norte de Ecuador, Bolívar en el Centro, Azuay (Tarqui, Victoria, Molleturo, Girón, Santa Isabel), Morona y Zamora en el Sur… 

 

Consumo: ¿Se necesitan metales para quién? 

 

¿Minerales para quién? ¿Qué países y en qué proporciones consumen los metales? 

 

El Observatorio de Conflictos Mineros para América Latina -OCMAL- (2009), en uno de sus trípticos informaba que “EEUU, Canadá, Japón y Europa, 15% de la población, consume el 61% del aluminio, 60% del plomo, 59% cobre, 19% acero. Así también, el 80% del oro está destinado a joyería. Ya se ha extraído demasiados metales, es cuestión de reutilizarlos o repartirlos como las reservas de oro de los países”. 

El discurso prominero se ha centrado en responsabilizar a la ciudadanía por la creciente necesidad de metales, en medio de una suerte de chantaje que invierte los roles: propone a la ciudadanía como el demandante central y olvida las responsabilidades diferenciadas. Olvida que los patrones de consumo varían no solo de un país a otro sino dentro de un mismo país. 

No vamos a caer en el extremo opuesto y pretender que no existe una responsabilidad ciudadana, ciertamente la hay, pero en este punto vamos a tomar la tesis marxista de Jorge Veraza (2008) quien plantea que hoy en día no es el proceso de trabajo que está subsumido por el capital sino que existe una subsunción formal y real del consumo al capital. 

Dado que el sistema de acumulación capitalista depende del consumo, se ha creado una alteración de las necesidades sociales, y se lo ha hecho en forma exponencial provocando una mutación de estas hacia lo superfluo, hacia el lujo de forma que incluso pueden llegar a ser necesidades ficticias o nocivas (la mutación de la dieta alimentaria es quizás el mejor ejemplo y explica las pandemias de la modernidad: obesidad, cáncer y sobrepeso). 

Ello nos lleva a plantear que hoy en día existe una cierta elasticidad de la demanda y una cierta elasticidad del consumo de los demandantes. En el mercado se vende, pues, una masa global mayor de productos. Esto significa que la demanda ha crecido y no porque hayan aumentado los salarios o la renta sino simplemente porque el capital de productividad ofrece sus productos a un precio por debajo del valor social, lo cual le permite vender mayor número de productos. Como contraparte directa, el capital debe subsumir el consumo, crear nuevas necesidades ficticias y nocivas, garantizar que esta sobreproducción de bienes sea consumida. 

El círculo es evidente, si se quieren más ganancias se requiere más producción a menor costo4 y finalmente se debe incrementar el consumo. Para que el consumo se subsuma se crean productos programados para autodestruirse en tiempos cada vez menores (obsolescencia programada) y se introduce un componente psicológico que incita a comprar para encajar en el sistema (obsolescencia percibida)5. 

Pero la realidad es que no necesitamos más metales, existen suficientes metales extraídos, es cuestión de reciclarlos y redistribuirlos. En la actualidad el 85% del oro está destinado a joyería, mientras que porcentajes muy limitados se utilizan en tecnologías, es en este sentido que consideramos urgente redefinir los usos de los materiales extraídos. Los minerales deben servir para el bien común, para productos soberanos y de acceso universal en cantidades moderadas y equitativas. Es en este punto vital, romper con los extremos de la opulencia y la miseria. 

Por otro lado, existen en el Ecuador una gran variedad de productos con altos contenidos de varios tipos de minerales (cobre, oro, plata, aluminio) que son potencialmente reciclables. El reciclaje especialmente de computadores, celulares, laptops y demás aparatos eléctricos y electrónicos representa una fuente de abastecimiento limpio para las necesidades ecuatorianas de minerales. En la actualidad, sin embargo, estos productos, catalogados como Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) terminan en basurales a cielo abierto, bodegas institucionales o son entregados a una empresa privada que monopoliza el reciclaje de metales. El mundo “patas arriba”6. 

 

Excreción: Ajustando cuentas saldos, deudas cicatrices y heridas abierta

 

¿Cuáles son los saldos de la minería expresados en la cantidad y tipo de desechos: contaminación de agua, aire, escombros? 

 

¡Dime cómo procesas tu basura y te diré qué clase de Gobierno eres! 

La crisis de la basura es una consecuencia directa del capitalismo industrializado, es la primera vez en la historia de la humanidad que la cantidad de residuos supera la capacidad de la naturaleza de reabsorberlos y su nocividad pone en riesgo la reproducción de la vida (Solíz et al, 2011b). 

La basura como espejo del sistema pone en evidencia la irracionalidad de este modelo económico. La excreción resultante de las actividades extractivas: petróleo-minería, de la agroindustria: monocultivo-crianza intensiva y de los patrones actuales de consumo, pone en evidencia que se trata de un modelo de capitalismo suicida. 

Frente a la magnitud de la crisis ambiental expresada en un crecimiento exponencial y una nocividad alarmante de los desechos emitidos al aire, agua y suelos; los gobiernos, lejos de proponer alternativas verdaderamente estructurales han sorteado nuevos mecanismo cómplices que agudizan la crisis que ya no es solo ambiental pues permea todos y cada uno de los poros sociales, se trata de una crisis de la salud, del agua, de la alimentación, hablamos de una crisis civilizatoria. 

Los brutales mecanismos de una corriente de capitalismo verde proponen internalizar externalidades, nuevamente insisten en monetarizar-mercantilizar las relaciones sociedad-naturaleza y proponen una suerte de medidas tibias. 

Nosotros nos preguntamos… ¿cómo se internalizan los impactos del despojo, del saqueo violento, de la militarización? ¿Cómo se calculan los costos de las afecciones neuropsicológicas en niños y niñas, adolescentes y mujeres? ¿Cómo se definen los precios de las heridas abiertas, de las cicatrices latentes frente a la humillación?…

Es verdaderamente posible internalizar los costos de la devastación en toda su magnitud… 

 

 

El final de la historia 

 

El inicio de la resistencia 

 

¿Cuál es la verdadera minería ilegal, ilegítima e inconstitucional? 

 

La revolución ciudadana, cree firmemente que el Buen Vivir se hace con megaminería, utiliza el discurso de la tecnología social y ambientalmente responsable para legitimar su proyecto depredador a la vez que condena, criminaliza y reprime las prácticas de minería artesanal. 

Los argumentos que utiliza para la criminalización de la minería artesanal se sortean entre su carácter de ilegal -con los correspondientes análisis económicos especialmente de evasión tributaria- y por otro, la responsabilización de mineros artesanales frente a las grandes problemáticas ambientales, acusándolos de ignorantes y tecnológicamente atrasados. 

Estas acusaciones han construido un imaginario generalizado del minero artesanal estafador que intencionalmente trabaja con tecnología inadecuada y contamina el medio ambiente, mientras paralelamente se promociona a la gran minería multinacional como alternativa salvadora. 

La nocividad de las prácticas de minería artesanal para la naturaleza, para las comunidades y para la vida misma son evidentes, sin embargo, debemos enfatizar el carácter de subsistencia que tiene esta actividad para muchas comunidades del Ecuador y la ausencia real de alternativas en la que se encuentran dichos grupos poblacionales. 

La minería artesanal transmitida generacionalmente es sin lugar a dudas un conflicto que debe estudiarse y que requiere políticas nacionales para la regulación, control y mejora de condiciones de tal manera que los procesos de extracción minera artesanal sean limpios, seguros y cuenten con tecnología adecuada. Quizás el primer paso sea deconstruir el imaginario en el que se ha satanizado la pequeña minería, se la ha declarado como ilegal y se ha pintado como contrario salvador a la minería a gran escala. 

Por ello, en contraposición a la definición de ilegalidad del Gobierno, y desde las visiones de Sumak Kawsay, los Derechos de la Naturaleza, los Derechos de Pueblos y Nacionalidades, minería ilegal debe considerarse a: 

• La que se realiza por concesión de territorios en hermanamiento directo entre empresas multinacionales y los funcionarios del gobierno de turno. 

• La que se realiza sin previa consulta y sin consentimiento de las comunidades. 

• La que atenta contra los Derechos Humanos y Colectivos, utilizando prácticas violentas de despojo y apropiación de los territorios. 

• La que engaña a las comunidades entregando medidas de compensación y obras de cemento hasta conseguir el ingreso al territorio. 

• La que ofrece empleo local y finalmente asigna puestos de trabajo temporales, rotativos, sin contratos fijos ni seguridad social. 

• La que utiliza relacionadores comunitarios para dividir a los pobladores, enemistar a las familias y crear verdaderas guerras internas en busca de los recursos que la empresa oferta. 

• La que beneficia a intereses multinacionales dejando regalías ridículas a las comunidades y atentando contra la soberanía de los Estados. 

• La que se realiza con irrisorios subsidios estatales de agua y energía eléctrica. 

• La que viola los Derechos de la Naturaleza contaminando de forma irreversible los ecosistemas. 

En conclusión, minería ilegal, ilegítima e inconstitucional es la minería multinacional a gran escala. 

 

 

Desde el Sur: utopías, construcciones, alternativas, respuestas... 

 

Desde el Sur, creemos en la posibilidad de exigir reparación, de ejercer el derecho a la resistencia y rechazar un modelo de capitalismo extractivista. Creemos en la utopía de yasunizar7 la cordillera del Cóndor, Quimsacocha, Molleturo y demás páramos, selvas y ecosistemas frágiles, para declararlos territorios libres de actividades extractivas. Nuestra apuesta se funda en dos grandes rupturas: 

El primer escenario de ruptura se construye en torno a la crítica a la cooperación internacional que bajo lógicas caritativas, de importación de ciencia y tecnología, ayuda humanitaria, medidas clientelares y obras de cemento, ha encontrado el disfraz perfecto para imponer su hegemonía y dominio territorial. Demandamos una relación Sujeto-Sujeto, repudiamos la relación caritativa Norte-Sur que objetiviza a las comunidades y pueblos, que asume un paternalismo no solicitado y que se funda cómplice de apropiaciones y abusos. De ahí un grito colectivo: los pueblos del sur no queremos más caridad, demandamos justicia social y ambiental. 

El segundo escenario de ruptura es aún más complejo porque permea las relaciones sur-sur, porque incluso los gobiernos declarados de izquierda no han podido superar, o se han visto confrontados entre las declaraciones constitucionales y la definición de leyes y políticas. Se trata de la comprensión de la Naturaleza como Sujeto de Derechos. 

En el caso de Ecuador, Eduardo Gudynas explica con suma precisión el conflicto epistemológico que caracteriza el escenario político actual… si bien: 

 

la Constitución Política del Ecuador apuesta a un giro biocéntrico, existen tensiones manifiestas ya que el poder ejecutivo, presidido por Rafael Correa, también apuesta a una estrategia de desarrollo convencional basada en la explotación de los recursos naturales. Esto explica sus intentos de promover la explotación de petróleo en la región amazónica, un mandato agrícola basado en subsidiar agroquímicos para cultivos convencionales de alto impacto ambiental, o en la reciente ley minera, que apuesta a un modelo transnacionalizado de explotación… Esto explica que, en los hechos, mientras el gobierno apunta a un desarrollo extractivista, los movimientos sociales critican esa base ideológica y sus consecuencias, y terminan derivando hacia una creciente oposición. En el fondo la disputa no es, por lo tanto, político-partidiario, sino que refleja divergencias en concepciones éticas y filosóficas (2009: 44). 

 

Es evidente que las tensiones se expresan en medio de la doble función del Estado, por un lado garantizar la acumulación del capital y por otro crear legitimidad (Offe, 1990: 105-116). La inexistencia de perspectivas concretas de modificación sostenible de las condiciones de producción de la pobreza, como situación indispensable para el desarrollo material y político de nuestras sociedades, denuncia la ausencia de articulación de las políticas distributivas con un proyecto de desarrollo económico y de preservación ambiental que pueda generar condiciones de absorción en la condición productiva, si no de los beneficiarios actuales, al menos para sus dependientes. No hay perspectivas que articulen las políticas económicas, sociales y ambientales, lo que se ha traducido a una tensión constante entre los ministerios responsables por la estabilización monetaria en relación a las demandas distributivas y conservacionistas promovidas por los ministerios sociales y ambientales (Fleury, 2003: 14-15, 81-122). 

Sabemos que tras la apropiación de los recursos naturales se encuentra la apuesta del Estado por la imposición de una política económica que prioriza el ingreso de los recursos sea por los impuestos que se esperan obtener, sea por sostener el privilegio de una clase como la militar, que lejos de servir como funcionarios públicos buscan el enriquecimiento personal aunque eso suponga la violación de las leyes, derechos humanos, sociales, comunitarios y de la naturaleza (Solíz et al, 2011a). 

El costo de una política económica de este tipo es que el Estado renuncia a la defensa de los Derechos Humanos y los de la Naturaleza. La ausencia del Estado en la defensa de derechos se hace palpable con la ausencia de garantías en salud, en educación, en vivienda, en vialidad; ausencia como mecanismo de control y regulación de las actividades productivas y por tanto permitiendo los niveles de exposición; y, finalmente en la renuncia a establecer políticas de protección social y de la naturaleza (Solíz et al, 2011a). 

Pero, la ausencia del Estado queda también manifiesta en la negación a aplicar una verdadera política de reparación socioambiental. La gravedad de este proceso viene acompañada porque en la imposición ocupan un papel relevante las fuerzas armadas, no solo en el ejercicio de métodos violentos para la imposición sino, sacando partido y beneficio de las medidas, en definitiva siendo juez y parte en el proceso de sustitución del Estado por los militares (Solíz et al, 2011a). 

Ante ello, los pueblos del sur denunciamos que la opción por imponer políticas inconsultas es una forma más de atentar contra comunidades a las que se les arrancó hace mucho el acceso a la justicia, se les privó de sus derechos humanos más elementales y se las forzó a vivir en condiciones ambientales muy deterioradas que hoy son consideradas normales. 

Frente a todas estas circunstancias las manifestaciones, marchas, eventos, acciones de fuerza y resistencia dan voz de alerta para que se corrijan determinadas políticas. Todavía estamos a tiempo, se requiere de actuaciones no solo rápidas, equilibradas y consultadas, sino también plenamente informadas. 

Apostamos por la construcción de una ciudadanía emancipada, entendiéndola como aquella que toma la igualdad social como valor central, igualdad como derecho de las personas a tener las mismas oportunidades para acceder a los bienes sociales y económicamente relevantes. Igualdad implica equidad y también la justicia redistributiva basada en la solidaridad colectiva. La Ciudadanía Emancipada es por definición una propuesta socialmente inclusiva: el acceso a un empleo productivo, a una educación de calidad y a los códigos socialmente relevantes que permitan a mujeres y hombres participar y ampliar el campo de sus derechos y responsabilidades. Las personas son actores en su doble dimensión individual y societaria. Se apunta a un programa redistributivo que no presupone una verdad definitiva y acabada, sino que implica sumergirse en la incertidumbre de la construcción de la justicia social y ambiental (Solíz et al, 2011a). 

En esa línea va este documento que pretende enfatizar que lo más valioso no es el oro que yace en el subsuelo, sino esas comunidades de la superficie, opacadas y ensombrecidas por la fiebre del oro que ha contagiado a las instancias políticas del país, a quienes Antonio Machado les podría recordar que “es de necios confundir valor con precio”. 

 

 

Referencias bibliográficas 

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Beristain, C. (2008) El derecho a la reparación en los conflictos socioambientales. Experiencias, aprendizajes y desafíos prácticos. España: Hegoa. Universidad del País Vasco. 

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_____ (2004) Epidemiología Crítica: Ciencia Emancipadora e Interculturalidad. (2a ed.) Buenos Aires: Lugar Editorial. 

_____ (2010, marzo 19-20) Las tres S de la determinación de la vida y el triángulo de la Política. Conferencia en el Seminario: Rediscutindo a questão da determinação social da saúde. Salvador (Bahía-Brasil): Centro Brasileiro de Estudos de Saúde–CEBES. 

Carson, R. (1998) Lost Woods. Boston: Beacon Press, 245. 

Colectivo Voces de Alerta (2010) 15 mitos y realidades de la minería en la Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero. Argentina: Autor. 

Fleury, S. (2003) La reforma del Estado. Revista Instituciones y Desarrollo 14-15 (81-122). 

Gudynas, E (2009) La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador. Revista de Estudios Sociales. Bogotá, 44. 

Leff, E. 

_____ (2000) La complejidad ambiental. México: Siglo XXI Editores, 16. 

_____ (2004, junio) La Ecología Política en América Latina: un campo en construcción. Revista online de la Universidad Bolivariana. www.revistapolis.cl/5/Leff5.doc 

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Martínez, J. (2005) El Ecologismo de los pobres. Barcelona: Icaria Editorial. 

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (2009) El discurso de la minería responsable: mitos y verdades. Ecuador: Autor. http://www.conflictosmineros.net/ 

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Solíz, F. et al. 

_____ (2011a) Infancia de oro en la Cordillera de El Cóndor. Quito: Clínica Ambiental. 

_____ (2011b) La Cartografía de la Basura en el Ecuador. Quito: Clínica Ambiental. 

Toledo, V. y González de Molina, M. (2005) El Metabolismo Social. Las Relaciones entre la Sociedad y la Naturaleza. En F. Garrido, M. González de Molina y J. L. Serrano (eds.) El paradigma ecológico en las ciencias Sociales. Cap. 3. 

Veraza, J. (2008) Subsunción real del consumo al capital. México: Editorial Itaca. 

 

Notas 

1 Esta situación fue denunciada en una investigación realizada por el proyecto de Reparación Ambiental Clínica Ambiental, de Acción Ecológica titulada Infancia de Oro en la Cordillera del Cóndor en la que se exponían los mecanismos que la empresa Kinross Aurelian había utilizado para despojar a los campesinos de sus tierras. (Solíz et al, 2011). 

2 Esta práctica de discriminación en la contratación es una medida extrapolada de la utilizada en la zona petrolera (Amazonia norte) que busca la división comunitaria. 

3 Cuando una problemática que amenaza la salud y la vida es naturalizada, se requieren iniciar procesos de problematización que permitan crear cambios en las estructuras cognitivas: desnaturalizar. Solo entonces se pueden cambiar las actitudes y prácticas. 

4 Para ello se ha subsumido el proceso de trabajo real y formalmente, garantizando la producción de plusvalor extra. El plusvalor extra se consigue a través del trabajo potenciado que aparece cuando la innovación tecnológica incrementa excepcionalmente la productividad lo que también se traduce en una mayor creación de valor y una mayor transferencia de valor pero con menos esfuerzo. 

5 Conceptos propuestos por Leonard, A. Story Of Stuff. Guión. 

6 Frase con la que se titula un libro de Eduardo Galeano. Patas Arriba, La Escuela del Mundo al revés. 

7 Término utilizado para replicar la Iniciativa Yasuní-ITT (dejar el crudo bajo tierra) en otros ecosistemas. http:// www.amazoniaporlavida.org/es/ 

 

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