El 2 de julio de 2011 se expidió el Decreto Ejecutivo No. 813, que textualmente reza así: 

 

Art. 8. Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización […]. Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados por la administración. 

 

Este texto fue originalmente incluido por el Ejecutivo en su propuesta de Ley de Servicio Público en octubre de 2010 y fue rechazado por la Asamblea Nacional en dos ocasiones (la segunda con dos tercios de los votos). Ante la negativa de su propio partido a incluir esta disposición en la ley, el Presidente decidió ponerla en vigencia mediante decreto ejecutivo. Finalmente este decreto se aplicó el 28 octubre de 2011 e implicó la salida de 3.092 servidores públicos, sobre todo en el Ministerio de Salud: 258 profesionales de salud, 642 personas del personal administrativo y 370 amparadas bajo el Código de Trabajo (Buitrón y Cano, 2012: 109). En enero de 2012 otros 1.541 funcionarios fueron desvinculados del sector público por el mecanismo de las renuncias obligatorias (Arroyo, 2012: 19)3. La justificación de estas medidas era que la mala calidad de los servicios públicos, y en particular la mala atención en los hospitales, se debe a la presencia de funcionarios corruptos, indolentes y abusivos. 

Por su parte, los sindicatos de los trabajadores de la salud han insistido en que, si hay abusos, estos deben ser tratados con arreglo a una legislación que permita el derecho a la defensa. Además, han señalado que el principal problema en la atención en los hospitales se debe a que el incremento de la inversión en infraestructura y la eliminación de los costos ha aumentado exponencialmente la afluencia del público (según el Gobierno las atenciones en salud pasaron de 16,2 millones en 2006 a 34,4 millones en 2010), sin que se haya desarrollado al mismo tiempo una política de atención primaria de salud y de prevención con las familias4. La “medicalización” de la atención sanitaria aumenta la congestión y crea nuevos problemas administrativos en el manejo de los hospitales sin acertar a darles una solución a los viejos. 

De hecho, la reforma del sistema de salud es aquella en la que las debilidades de la estrategia de disciplinamiento para la mejora de la calidad del sistema muestran sus límites más evidentes. El problema de fondo es, pues, que la estrategia del Gobierno, que pone el acento en la vigilancia a la corrupción y mala conducta de médicos y enfermeras, no considera los factores estructurales ligados a un modelo de atención de salud medicalizado y hospitalario en lugar de poner el acento en la atención primaria de salud. Pero tal vez la más dramática prueba de lo equivocado de este enfoque pueda verse a través de los ojos de una tragedia. El hospital de niños Baca Ortiz, en Quito, fue declarado en emergencia en el año 2011; se invirtieron importantes recursos en su refacción, los médicos dejaron de dirigirlo y en su lugar nombraron un “gerente”, y, para coronar la estrategia, en octubre de 2011 despidieron a más de 1.200 funcionarios y profesionales del Ministerio de Salud mediante la figura de las “renuncias obligatorias”, afirmando ante la prensa que habían hecho investigaciones de inteligencia con la policía y que llegaron a la conclusión de que eran malos funcionarios. El viernes 6 de enero de 2012, luego de meses de medidas disciplinarias, una niña de seis años cayó por el ducto del ascensor en reparación desde hacía meses. El 24 de febrero otra niña, una colegial que hacía prácticas, cayó también por el ducto de otro ascensor dañado, esta vez en el Hospital Abel Gilbert de Guayaquil, que también había sido parte de la emergencia decretada5 en varios centros de salud del país en el año 2011 (El Comercio, 2012b). El propio Presidente, al momento de cambiar al ministro del ramo, en enero de 2012, reconoció el fracaso de sus esfuerzos: “...me parece que no hemos avanzado nada. La misma corruptela. ¿Qué hemos avanzado en estos cinco años en ese aspecto?” (Citado en Machado, 2012: 5). Aunque el presidente no lo haya admitido, probablemente hay que ver al enfoque de la solución de los problemas de la atención de salud como lo que está errado. 

Segundo ejemplo. Rafael Correa emprendió una campaña nacional e internacional en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recurriendo a argumentos de soberanía, rechazo al imperialismo y al peso antidemocrático de las ONG, propuso cambios en el sistema interamericano de derechos humanos para lograr un mayor control de sus fallos por parte de los estados miembros. El argumento político de fondo es que la CIDH se ha convertido en una herramienta de persecución y desprestigio de los gobiernos progresistas. En el pasado era importante que el sistema sirviera como defensa de los ciudadanos contra los abusos del Estado, pero ahora, en un nuevo momento histórico, había que defender a los gobiernos atacados injustamente (Cordero, 2012)6. 

Los principales cuestionamientos expresados por la CIDH respecto al Estado ecuatoriano retomaban tres temas relacionados con libertades públicas, que han sido mencionados por todos los defensores de derechos humanos dentro y fuera del país: la criminalización y judicialización de la protesta social7, las presiones contra periodistas con juicios desproporcionados apoyados en el peso político gubernamental8; y la limitación de los derechos de consulta previa a pueblos indígenas y comunidades locales afectadas por actividades de extracción de recursos en sus territorios9. Como corolario de estos esfuerzos, antes del primer mes de terminada la contienda electoral, el 11 de marzo de 2013, el presidente de la República inauguró una conferencia de las partes de la Convención Americana de Derechos Humanos (el llamado “Pacto de San José”), que sirve de base jurídica al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al cierre de la conferencia el canciller ecuatoriano admitió que no consiguió el apoyo político suficiente para la reforma propuesta. En declaraciones posteriores, Rafael Correa dejó entrever que probablemente denunciaría el Tratado y se retiraría de la Comisión, tal como lo ha hecho ya el Gobierno de Venezuela (El Comercio; Telégrafo y Agencia EFE, 2013)10. 

Tercer ejemplo. la marcha convocada por la CONAIE y el Frente Popular entre el 8 y el 22 de marzo de 2012 contra la minería, a favor de una reforma agraria y de una ley de agua “desprivatizadora”. El 5 de marzo el gobierno de la revolución ciudadana firmó el primer contrato de minería metálica a gran escala en el Ecuador con la empresa de capitales chino-canadienses Ecuacorrientes S.A. por 25 años. Tres días después, el 8 de marzo, la movilización social empezó en Zamora y terminaría triunfalmente en Quito, con el recorrido de una importante marcha cifrada conservadoramente en 20 mil personas. El primer punto de los 19 que formaron la agenda de dicha marcha fue precisamente la oposición a la minería metálica a gran escala y la demanda de reversión del contrato con Ecuacorrientes. 

Hubo dos cosas notables en esta movilización. Primero, el apoyo y simpatía despertados en las ciudades y comunidades que recorrió. Para cualquier observador atento, resultó evidente que la movilización logró que se expresaran descontentos reprimidos que solo habían aparecido en espacios privados o locales. Un segundo aspecto notable fue la desproporcionada campaña gubernamental en contra de los marchantes: el Gobierno desplegó una ofensiva publicitaria de descrédito y acusaciones de golpismo, una desvergonzada serie de entregas de fondos y proyectos gubernamentales por donde pasaba la marcha, una estrategia de prohibición del uso de autobuses para el transporte de los manifestantes y un maltrecho intento de movilizar “contramarchas” y concentraciones en los lugares a los cuales la marcha de la CONAIE llegaba. En Quito, estimaciones independientes calcularon que el 22 de marzo se concentraron tal vez 35 mil personas en apoyo al Gobierno en las plazas del centro de la ciudad. Dada la desproporción de recursos invertidos, los resultados gubernamentales estuvieron muy por debajo de los logros de las organizaciones sociales de la oposición de izquierdas. Esto no significa que la izquierda fuera del Gobierno sea más popular que el Gobierno, solo significa que tiene mayor capacidad de movilización social. 

 

 

Régimen disciplinario 

 

¿Cómo interpretar este creciente descontento debido a las políticas sectoriales del Gobierno? Aunque no tenemos espacio para detallar sus características específicas, planteo la hipótesis de que se trata de resistencias locales y dispersas a su política agraria, minera, de salud, laboral y de reforma de la educación y del servicio público. ¿A qué lógica responden? 

La derecha política ecuatoriana y muchos de los medios de comunicación insisten en que se trata de la oposición a un proyecto autoritario, totalitario e incluso fascistoide, cuando no abiertamente nazi. Se trata, evidentemente, de toscas exageraciones. No puede caber la menor duda de que el temperamento personal del presidente Rafael Correa es autoritario, intolerante y personalista. Pero no se debe confundir el proyecto estatal de su movimiento político con sus maneras y su estilo personal, por más centralizado que esté el mecanismo de toma de decisiones en Alianza País. 

Si somos estrictos en la caracterización política del Gobierno es difícil equiparar el proyecto estatal de la revolución ciudadana con el de gobiernos autoritarios como los que existieron en la historia de América Latina o incluso en el pasado reciente del Ecuador, como el de León Febres Cordero. Aquellos gobiernos cometieron atrocidades, protegieron y organizaron la tortura y multiplicaron los asesinatos políticos. Nada de eso se encuentra en estos años del inicio del siglo XXI. Es más ajustado y preciso caracterizar el proyecto de Rafael Correa como un “régimen disciplinario”11. Todas las acciones que se mencionan como propias de un régimen autoritario pueden interpretarse mejor como estrategias de disciplinamiento de la población ecuatoriana ante una autoridad estatal históricamente débil a la que se quiere fortalecer. El sentido general de este proceso de disciplinamiento es reafirmar la majestad de la autoridad y el peso de una ley que no se negocia sino que se aplica; pero esta aplicación no es tanto una limitación de las actividades gubernamentales mismas cuanto un ajuste de los gobernados a la conducta esperada de ellos. No se usa tanto la violencia abierta como el temor al castigo y una serie de “tecnologías” de reprimenda y amedrentamiento12. 

El disciplinamiento de la población ecuatoriana está perfectamente en línea con las ideas que el presidente ha expresado en incontables oportunidades sobre la falta de “capital cultural”, la sobra de mediocridad y la necesidad de impulsar la “meritocracia” en el país. En esa línea de razonamiento, los ecuatorianos necesitan ser ajustados a un “cambio cultural” que, en ausencia de virtudes ciudadanas en los propios sujetos, debe ser impulsado esencialmente por líderes esclarecidos13. Por eso es que la eficiencia en la atención y la calidad en la prestación de los servicios públicos, desde la educación hasta la provisión de documentos notariales, se entiende fundamentalmente como una cruzada por disciplinar a funcionarios indolentes, maestros incapaces y administradores corruptos. 

Existe, por supuesto, una parte muy importante del pueblo ecuatoriano, probablemente mayoritaria, que simpatiza con la estrategia del disciplinamiento del Gobierno. Es posible que esto explique en parte la popularidad del presidente, expresada en las elecciones de febrero de 2013. En efecto, los usuarios de los servicios públicos, los padres y madres de familia de las escuelas del Estado, los enfermos que van a los hospitales públicos o las víctimas del desastre en la función judicial, probablemente coinciden en el diagnóstico gubernamental de que el problema en el funcionamiento del Estado es ante todo la corrupción, la ineficiencia y la mala fe de los funcionarios. Pueden apoyar la mano dura y “la correa contra los corruptos”, como dice una publicidad oficial. 

El interés de este texto no es mostrar que “todo está mal” en cada cosa que hace el Gobierno. Mi opinión es, por supuesto, que hay enfoques alternativos, mejores y más eficientes, pero de aplicación más dilatada en el tiempo, para apuntar hacia un cambio profundo y estructural. El positivo aumento de la inversión pública en educación, salud, infraestructura y servicios públicos que llevó a cabo el Gobierno en sus primeros años encuentra sus límites cuando tiene que enfrentarse a los problemas estructurales de la calidad y organización de esos servicios. El camino que debe llevar no solo a una mayor calidad en la educación y la salud sino a un funcionamiento más eficiente de un Estado moderno y fuerte en el Ecuador, no puede seguir siendo entendido como un acto de virtud impuesto desde arriba y desde fuera por líderes preclaros. Un enfoque alternativo enfatizaría, sin romanticismos, el protagonismo de los actores sociales. Los maestros, los estudiantes, los médicos, los profesores, los trabajadores del Estado, es decir, la gente que hace las instituciones, debe participar en el proceso de cambio y con ellos hay que negociar, deliberar y construir un proyecto político conjunto. No significa que no habrá evaluaciones, controles o sanciones; significa que la vigilancia sancionadora es una medida complementaria y secundaria en una estrategia donde los funcionarios participarán protagónicamente en el diseño de un nuevo modelo de funcionamiento del Estado. En vez de ello, el Gobierno los trata como la causa de los problemas que hay que vigilar, disciplinar y controlar. 

Para entender por qué el Gobierno no ha adoptado este enfoque alternativo, es preciso colocar el esfuerzo disciplinario en el contexto del cambio en el modelo de modernización del Estado que propone el Gobierno. ¿Cómo caracterizar el proyecto de Estado que emerge de esta estrategia de disciplinamiento? ¿Es el régimen disciplinario, en sí mismo, el proyecto de Estado de la revolución ciudadana? La última sección presenta mis hipótesis al respecto. 

 

 

Proyecto de Estado 

 

Tal vez una buena forma de responder a estas preguntas, que aluden a cómo entiende el gobierno de Rafael Correa la construcción de un “estado fuerte”, sea mediante apuntes comparativos con otros estados latinoamericanos y sobre cómo interfiere la revolución ciudadana en la trayectoria histórica del Estado moderno en el Ecuador. 

El aspecto sin duda más destacable y original del Estado ecuatoriano en la segunda mitad del siglo XX es probablemente la combinación de un Estado débil con una tradición de lucha política pacífica y desarmada. Pocos muertos y casi ninguna guerra civil junto a mucha inestabilidad e ineficiencia. Ha sido bastante frecuente la existencia en el siglo XX latinoamericano de Estados débiles con mucha violencia (por ejemplo, los centroamericanos) o de Estados fuertes cuyos mecanismos institucionales de transacción política consiguen eludir la violencia política, como fue, por ejemplo, el caso de Uruguay, Costa Rica o Chile, especialmente antes de los años 1970. Nótese que por “Estado fuerte” entendemos aquí los casos en los cuales las instituciones formales previstas en las leyes funcionan efectivamente como los mecanismos principales de gestión del conflicto político y que son capaces de imponer la aplicación de sus leyes a las sociedades sometidas a ellos. No se trata de “Estados fuertes” en un sentido geopolítico, es decir, Estados “grandes”, que, en el caso latinoamericano, se restringen a los casos de los Estados que desarrollaron en el siglo XX marcados rasgos corporativistas, como Brasil, México y Argentina. El Ecuador no puede aspirar a ser “fuerte” en este último sentido por razones obvias. De todas formas, sus mecanismos informales de gestión del conflicto político pueden considerarse “exitosos” en el sentido de que históricamente han logrado eludir las confrontaciones fratricidas, las guerras civiles y las grandes olas de violencia14. 

Fernando Bustamante (1997: 61-62) escribió hace ya algunos años, impregnado de una retórica cautivante, una descripción notable de estos olvidados logros y estos muy bien recordados límites del Estado ecuatoriano: 

…el sistema político ecuatoriano utiliza continuamente el “transformismo” para desactivar y desmontar disputas aún antes de que éstas puedan polarizarse en bandos inconciliables y antagónicos que puedan destruir la convivencia cívica […]. Ese carácter […] de la política ecuatoriana, su incrementalismo banal, su morigeración hecha de medias tintas, de soluciones al margen, de acuerdos parciales y flexibles […] parece ser capaz de absorber y acolchonar todo costo excesivo y todo abismo de sufrimiento y sacrificio […] a través de una lógica de evitar lo peor, de dar a todos su pequeña satisfacción, de comprarlo y venderlo todo, de dejar siempre la puerta abierta para otro negocio a la vuelta de la esquina con el enemigo de hoy […]. El fracaso de la modernización liberal en Ecuador, es un testimonio de este espíritu de moderación y camaleonismo. 

En Ecuador, al menos desde la segunda mitad del siglo XX, todo se negocia antes de llegar a convertirse en conflagración despiadada. La contraparte de estas negociaciones parciales, constantes, repetidas y superpuestas es la alta incoherencia y la debilidad de las decisiones formales del Estado. 

No ahondaré aquí en las razones históricas y sociológicas de esta construcción estatal ecuatoriana moderna y sus diferencias con el resto de América Latina. Eso es parte de una investigación en curso. Insistiré solamente en que esa historia ha reforzado ciertas tradiciones políticas de negociación constante de las orientaciones en la conducción del Estado y ha creado una serie de incentivos para el comportamiento fuertemente negociador de los propios actores sociales extraestatales. La historia política ecuatoriana se caracteriza por estas constantes búsquedas de compromisos (muchas veces “chuecos” e indirectos) tanto en las demandas sociales como en las respuestas estatales. 

La tesis que deseo sostener es que el esfuerzo de “disciplinamiento” emprendido por el gobierno de la revolución ciudadana consiste en tratar de superar estas características de constantes negociaciones para construir un “Estado fuerte” a semejanza del Estado chileno (de hecho bastante más que al uruguayo). Allí las negociaciones ocurren fundamentalmente a través de mecanismos formales de transacción partidaria o parlamentaria. Una vez promulgada la ley, los ciudadanos y grupos se convierten en elaboradores de peticiones y ya no hay política alguna por negociar15. Es en este sentido que puede considerarse el proyecto de Estado del gobierno de Rafael Correa como un proyecto “modernizador del Estado”, que pretende adecuarlo a las nuevas condiciones, riesgos y potencialidades del capitalismo contemporáneo. 

Sin duda el riesgo mayor que corre este proyecto modernizador es el de perder en el camino no solo la capacidad negociadora concreta que el Estado ecuatoriano desarrolló mediante mecanismos informales, sino también eliminar los mecanismos de influencia y participación de los subalternos que se construyeron históricamente a partir de concesiones arrancadas precisamente porque el Estado cedía parcialmente antes de reprimir. Se puede replicar que esos mecanismos eran siempre incompletos, incoherentes y tramposos, porque ante todo privilegiaron a las élites en lugar de a los grupos subalternos. Es cierto. Pero el problema es que no se están inventando mecanismos alternativos o formales de participación protagónica de esos grupos subalternos desalojados de los sistemas de negociación estatal, sea porque se los acusa de “corporativistas”, sea porque se los sustituye por un mecanismo que recompensa la “meritocracia” individual antes que la democracia asociativa16. En lugar de crear mecanismos más sustantivos y poderosos de control social sobre el Estado, se refuerza el poder, la “majestad” y la autoridad incontestada de los funcionarios. En tal sentido, desde una perspectiva emancipatoria, un “Estado fuerte” como el chileno no implica ni un “Estado legitimado” ni uno participativo ni uno donde las élites han dejado de ejercer su poder. En lugar de potenciar el poder ciudadano o popular en el nuevo Estado, nos estamos quedando, al eliminar lo que había sido conquistado en décadas de lucha, como diríamos en la más auténtica tradición ecuatoriana, sin pan ni pedazo.

 

 

Referencias bibliográficas 

Agencia EFE (2013) Correa insiste en cambios en SIDH o “buscar algo nuevo, mejor y nuestro”. Vistazo. Recuperado el 13 de marzo de 2013 de: http://www. vistazo.com/webpages/pais/?id=23694 

Arroyo, M. B. (2012, febrero 16) Mi vida por un trabajo. Vistazo 1068, 19. 

Arroyo, M.; Borja, D. y Aguilar, S. (2011, marzo 24) Hospitales públicos. Radiografía de un enfermo crónico. Vistazo 1046, 28-32. 

Buitrón, R. y Cano, D. (2012). La revolución ciudadana y los trabajadores, Programa Andino de Derechos Humanos, Informe de Derechos Humanos 2011. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 109-112. 

Bustamante, F. (1997). Una aproximación a los problemas de la gobernabilidad y la democracia en el Ecuador de fin de milenio. Ecuador Debate 42, Diciembre. Quito: CAAP., 61-62. 

Cordero Heredia, D. (2012) Mitos y verdades sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Línea de Fuego. Comunicación no alineada. http://lalineadefuego. info/2012/06/29/mitos-y-verdades-sobre-el-sistema-inter-americano-de-derechos-humanos-por-david-cordero-heredia/ 

El Comercio 

_____ (2012a, enero 9) Una niña cae por ducto de ascensor dañado en el Baca Ortiz. Diario El Comercio. 

_____ (2012b, febrero 25) Otra niña cayó en el ducto de ascensor. Diario El Comercio. 

_____ (2013, marzo 11) Rafael Correa: La CIDH está dominada por las ONG. Diario el Comercio. Recuperado el 13 de marzo de 2013 de: http://www.elcomercio.com. ec/politica/Rafael-Correa-CIDH-dominada-ONG Guayaquil_0_880712181.html 

El Telégrafo (2013, marzo 12) Nueve puntos de consenso para fortalecer el SIDH. Diario El Telégrafo. Recuperado el 13 de marzo de 2013 de: http://www.telegrafo.com. ec/actualidad/item/nueve-puntos-de-consenso-para-fortalecer-el-sidh.html 

Foucault, M. (2007) La gubernamentalidad. En G. Giorgi (comp.) Ensayos sobre biopolítica: excesos de vida. Buenos Aires: Paidós, 187-215. 

Gestión. Economía y sociedad. (2012, junio) Revista Gestión (216), 120. 

Machado, D. (2012) Las élites económicas: los verdaderos beneficiarios del gobierno de Rafael Correa. VientoSur 5, febrero. España: http://www.vientosur.info/documentos/ Pal_Mario_Unda_(v.final)[1].pdf 

Salazar, G.; Mancilla, A. y Durán, C. (1999) Estado, legitimidad, ciudadanía. Vol. 1. En G. Salazar, y J. Pinto. Historia Contemporánea de Chile, Serie Historia. Santiago: LOM ediciones, 60. 

 

Notas 

1 Las dos primeras secciones de este texto retoman un trabajo anterior, pero lo depuran de su análisis de coyuntura electoral (que, por lo demás, resultó ser errado a la luz de los resultados de febrero de 2013); cfr. Ospina Peralta, P. (2012, julio) Vectores de la política ecuatoriana: disciplinamiento, conflicto social y cálculo electoral. Informe de Coyuntura. [Versión electrónica]. Quito: Comité Ecuménico de Proyectos. www.cepecuador.org La sección final es enteramente nueva. 

2 La principal amenaza económica inmediata del Ecuador es el déficit en la balanza comercial no petrolera, que alcanzó en el primer trimestre de 2012 la escalofriante cifra de 2.251 millones de dólares, 27% más que en el primer trimestre de 2011, lo que amenaza todo el sistema de la dolarización (Gestión, 2012: 120). En respuesta a ello, a mediados de junio el Comité de Comercio Exterior del Ecuador anunció restricciones a la importación de 106 productos, entre ellos automóviles, televisores, celulares y licores. 

3 Según esta fuente, el número de funcionarios anteriormente excluidos mediante mecanismos de desvinculación obligatoria es ligeramente diferente: 2.947 en 35 instituciones en el año 2011. 

4 Ver al respecto el muy buen reportaje: Revista Vanguardia (2012) Revolcón en la salud. Autor (342) mayo 21-27, 14-20. 

5 La emergencia se decretó el 11 marzo de 2011 en 11 hospitales mediante el Decreto Ejecutivo 693 (Arroyo, Borja y Aguilar. 2011: 28-32). 

6 Una excelente y muy informada explicación de cómo los cuestionamientos del Gobierno ecuatoriano sobre la CIDH son equivocados al pretender presentarla como una herramienta de la derecha o de la política norteamericana. 

7 La más completa recopilación de casos, entre 2008 y 2010, identifica 170 personas procesadas penalmente en casos de oposición a la minería. Cfr. Acción Ecológica, CEDHU e INREDH. (2011) Criminalización a Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza en Ecuador. En C. Chérrez; C. Padilla; S. Otten y M. Yumbla (eds.) Cuando tiemblan los derechos: extractivismo y criminalización en América Latina. Quito: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Acción Ecológica y Broederlijk Delen. 

8 He tratado ya los casos de la desproporcionada sentencia contra Emilio Palacio y el juicio contra los periodistas autores de la investigación sobre los contratos del hermano del presidente con el Estado en Ospina Peralta, P. (2011, octubre) La revolución ciudadana y sus abolladuras. Análisis de coyuntura, mayo-octubre. Quito: Comité Ecuménico de Proyectos. Disponible en www.cepecuador.org.ec 

9 La mejor síntesis del conjunto de retrocesos en materia de consulta previa se encuentra en Garbay, S. (2011, julio) Informe. Análisis y perspectivas del ejercicio de los derechos colectivos en el Ecuador. Quito: CDES, con el apoyo de OXFAM. 

10 Para una opinión desde la izquierda sobre la inconveniencia de la propuesta ecuatoriana que insiste en que los estados retomen el control sobre un organismo que debe precisamente proteger a los ciudadanos de los abusos de esos estados, cfr. Santos, B. de Sousa (2012, agosto 30) Las últimas trincheras. La línea de fuego. Comunicación no alineada. Recuperado el 13 de marzo de 2013 de: http:// lalineadefuego.info/2012/08/30/las-ultimas-trincheras-por-boaventura-de-sousa-santos/ Este texto de B. de Souza Santos forma parte de la “Octava carta a las izquierdas”. 

11 Le debo la palabra a una conversación con Jorge León. Las referencias teóricas son, por supuesto, las de la gubernamentalidad de Foucault (2007: 187-215). 

12 Sin usar la terminología utilizada aquí, el análisis realizado por la asambleísta María Paula Romo sobre la propuesta Código Integral Penal presentada por el Ejecutivo y en debate en la Asamblea Nacional en el año 2012, apunta a la misma conclusión; cfr. Romo, M. (2012, junio). Informe de minoría sobre el proyecto de Código Integral Penal, inédito. Quito. 

13 Sobre la falta de capital cultural y la sobra de mediocridad en el Ecuador; cfr. Correa, R. (2009). Ecuador: de Banana Republic a la No República. Bogotá: Debate, Random House Mondadori, 189-195; y Correa, R. (2011, noviembre 10). Discurso de posesión de ministros. Quito: www.presidencia.gob.ec 

14 La bibliografía sobre los estados en América latina es muy amplia. Para la peculiaridad de Uruguay, Costa Rica y Chile, únicos del continente en los cuales las leyes tienen un nivel aceptable de aplicación, cfr. O´Donnell, G. (1998, mayo) Polyarchies and the (Un)Rule of Law in Latin America. Kellogg Institute. Working Paper (254), 8 y 19-20; una excelente visión comparativa sobre la construcción de los estados centroamericanos, pero lamentablemente solo para el siglo XIX, es la de Williams, R. (1994) States and Social Evolution. Coffee and the Rise of National Governments in Central America. Londres: Chapel Hill y The University of North Carolina Press; sobre los grandes estados corporativos resalto únicamente los trabajos de Fausto, B. y Devoto, F. (2004) Brasil e Argentina. Um ensaio de história comparada (1850-2002). Sao Paulo: Editora 34; y Anna, T. et al. (2003) [1985]. Historia de México. (2a ed.) Barcelona: Crítica. 

15 “En verdad, el Estado Nacional desarrollista, al imponer a todos la vasállica condición “peticionista”, no pudo ser un patriótico promotor de “armonías” sino un ocupadísimo árbitro distribuidor de prebendas” (Salazar, Mancilla y Durán, 1999: 60). Las redes informales de influencia y presión siguen existiendo en Chile, por supuesto, pero son menos importantes que la mediación partidaria (cfr. Ibid.: 225-252). 

16 Un balance detallado de los casi inexistentes mecanismos de participación ciudadana puede encontrarse en Ospina Peralta, P. (2013) La participación ciudadana en el Ecuador (2009-2012). En Programa Andino de Derechos Humanos. Informe de Derechos Humanos, Ecuador 2012. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar (en prensa).