Como en otros aspectos, cuando se habla del extractivismo se pueden diferenciar dos períodos en el comportamiento de Correa frente a la estrategia de “desarrollo”, que desde ya lo ponemos entre comillas para resaltar el cuestionamiento existente sobre este término, especialmente en su relación con la concepción que viene de la modernidad capitalista. 

Este señalamiento inicial es válido cuando se observa que, hasta la reelección de Correa como presidente, tras haberse aprobado la Constitución mediante referendo, el Gobierno recogió el afán social de búsqueda de una salida alternativa, a la cual nos referiremos más adelante. De manera adversa, su segundo período presidencial y su reelección se presentan como una reafirmación del impulso modernizador del capitalismo, recuperando los viejos criterios de desarrollo y contradiciendo a la propia Constitución. El eje económico de ese impulso modernizador está en el extractivismo, y el ideológico en la idea de progreso indefinido dentro del sistema y sin considerar los límites que la naturaleza pone a la utilización de los llamados recursos naturales. 

 

 

La ideología del progreso en cuestionamiento 

 

El desarrollo, desde un punto de vista etimológico, no es más que el desenvolvimiento de los fenómenos naturales o sociales. En sí mismo está desprovisto de fines morales o una dirección inevitable, pero se los instaló en su interior como un impulso que siempre lleva al bien, a lo mejor, a lo deseable, aunque en ocasiones el desenvolvimiento de los acontecimientos empeore una situación, dependiendo desde qué punto de vista se lo analiza. Por ello, muchos se autodefinen como “desarrollistas” sin considerar necesario decir qué clase de desarrollo se busca, en beneficio de quién o con qué potenciales efectos secundarios. Así, cualquier daño en el ambiente o a amplios sectores sociales que podían venir de la aplicación de medidas desarrollistas, se las consideró como externas a las obras y políticas, no se contabilizaron en las cuentas nacionales y terminaron como lo más parecido a los “daños colaterales” de las guerras. 

Este posicionamiento se basa en la ideología del progreso, como si este surgiera de un movimiento natural, involuntario e incluso inevitable de las sociedades humanas. Ideología que corresponde al pensamiento occidental, primero, y después más específicamente capitalista (con lo que se abre al mundo, pues hablar de “pensamiento occidental” no responde a una clasificación geográfica de su presencia, sino de sus orígenes). Las sociedades con una concepción menos lineal y más circular del tiempo, lógicamente contradicen esta visión de progreso indefinido y que siempre se encamina hacia lo mejor. 

El nacimiento del capitalismo, que tuvo que vencer la añoranza del pasado clásico que existía en la edad media y plantearse que el futuro siempre será mejor, se vio atado a una modernidad que era desea ble y por tanto objetivo indiscutible. El progreso, por tanto, tenía que presentarse como virtuoso, mientras sostener cualquier rasgo del pasado sería un absurdo. El “buen salvaje” de Rousseau, en su ignorancia debía dar paso al hombre moderno (capitalista), represen-tante de la razón (Rojas Mullor, 2011).

De hecho los discursos “civilizatorios” continúan siendo parte de las concepciones de presidentes lati-noamericanos que tienen posicionamientos distintos en diferentes áreas pero que, cuando se trata de los pueblos indígenas, siguen señalándolos como “atrasados” y que “impiden el desarrollo”1.

Los críticos del sistema capitalista también han presentado argumentos que debaten la ideología del progreso, a pesar de que muchas veces estos no han sido suficientemente valorados por estudiosos de dis-tintas ramas. En “El Capital”, Carlos Marx responde de esta manera:

 

Con el predominio cada vez mayor de la población urbana, concentrada en grandes centros, la producción capitalista acumula, de un lado, la fuerza histórica motriz de la sociedad, mientras que de otra parte perturba el metabolismo entre el hombre y la tierra, es decir, el retorno a la tierra de los elementos de ésta consumidos por el hombre en forma de alimento y vestido, o sea, la condición natural eterna de la fecundidad permanente del suelo. De esta suerte, destruye al mismo tiempo la salud física de los obreros [...] Todo progreso de la agricultura capitalista no es solo un progreso en el arte de esquilmar al obrero sino también el arte de esquilmar la tierra [...] La producción capitalista solo desarrolla, por tanto, la técnica y la combinación del proceso social de producción socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el trabajador (1974: vol. 2, 250-252).

 

En nuestros días, las críticas a la ideología del pro-greso incluyen la certeza de que los recursos de la na-turaleza no son infinitos y que, por lo tanto, existen límites naturales para el crecimiento, a los que se aña-den límites éticos que corresponde a distintas formas solidarias de entender la vida y la sociedad.

En este contexto es absurdo insistir en expresiones incompletas de Alexander von Humboldt señalando que somos “mendigos sentados en un saco de oro”, expresadas en el siglo XIX. Y lo es más cuando la pasada asamblea constituyente debatió respecto a cuál debía ser una proposición de vida que vaya más allá del desarrollo, que la nueva Constitución ratificó como el Sumak Kawsay.

 

 

Extractivismo y pasos hacia la nueva Constitución

 

Explotación primaria de los recursos naturales ha sido la base sobre la cual se desarrolló el modelo de acumulación capitalista del Ecuador. Esto implica una dependencia permanente del mercado internacional de este tipo de productos. Si consideramos que el ex-tractivismo se caracteriza por la extracción de amplios volúmenes de recursos naturales que están destinados al comercio internacional con poca o ninguna transformación previa, se entenderá que dentro de esos productos existieron varios de origen agrícola como el café, cacao y banano, y más tarde productos minerales como el petróleo. Por otra parte, la descendencia del mercado internacional ubicará el Ecuador como pro-veedor de materias primas para los países desarrollados, colocándolo en una condición de desventaja permanente que llevaría, usando las palabras de André Gunder Frank (1996), al “desarrollo del subdesarrollo”. Es decir que el extractivismo lleva indefectiblemente a un estado de dependencia permanente.

Gunder Frank insistiría en que “El actual subdesarrollo de América Latina es el resultado de su participa-ción secular en el proceso del desarrollo capitalista mun-dial” (íbid), resaltando la necesidad de comprender las políticas económicas y el desarrollo en su conjunto que se presenten en sus pueblos dentro del marco de la economía mundial. Al hacerlo, en nuestros días de-bemos señalar que el extractivismo es parte del proceso de acumulación capitalista que, basado en la explo-tación del hombre por el hombre, se alimenta también de la expoliación de la naturaleza, que involucra su mercantilización y expropiarla de sus antiguos dueños y habitantes de los territorios.

La mercantilización de los bienes comunes que se encuentran en la naturaleza se expresa en el mundo económico, pero también en el de las ideas. En el caso ecuatoriano estas han sido hegemónicas y nos han conducido a una perspectiva utilitaria de apropiación de la naturaleza, que se expresó en frases comunes trasladadas a la planificación, como: colonización de la Amazonia (con el consecuente desconocimiento a la existencia de pueblos originarios); la definición de tie-rras baldías como todas aquellas en las cuales no exis-te aprovechamiento humano, sin importar los ecosis-temas existentes; las propuestas de máxima y rápida explotación de los recursos petroleros y mineros; la destrucción de valiosos ecosistemas para dar paso a actividades productivas privadas como en el caso de la destrucción de los manglares; la urbanización como representación del desarrollo; y, por supuesto, la idea de que el Ecuador siempre ha tenido un producto que le saca de la crisis y que cuando se acabe el petróleo la naturaleza o dios ya nos dará algo más.

En la última década las críticas más fuertes al modelo de desarrollo y de acumulación, aunque no siempre coincidentes, provinieron principalmente del movimiento indígena, el marxismo y los movimientos ecologistas. Ya para la campaña de 2006 se presentaron propuestas que, aunque no siempre lo dijesen de manera expresa, estaban manteniendo posiciones contrarias al extractivismo y su continuidad. Si consideramos el Plan de Gobierno de Alianza País, partido vencedor de las elecciones de 2007, efectivamente no se encuentra la palabra extractivismo, pero hay propuestas importantes respecto al cambio de la matriz productiva nacional. 

Un ejemplo concreto de importancia tiene que ver con los planteamientos en torno al petróleo, respecto a los cuales se anunciaba

 

…la necesidad de analizar con seriedad en la posibilidad de una moratoria de la actividad petrolera en el sur de la Amazonia ecuatoriana, atada a una suspensión del servicio de la deuda externa. Sería imperdonable que se acredite la destrucción ambiental y social experimentada en el norte de la Amazonia. Además, es preciso manejar el petróleo existente como una reserva energética para el futuro, a ser extraída posteriormente, siempre que existan suficientes garantías para no poner en riesgo la principal riqueza la Amazonia: su biodiversidad (Alianza País, 2006: 41). 

 

Estas ideas se fueron exponiendo en distintos documentos estatales incluyendo el primer plan de desarrollo gubernamental y la agenda energética 2007-2011. 

Una vez iniciada la Asamblea Constituyente se impulsa un conjunto de cambios en la matriz económica productiva y en la visión misma del país que se desea. La participación social y popular fue determinante en el número y calidad de propuestas que abrían la esperanza en un nuevo Ecuador que todavía está por construirse. 

 

 

La Constitución y el Sumak Kawsay 

 

Lo primero que hay que resaltar es que en la Constitución se recogieron una serie de propuestas que habían constituido las banderas de lucha contra el neoliberalismo, y que fueron impulsadas por las organizaciones y los sectores populares conjuntamente con los partidos de izquierda a lo largo de casi tres décadas. No se trata tampoco que se recogiera la totalidad de propuestas o que no permanecieran visiones reaccionarias, pero se aprobó un amplio impulso a cambios sustanciales frente al régimen neoliberal, impulsando la recuperación de lo público y procurando que esta implicara mejores condiciones de vida para los habitantes de todo el territorio nacional. 

En la nueva Constitución, que fuera aprobada por el pueblo en 2008, se plantea: 

 

El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantiza la realización del buen vivir, del Sumak Kawsay. 

 

El título sexto de la Constitución se refiere íntegramente al régimen de desarrollo y está compuesto por 64 artículos (Art. 275-339), los que procuran dar una visión integral a la cita previa, establecen deberes del Estado y la sociedad para alcanzar el buen vivir y definen aspectos como la planificación participativa, los sectores estratégicos, servicios y empresas públicas, la soberanía alimentaria, la soberanía económica, el trabajo y la producción. 

El solo hecho de ya no referirse al desarrollo de manera aislada sino a un régimen de desarrollo como una proposición, marca cambios conceptuales importantes. Esto rompe con el neoliberalismo al menos en los siguientes aspectos: 

• Señala que habrá organización de los distintos sistemas que componen ese régimen, lo que implica planificación y un rol estatal activo de manera tal que no quería ser reconocido por los neoliberales2. 

• Ya no se coloca las cifras macroeconómicas por la medida central del desarrollo, para en su lugar plantear las condiciones de vida de los pueblos y su acercamiento hacia el Sumak Kawsay. 

• Se caracteriza al sistema económico como “…social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a la relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”. Al igual que en el punto anterior, el crecimiento económico ya no es el aspecto fundamental que debe ser alcanzado como meta de toda la sociedad. 

• Esto abre la posibilidad a nuevas “medidas” del desarrollo que, a diferencia de las macroeconómicas usualmente utilizadas, permitan visibilizar la repartición de la riqueza producida por la sociedad, la misma que debe alcanzar a todos para que las condiciones de vida deseables sean alcanzables en condiciones de igualdad. 

• Se incorporó con fuerza las preocupaciones socioculturales y ambientales, las que para el neoliberalismo solo eran “externalidades” del avance económico. 

• El Sumak Kawsay enfrenta además la imposición de una cultura globalizada única con la que se ha colonizado nuestro suelo. Lo hace desde una práctica indígena ancestral, que propone medidas de equilibrio y complementariedad entre los seres humanos tales como la mina, el randy-randy o cambia-mano, junto a la integración con la Pacha Mama. 

Necesariamente es un régimen ligado al ejercicio de la garantía de los derechos de las personas, comunidades y pueblos. En este sentido, el “buen vivir” bien entendido y más alcanzable en términos individuales. Se trata de una orientación fundamental que abarca a todos los ecuatorianos, respetando la diversidad humana que se presenta en nuestro país. Y, si se le contrasta con el pasado extractivista del Ecuador, supone una respuesta y un avance importante para superar el neoliberalismo. 

 

 

El segundo período de Correa 

 

Ya durante el primer período presidencial de Correa se había producido un hecho que no representaba al conjunto de acciones del Gobierno, pero que anunciaba el riesgo de cambios en la política oficial. Se trata de las protestas en nueve parroquias de la provincia de Orellana, que concluyeron en los enfrentamientos contra la población con doce civiles y ocho militares heridos, junto a denuncias de violaciones a los derechos humanos. Las protestas se habían originado por el incumplimiento de los compromisos de las empresas petroleras y tomaron mayor repercusión con la detención por nueve meses de la Prefecta provincial, Guadalupe Llori, aunque para ello se utilizó una figura de peculado, de la cual fue declarada inocente. 

Rafael Correa, en cadena nacional realizada en contra del paro de Dayuma el 1 de diciembre de 2007, expresó: “no crean a los ambientalistas románticos, todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista”. A contramarcha de los avances que se estaban dando en el país, el presidente de la República adopta la defensa de la idea de desarrollo sin que exista posibilidad de debatir sobre su contenido y sobre quiénes serán los beneficiarios. El desarrollo es el argumento indiscutible que justifica incluso actos de represión contrarios a los principios que incorporó la Constitución un año más tarde. Complementariamente, rechazó que la asamblea constituyente nombre una comisión que investigue la represión militar en Dayuma: “si la asamblea pretende gobernar el país, acepten mi renuncia”. Se opuso también al intento de amnistía para una veintena de detenidos acusados de terrorismo: “sería un error aún mayor cuestionar al Gobierno en esta lucha tan dura que estamos librando” (El Universo, 2007 diciembre 9). Esta manera de enfrentar el conflicto demuestra que el extractivismo requiere de violencia institucionalizada para aplacar las resistencias de los pueblos y, particularmente, de aquellos que están siendo despojados para que otros puedan ser ganadores en la “acumulación por despojo”. 

A partir de allí se desarrollará un discurso alimentado en cada intervención presidencial y que contiene algunas falacias que deben ser clarificadas. Muchas son tesis que se expresan en todo el continente y que Maristela Svampa y su equipo ha identificado como 15 grandes mitos, todos ellos demostrables como falsos si se recurre a la investigación empírica (Colectivo Voces de Alerta, 2011). En su trabajo se demuestra la falsedad de mitos como los siguientes (Zorrilla et al., 2011): 

• La minería es el “motor de desarrollo” que impulsará la economía nacional. 

• La minería genera empleo3 y crecimiento económico local. 

• La minería se instala en las zonas postergadas, crea un círculo virtuoso, genera desarrollo y eleva el nivel de vida de la población. 

• Los beneficios de la minería se quedan en los países donde se extraen los minerales, y las empresas contribuyen con el pago de diferentes impuestos en el desarrollo del país. 

• La minería puede ser limpia, no contamina el ambiente y se puede hacer sin riesgos ambientales. Hay una solución técnica para cada problema ambiental. 

• Se hace con el consentimiento previo de las comunidades involucradas. 

• Las empresas mineras garantizan transparencia y libertad de opinión en cuanto a la evaluación de sus actividades. 

• América tiene un destino minero. Sin desarrollo minero, no hay futuro para nuestras sociedades. 

Todos los análisis de la experiencia minera en los países latinoamericanos y de otros continentes ratifican, en los hechos, que la realidad es totalmente contraria a esos mitos que se repiten en todos los países del continente. Más aún, el colectivo Voces de Alerta concluye señalando que: “Estamos convencidos que no existe ninguna posibilidad de avanzar en la democratización de la sociedad si no se pone coto al modelo extractivo (régimen social de acumulación y distribución de riqueza) que necesita doblegar bajo cualquier medio las poblaciones que habitan estos territorios…”. 

Adicionalmente, en la prensa oficial se transmiten ciertas ideas que constituyen verdaderas falacias, sin embargo de que se las repita persistentemente. 

Entre los argumentos gubernamentales se señala que quienes no quieren la realización de los grandes proyectos extractivistas desean volver a la edad de la piedra y dejar de utilizar implementos tecnológicos modernos. El argumento no hace más que confundir entre extractivismo y uso de minerales. Si solo se extrajese el mineral realmente necesario, se necesitaría cantidades mucho menores de las que se comercializan actualmente, sobre todo en una economía basada en el consumismo que produce mucho más allá de lo realmente necesario y que no procura el bienestar humano sino el aumento de las ventas para la consecución de mayores ganancias por parte de los grandes conglomerados industriales. Por ejemplo, se estima que menos del 25% del oro que se exporta se destina a la producción, mientras el resto sería empleado para las reservas monetarias y joyería. Con este dato, la presión sobre la naturaleza y los países considerados mineros podría ser mucho menor y, por otro lado, se podría considerar que con el oro presente en las reservas de los distintos bancos centrales se cubrirían las necesidades de producción por varios años (para 2010, el oro concentrado en Fort Knox equivaldría a ocho o nueve años de lo realmente necesario, si no se extrajese un kilo durante ese período). 

Otro argumento persistente es que necesitamos de más extractivismo para salir del extractivismo. La idea de que esta es la vía para realizar un cambio de la matriz productiva está presente en el Programa de Gobierno de Alianza País 2013-2017. Por debajo de un lenguaje de izquierda lo que se propone es más extractivismo, mientras se da paso a la “economía del conocimiento”. La vía planteada es algo similar a sostener que un adicto a las drogas dejará de serlo solo si es que aumentamos sus dosis y aceleramos el uso de la droga. Mientras tanto, hay múltiples cambios institucionales y de infraestructura destinados a fomentar el extractivismo y una política educativa general que plantea el servicio de las instituciones públicas hacia las empresas existentes en el país, incluyendo las extractivas. 

Parte de esas reformas se encuentran en la Ley de Minería aprobada en enero de 2009, cuyo contenido es contrario a los intereses nacionales. Esto luego del incumplimiento del mandato número seis o mandato minero resuelto por la asamblea constituyente, el cual establecía medidas de protección social y ambiental y planteaba el retiro de los permisos de exploración y explotación en lugares sensibles, tales como las nacientes de agua y áreas nacionales protegidas. 

Respecto a la nueva Ley minera, el jurista chileno Julián Alcayaga la sintetizó de la siguiente manera: 

 

Al analizar la nueva ley minera de Ecuador, inmediatamente la empezamos a comparar con la ley minera chilena, que es la que heredamos de Pinochet y su Ministro de Minería José Piñera. Ambas legislaciones parecerían tener los mismos mentores ocultos, las trasnacionales mineras, visto lo permisivo que son con la actividad minera en general y las facilidades que se entregan a la inversión extranjera (Alcayaga, 2009). 

 

Esta valoración hace referencia a diversos puntos en los cuales se otorga plena garantía de las trasnacionales por encima de los derechos sociales y de los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución. Por ejemplo, se garantiza a las mineras las distintas servidumbres necesarias, lo que implica violentar el orden de prelación en los usos del agua establecido en la Constitución (Art. 100); se violenta la gestión constitucional de las áreas estratégicas otorgando el mismo trato a la empresa pública y a las empresas privadas en el acceso a las concesiones mineras (Art. 316); otorga “libertad de protección” amenazando las tierras comunitarias y de las nacionalidades indígenas (Art.28). Parte de las inconstitucionalidades de la Ley fueron denunciadas por la CONAIE ante el Tribunal Constitucional (el 17 marzo de 2009), el cual básicamente concluyó en la obligatoriedad de la consulta prelegislativa a los pueblos indígenas, dejando la Ley en firme. 

No solo a través de cuerpos legales se da servicio a las empresas transnacionales sino también por instrumentos de menor jerarquía. Ese es el caso de la entrega de los principales campos petroleros, conocidos como “las joyas de la corona”, mediante contratos de “servicios específicos”. De esta manera, las empresas no asumirán el riesgo pero obtendrán grandes ganancias realizando el trabajo que hoy lleva a cabo Petroecuador en la operación de los campos. Es decir, se trata de una privatización disfrazada de los campos Auca, Shushufindi, Cononaco, Cuyabeno y Libertador. Este tipo de tratamiento había sido calificado en 2006, en entrevista en radio “La Luna”, como traición a la patria por Rafael Correa (Acosta, 2011). 

La X y la XI rondas petroleras se enmarcan en la nueva política del segundo período gubernamental de Rafael Correa, que ubica como un objetivo fundamental el incremento de la producción en un 25%, para lo cual ya se han firmado contratos iniciales y “acuerdos de desarrollo comunitario” con seis comunidades indígenas del oriente (Diario Universal, 2013). Adicionalmente, y como resultado de la X ronda petrolera, se encuentran firmados contratos con la empresa española Repsol, el consorcio Marañón, la colombo-ecuatoriana INTERPEC y el consorcio ecuatoriano-estadounidense DGC (EFE, 2012). 

En el terreno de la agricultura, se reconoce que el Gobierno “está en deuda”. Lo actuado ha sido el impulso de la agricultura intensiva, de la agroexportación de agroindustrias junto al decrecimiento de los productos de consumo interno, que tradicionalmente están en manos de los pequeños productores, todo lo cual se encuentra en oposición a la soberanía alimentaria que manda nuestra Constitución (Carrión y Herrera, 2012). El propio presidente Correa manifestaba públicamente el 11 de octubre de 2011, en el enlace ciudadano 240, que: “…la pequeña propiedad rural va en contra de la eficiencia productiva y de la reducción de la pobreza […] repartir una propiedad grande en muchas pequeñas es repartir pobreza […] incluso más grave que el problema de la falta de acceso a tierra, etcétera, es el problema de la productividad. Tenemos una productividad agrícola demasiado baja […] y parte de esa baja productividad son las pequeñas parcelas de terreno”. Si se encuentra similitud con los famosos artículos en los cuales Alan García identificó a los campesinos peruanos como “El perro del Hortelano”, hay que preguntarse seriamente si solo se trata de una coincidencia. 

En síntesis, poco o nada se ha realizado para lograr el cambio en la matriz económica. El propio Presidente lo reconoció en enero de 2012 al señalar que en su Gobierno “básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación antes que cambiar, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa” (El Telégrafo, 2012). Un año más tarde, el mismo periódico de propiedad estatal reafirmaría una posición ya mantenida con anterioridad, donde se le pregunta: ¿Cuán anticapitalista es el proyecto político de Alianza País y de Rafael Correa? Partes importantes de su respuesta fueron: “Yo detesto esa palabra. Yo creo que ese es uno de los errores de la izquierda tradicional: ser anti todo […] superemos esos conceptos, esos criterios. No somos anticapitalistas, no somos antiyanquis, no somos antiimperialistas, somos pro justicia social, pro dignidad, pro soberanía…” (El Telégrafo, 2013). 

Es extraña una posición prosoberanía que no quiere enfrentar las causas de la dependencia ni al imperialismo, pro justicia social pero que no quiere afectar a los ricos, solo es equiparable con la idea de que alguien puede llamarse de izquierda y no ser anticapitalista. Los resultados han sido una economía que ha favorecido a las élites económicas más que a los sectores populares. A estos se les ha entregado una serie de bonos procedentes precisamente del buen precio que han tenido las materias primas en el mercado internacional, con lo cual se ha aplacado la protesta social y se ha logrado una cierta distribución del ingreso que, al igual que en otros países latinoamericanos de diferente signo político, logra una reducción no sostenible de la pobreza. Pero, en la línea de no afectar a los ricos, el Gobierno no ha realizado ninguna redistribución de la riqueza que se encuentra en la acumulación de medios de producción en pocas manos, lo que explica hasta hoy ausencias de una ley de tierras que posibilite esa distribución, de una ley de aguas que por mandato constitucional debía estar aprobada en 2009 y una redistribución con equidad de los recursos hídricos que se debió haber realizado hasta 2010, y el débil soporte a las formas de economía popular y solidaria. 

Por el contrario, la concentración de la riqueza en el Ecuador continúa acentuada. Según datos del INEC de 2010, hay 62 grupos económicos que concentran el 41% del PIB; la riqueza no petrolera se queda en manos de importadores, intermediarios financieros y sector comercial; en los hogares se carece de cultura de ahorro y se tiende al consumo externo. Decio Machado (2012) concluyó que “En Ecuador no se ha transformado el sistema de acumulación tradicional, todo lo contrario, este se ha profundizado y su matriz primario exportadora también […] En síntesis, y como conclusión final, Ecuador vive una readecuación de su capitalismo interno (atrasado y ocioso). Los grupos económicos poderosos nunca estuvieron mejor, y en todo caso, los más excluidos del país nunca estuvieron menos peor”. 

 

 

La violencia atada al extractivismo 

 

Cuando se habla de transnacionales extractivistas que tienen una actividad “responsable”, se suele ocultar las denuncias sobre sus responsabilidades en guerras civiles, guerras internacionales, caída de gobiernos o invasiones4. El afán de apropiación conduce a esa violencia de una manera casi natural. Esto porque la acumulación por desposesión implica expropiar a pueblos enteros de sus bienes comunes y patrimonios. Es una violencia ejercida tanto desde las empresas transnacionales como desde el Estado, mientras cualquier expresión de resistencia es atacada, judicializada y reprimida. 

Recurrir a la fuerza es también un reconocimiento del fracaso o, cuando menos, de las debilidades de los mecanismos de cohesión para lograr poner a los pueblos a la cola del poder gubernamental, incluyendo el fracaso del reformismo para resolver los problemas sociales. Esto lo vemos también en la enorme fuerza policial y militar que ha sido utilizada para reprimir la minería informal en Esmeraldas y Zamora, acciones dirigidas a disciplinar a la población y abrir el camino a los proyectos de megaminería. Aquí encontramos una continuidad de las políticas neoliberales, para las cuales la informalidad impide el desarrollo del capitalismo, al mismo tiempo que se pretende convencer que la gran empresa es garantía de protección de la naturaleza y respeto a las poblaciones (Isch, 2011). 

Tal vez actualmente sea visible el proceso de criminalización de la protesta social que encuentra cada vez más evidencias de una justicia atada a los intereses del régimen. Si se revisan los nombres y acusaciones de varios de los criminalizados por “terrorismo y sabotaje”, se observará que la mayo-ría de ellos son quienes han presentado resisten-cia a actividades extractivistas. No es casual, pero: ¿quién realmente provoca terror? ¿No hay pistas que hablen más de un terrorismo de Estado como soporte del extractivismo?

 

 

Salir del extractivismo

 

Como hemos analizado, nada de lo actuado por el Gobierno se relaciona con un proceso de transi-ción a una economía “posextractivista”, que en opi-nión de Arturo Escobar (2012) plantea condiciones contrarias a lo que hoy vemos en el Ecuador:

 

...las exigencias para este proceso son complejas, incluyendo mayor democracia participativa, visiones plurales de la economía, sistemas de valoración múltiples, disminución en el consumo de materia y energía, y estrategias de “desacople” selectivo de la economía mundial. La producción de alimentos […] deberá ser una esfera primordial en esta transición; […] “relocalización” de la producción de alimentos en base a sistemas orgánicos, biodiversos y descentralizados […]. La transición al post extrac-tivismo con estrategias de erradicación de la pobreza, conservación y derechos de la natura-leza, e integración regional autónoma frente a la globalización.

 

Lo que vivimos es un proceso de modernización del capitalismo que recoloca al Ecuador en la condición de proveedor de materias primas para los países industrializados y que permite una cierta recomposición de las clases dominantes. En términos de relaciones internacionales, la fuerte presencia de capitales chinos implica también cambios en las relaciones de dependencia internacional que ubican al Ecuador en el medio de contradicciones de las potencias, como resultado de la multipolaridad en la geopolítica global.

Aquí, una vez más el extractivismo se presen-ta contrario a la Constitución. La combinación de contratos con empresas chinas está ligada a un acelerado crecimiento de la deuda externa con ese país, en condiciones que no se clarifican pero que estarían ubicando condicionalidades de contrata-ción, lo que implica una repetición de los procesos de endeudamiento ilegítimos que fueran denunciados por la auditoría integral del crédito público.

El nuestro es un país que tiene las condiciones para desarrollar su producción de manera multila-teral en camino al posextractivismo, con múltiples alternativas productivas y en beneficio del conjun-to de la población. Sin embargo, esto no será posi-ble con un Gobierno que se autocalifica de progre-sista mientras refuerza sus continuidades con el régimen económico que pretende superar.

Una revolución verdadera, a diferencia de la llamada revolución ciudadana, se caracteriza por rupturas y saltos antes que por continuidades y largos procesos de reformas mediatizadas. Esa re-volución es todavía un reto histórico para los pue-blos y nacionalidades del Ecuador, que indefecti-blemente tendrán que dar respuesta a los grandes conflictos que se plantean en la contradicción en-tre extractivismo y Sumak Kawsay. 

 

 

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Zorrilla, C. et al. (2011, octubre 20) Los perversos versos de la minería. 21 preguntas para entender la minería del Siglo 21. En Ecuador Contaminada. Recuperado de: http://ecuadorcontaminada.blogspot.com.es/2011/10/ losperversos-versos-de-la-mineria-21.html. 

 

Notas 

1 Puede recordarse la similitud de discursos de Alan García contra los indígenas levantados en Bagua y de Rafael Correa contra los indígenas amazónicas en el levantamiento de 2008. En el caso ecuatoriano hay que recordar el texto del Decreto Ejecutivo 1780 de 12 junio 2009, mediante el cual el Presidente entregó a la Iglesia Católica grandes apoyos estatales para que, entre otras cosas, se encargue del “Fortalecimiento de las culturas, evangelización e incorporación a la vida socioeconómica del país de todos los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado [...]” (Registro Oficial, 2009a). Unos meses más tarde se reformó este decreto, con más cuidado en las palabras pero con las mismas intenciones (Registro Oficial, 2009b). 

2 Hay que señalar que desde una postura de izquierda el fortalecimiento estatal no es un objetivo en sí mismo, pues esto significaría olvidar que el Estado es ante todo un organismo que representa a las clases que sostienen el poder. Qué clases controlan el Estado es más importante que su grado de fortaleza. Quienes dicen que un Estado fuerte caracteriza a las izquierdas, olvidan que dictadores como Pinochet también tuvieron estados fuertes para impulsar las reformas neoliberales. Distinto es contar con un Estado fuerte en el cual se expresen los intereses populares y se los priorice. 

3 Según Martha Moncada (2012 junio 30), “De acuerdo a estimaciones, una mina genera 0,9 empleos por hectárea, mientras que una arrocera produce 6 empleos por hectárea”. Ver: Cinco falacias del neoextractivismo, página web del OCMAL. Disponible en: http://www.conflictosmineros.net/contenidos/12-ecuador/10548-cincofalacias-del-neoextractivismo. 

4 Es fácil recordar la guerra por el mineral coltan en el Congo, los señalamientos de participación de las compañías productoras de transgénicos en el golpe de Estado en Paraguay, la injerencia de tropas francesas en Mali, los intereses empresariales en la guerra de Libia, entre los más recientes.